Publicado: 25/06/2014 00:17
La partida viene de atrás y se prevé larga y compleja. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, acaba de lanzar un órdago a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Y lo ha hecho con el sorprendente anuncio de que el club blanco pone a la venta sus derechos televisivos de la temporada 2014/15. Este movimiento inesperado puede entorpecer la puesta en marcha de la esperadísima Ley del Deporte, según fuentes del sector. Sabido es que la directiva del Madrid se opone a dicha normativa porque contempla, entre otras cosas, la venta conjunta y centralizada de los derechos de emisión del fútbol.
"El Real Madrid ha tratado por todos los medios de demostrar a la CNMC que su actuación, en lo que a la explotación de sus derechos audiovisuales se refiere, ha estado guiada por la buena fe y que en ningún caso ha tenido intención de infringir norma alguna", denuncia el club blanco en un comunicado publicado en su página web. "Más bien al contrario -continúa-, todos los contratos firmados por el Real Madrid cumplen escrupulosamente con lo dispuesto en la Ley General de la Comunicación Audiovisual". Y añade, "no obstante, la CNMC ha rechazado los argumentos del Real Madrid, así como de todos los clubes investigados, en su resolución de 28 de noviembre de 2013".
Las multas de la discordia
Ese párrafo se refiere a las multas de 15 millones de euros que la CNMC anunció el pasado diciembre. Los damnificados fueron Mediapro y los clubes de fútbol del Real Madrid, FC Barcelona, Sevilla y Racing de Santander. Y la razón de las multas fue su incumplimiento de la resolución que en 2010 dictó la entonces Comisión Nacional de Competencia (CNC) sobre la adquisición de los derechos audiovisuales sobre competiciones de fútbol. En concreto, el superregulador sanciónó con 6,5 millones de euros a Mediapro, con 3,9 millones de euros al Real Madrid, con 3,6 millones de euros al Barça, con 900.000 euros al Sevilla y con 30.000 euros al Racing.
La CNMC anuló los contratos entre Mediapro y los citados clubes, entre ellos el Real Madrid, para la temporada 2014/15; pero el club blanco no espera a los jueces y pone a la venta los derechos
La CNMC estimó que todos ellos cometieron una "infracción muy grave" al firmar contratos de adquisición de derechos audiovisuales de la Liga y la Copa de El Rey con una duración superior a tres temporadas con posterioridad al 14 de abril de 2010, fecha en la que Competencia dictó una resolución en la que consideraba que este tipo de contratos eran acuerdos de empresa prohibidos legalmente. En román paladino, la CNMC anuló los contratos entre Mediapro y los citados clubes, entre ellos el Real Madrid, para la temporada 2014/15. Teniendo en cuenta que, como asegura el club blanco, el asunto está todavía pendiente de resolución en los tribunales, resulta extraño que haya puesto a la venta los derechos sin esperar a los jueces.
Una extrañeza que responde, según las fuentes consultadas, a la partida soterrada que juegan Pérez y la CNMC a cuenta de este asunto. En todo caso, en esta nebulosa de intereses cruzados en los siempre polémicos derechos del fútbol lo único objetivo es que el Madrid ha dado un plazo de siete días a los operadores interesados en explotar sus derechos audiovisuales, como puede leerse en el documento colgado en su página web. Un documento también calificado ayer de sorprendente en diferentes medios deportivos.
Además, con independencia de lo que ocurra entre el Madrid y la CNMC, la otra derivada de este asunto guarda relación, como se ha dicho, con la Ley del Deporte en ciernes. El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha incluido en la nueva normativa la venta unificada de los derechos televisivos de Liga y Copa, algo con lo que no está de acuerdo la directiva del Madrid. El presidente del CSD, Miguel Cardenal, sigue a la espera de que la nueva ley entre en vigor. Las estimaciones de los diarios deportivos apuntan a que esta ley empezará a funcionar en la temporada 2016/17. Aunque el calendario no está nada claro. Si dicha ley se aplicase de forma inmediata, extremo no descartable, y el Real Madrid firma un acuerdo por sus derechos en los próximos días, el problema será una realidad.
Tal y como en su día recogió la prensa, a finales del pasado año la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resolvió finalmente un expediente que se inició en mayo de 2012. En este expediente la CNMC impuso sanciones a Mediapro y a varios clubes de fútbol, entre los que se encontraba el Real Madrid, al entender que la duración prevista en los contratos de cesión de sus derechos audiovisuales iba más allá de lo permitido en sus resoluciones.
En lo que respecta al Real Madrid, la CNMC analizó si el contrato de 30 de noviembre de 2010, por el que el club cedía la temporada 2014/2015 a Mediapro, podía ser visto como un nuevo contrato o como una prórroga del contrato anterior firmado entre las mismas partes.
El Real Madrid ha tratado por todos los medios de demostrar a la CNMC que su actuación en lo que a la explotación de sus derechos audiovisuales se refiere, ha estado guiada por la buena fe, y que en ningún caso ha tenido intención de infringir norma alguna. Más bien al contrario, todos los contratos firmados por el Real Madrid cumplen escrupulosamente con lo dispuesto en la Ley General de la Comunicación Audiovisual. No obstante, la CNMC ha rechazado los argumentos del Real Madrid, así como de todos los clubes investigados, en su resolución de 28 de noviembre de 2013.
El Real Madrid ha recurrido ante los tribunales la citada resolución de la CNMC, y su recurso está todavía pendiente de ser resuelto. No obstante, como ha venido haciendo siempre y de acuerdo con lo previsto en la citada resolución, el Real Madrid escuchará las ofertas de aquellos que pudieran estar interesados en explotar los derechos audiovisuales disponibles, con la única finalidad de maximizar los ingresos provenientes de sus derechos y defender los intereses de nuestro club. Las entidades interesadas deberán remitir las ofertas al club en un plazo máximo de 7 días desde la publicación de este anuncio, debiendo adjuntar una memoria explicativa de la explotación comercial prevista y su oferta económica.
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