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La Generalidad perderá la “carísima” sede de Canal 9 en Alicante si no paga sus deudas de forma inminente

El alquiler del edificio está sujeto a un contrato que se extiende hasta 2035 y que contempla una mensualidad de 23.000 euros. Se firmó en 2002 y sus detalles se ocultaron, al ser etiquetado como "confidencial". Los atrasos en el pago de la Generalidad podrían llevarle a perder un inmueble que costó varios millones de euros, con cargo a las arcas públicas.

Sede de la RTVV en Burjasot
Sede de la RTVV en Burjasot EFE

La Radiotelevisión Valenciana (RTVV) reúne varios ejemplos paradigmáticos de cómo una empresa pública no debe gestionarse. Sus emisiones cesaron el 29 de noviembre de 2013, pero las consecuencias de la mala praxis de sus administradores aún colean y amenazan con enquistarse. Uno de los asuntos que más dolores de cabeza ha causado a sus liquidadores es el contrato de alquiler de su sede en Alicante, con una mensualidad y una duración “desorbitadas”. Este documento, cuyas condiciones se ocultaron a la sociedad bajo el amparo de la confidencialidad, incluye una cláusula por la que los dueños del terreno en el que se ubica pueden reclamar su extinción desde el momento en que el arrendatario -la RTVV- adeude seis meses. Pues bien, la Generalidad ya debe cinco y este proceso de desahucio se iniciará de forma inminente si no afronta sus compromisos de pago, cosa que el Gobierno autonómico ni mucho menos ha clarificado. ¿Cuál es el principal problema de esto? Que supondría la pérdida de un edificio que costó varios millones de euros a los valencianos.

Todo lo que rodea a este contrato está envuelto de polémica. Los administradores de la RTVV lo firmaron en 2002 con la empresa Mizquitillas S.L y decidieron que su duración fuera de 33 años, algo que ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza para los liquidadores de la empresa, reconocen fuentes conocedoras del proceso, en declaraciones a Vozpópuli.

El edificio costó varios millones de euros a las arcas públicas

El alquiler del solar vacío se fijó en 18.500 euros y hoy, con los ajustes del IPC, supone un desembolso para las arcas de la Comunidad Valenciana de 23.000 euros mensuales. En este terreno, la RTVV levantó un edificio cuya construcción costó “varios millones de euros” y que se quedará el propietario del terreno si así lo reclama -como es lógico- desde el momento en que la Generalidad no haya afrontado sus compromisos contractuales durante seis meses.

Por algún motivo que desconocemos, y que está envuelto de cierta turbiedad, los administradores de Canal 9 decidieron alquilar un terreno y acometer una obra que costó varios millones de euros, aun siendo conscientes de que todo lo invertido podría pasar a manos del dueño del solar ante cualquier eventualidad. ¿Por qué se optó por esa fórmula y no por otra, como por ejemplo, la compra de un terreno?. Es incomprensible. Jugaron con el dinero de todos los valencianos”, precisan fuentes de la oposición parlamentaria valenciana.

De los últimos seis meses de alquiler, la RTVV sólo ha abonado uno a Mizquitillas S.L., lo que supone que cualquier retraso o impago que se registre desde este momento, y mientras no se salde esta deuda, podría suponer la apertura de un procedimiento de desahucio de los inquilinos, recuerdan estos informantes.

Unos liquidadores desbordados

El contrato de la sede de Alicante de Canal 9 es el principal motivo de preocupación para los liquidadores de esta empresa pública valenciana que, a pesar de llevar cerrada más de dos años, para este 2015 tiene asignado un presupuesto de 90,4 millones de euros que se destinarán, entre otras partidas, a saldar deudas pendientes, pagar los costes fijos de sus activos inmobiliarios o costear series que nunca se han emitido y actores de doblaje de contenidos que nunca vieron la luz.

Tres liquidadores de la RTVV han dimitido ante su incapacidad para completar este proceso

La más que cuestionable gestión que se realizó de la RTVV durante años y el complejo entramado de contratos que crearon sus administradores ha convertido su proceso de cierre en un asunto de máxima dificultad. Es más, desde que se inició la liquidación, tres de sus responsables han presentado su dimisión, incapaces de completar el desmantelamiento de la radio y televisión pública con unas mínimas garantías.

Es más, según ha denunciado el PSOE valenciano recientemente, este procedimiento de liquidación podría ser anulado, puesto que la compañía a la que se asignó su elaboración, Ernest & Young, entregó un inventario de bienes con varios defectos, lo que supondría un incumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital, en opinión de los socialistas.


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