Desafío soberanista

El CAC impide a un consejero anti-independentista reprobar a Mónica Terribas por 'delatar' a la Policía

Mónica Terribas pidió a sus oyentes el pasado 22 de septiembre que revelaran la ubicación de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que formaban parte del dispositivo para frenar el referéndum ilegal del 1-O. El presidente del CAC ha impedido que el consejero Daniel Sirera repruebe a la periodista por “la eventual sospecha de parcialidad, aunque sea por simple apariencia”.  

Mónica Terribas
Mónica Terribas Catalunya Ràdio

El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) ha vuelto a demostrar este miércoles su cercanía con los medios de comunicación que defienden el catecismo soberanista. Su presidente, Roger Loppacher, ha impedido a uno de los consejeros anti-independentistas, Daniel Sirera, pronunciarse sobre la actuación de la periodista de Catalunya Ràdio Mónica Terribas, que el pasado 22 de septiembre pidió colaboración a sus oyentes para localizar a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que trabajaban para impedir la celebración del referéndum ilegal del 1-O.

Loppacher se ha escudado en las acusaciones que la presidenta del Colegio de Periodistas de Cataluña -Neus Bonet- efectuó recientemente contra Sirera, a quien culpó de no ejercer su labor con la neutralidad necesaria. A juicio del presidente del CAC, la exclusión de este consejero del debate y la votación celebrados este miércoles ha estado justificada por la "eventual sospecha de parcialidad, aunque sea por simple apariencia”.

Esta polémica se originó después de que Terribas pidiera a los seguidores de su programa –especialmente a los taxistas y a los transportistas- colaboración para revelar la ubicación de los miembros de la Policía y de la Guardia Civil que participaban en el operativo desplegado el pasado 22 de septiembre para intentar impedir que se realizara la consulta del 1-O.

A la vista de estos hechos, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil denunció a la influyente locutora, lo que llevó a la presidenta del Colegio de Periodistas de esta comunidad autónoma a solidarizarse en Twitter con la locutora de Catalunya Ràdio.

Sirera acusó entonces a Bonet de estar “al servicio del régimen” de la Generalitat, lo que impulsó a la aludida a escribir una carta al CAC en la que expresó sus sospechas sobre la parcialidad del consejero.

Lejos de posicionarse del lado de Sirera, Loppacher inició una investigación sobre estos hechos y este miércoles ha impedido su participación en el debate, según han precisado a este periódico fuentes cercanas a la autoridad audiovisual catalana.

Terribas, sin sanción

El presidente del CAC y los dos consejeros que accedieron a su puesto de la mano de los partidos de Junts pel Sí han aprobado este miércoles una resolución en la que afirman que los datos difundidos por el programa no se refirieron a ninguna actuación policial concreta, por lo que no interfirieron las actuaciones de los cuerpos de seguridad. En el documento, dejan claro que Terribas no incumplió la normativa audiovisual y, por tanto, rechazan sancionarla. Las dos consejeras designadas por Uniò y por el PSC se han inhibido de pronunciarse sobre este asunto. A Sirera no le han permitido votar.

Tal y como ha detallado Vozpópuli en anteriores artículos, Sirera se ha opuesto durante los últimos años a varias de las decisiones tomadas por presidente del CAC, Roger Loppacher, y por los consejeros propuestos para su cargo por el PdeCAT y ERC.

En sus diversos votos particulares, ha denunciado la protección de la que gozan determinados periodistas y colaboradores de TV3 -como Empar Montanerquien quemó un ejemplar de la Constitución en un programa de la televisión pública-, así como determinadas políticas que orden interno, como la que permite que el organismo rompa los contratos que mantiene en el caso de que le remitan sus escritos en español.

El CAC, secuestrado

El frente común que conforman los miembros del CAC alineados con la Generalitat ha impedido que este organismo haya sancionado a los medios de comunicación públicos de esta comunidad autónoma por su defensa de los intereses de la Generalitat dentro del proceso soberanista. Un hecho, por cierto, que se ha agravado desde que el pasado septiembre el Parlament aprobara las leyes de Referéndum y Transitoriedad.

De hecho, fuentes de la oposición a Junts pel Sí han acusado a Loppacher -en declaraciones a este periódico- de hacer la vista gorda ante las "claras infracciones" de la normativa audiovisual que han cometido TV3 y Catalunya Ràdio durante las últimas semanas. Sirva como ejemplo el informativo que emitió el canal infantil de la televisión pública pocas horas después del referéndum, en el que se resaltaba la acción de los 'valientes' catalanes que escondieron las urnas en sus casas para evitar que fueran requisadas, se definía como una hazaña el hecho de que el president engañara a la policía para poder acudir al colegio electoral y se criticaba duramente a “la policía española”, que utilizó “mucha violencia” contra “las personas que intentaban impedir” su entrada en los colegios.

Sobre el Colegio de Periodistas de Cataluña, cabe señalar que ha sido subvencionado en 2017 con 14.420 euros por parte de la Consejería de Presidencia de la Generalitat, según consta en el BOE catalán. Su postura sobre la consulta ilegal del 1-O no fue neutral, puesto que dejó claro “su apoyo a las instituciones propias de Cataluña y su derecho inalienable de autogobierno".


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