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Mas aplaza una sanción a tres radios “enemigas” para asegurar su silencio antes de las elecciones

La Cadena SER, la COPE y Onda Cero esperan una sanción grave del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) por no emitir unas cuñas publicitarias sobre la consulta del 9-N que fueron prohibidas por el Tribunal Constitucional. El expediente está paralizado “por orden expresa de la Generalidad”, que controla este órgano desde el inicio de la legislatura.

El presidente de la Generalidad, Artur Mas
El presidente de la Generalidad, Artur Mas EFE

Artur Mas ha vuelto a utilizar al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) en su propio beneficio. El pasado diciembre, este órgano abrió un expediente a la Cadena SER, la COPE y Onda Cero por no emitir unas cuñas publicitarias sobre la consulta del 9-N que fueron prohibidas por el Tribunal Constitucional pocas horas después de que se las remitiera la Generalidad. Esa decisión les supuso la apertura de un expediente sancionador que contempla multas de carácter grave y que aún no se ha resuelto, dado que el propio Gobierno catalán ha dado orden de pararlo con el objetivo de mantener esta amenaza sobre estas radios hasta después de las elecciones municipales y autonómicas, han explicado a Vozpópuli fuentes cercanas a este órgano.

La independencia del CAC ha sido reiteradamente puesta en entredicho como consecuencia de la semejanza de sus decisiones con los postulados que defiende la Generalidad. La institución que debiera servir para garantizar la pluralidad de los medios de comunicación catalanes es “cautiva de los intereses del Gobierno autonómico” y del partido que lo ostenta, CiU, destacan a este periódico estos informantes.

El presidente del CAC es cercano a David Madí, exmano derecha de Artur Mas

Oficialmente, desde el Consejo afirman que este expediente se encuentra “en tramitación”, pero no ofrecen ninguna información acerca de su fecha de resolución, ni sobre el trabajo que sus miembros han iniciado para dilucidar los hechos. “Entre otras cosas, porque el presidente lo tiene guardado en un cajón hasta nuevo aviso, tal y como le han ordenado desde la Generalidad”, aseveran informantes de toda solvencia, cercanos a este organismo.

La relación de Loppacher con Artur Mas

Cabe recordar que el máximo responsable de este órgano, Roger Loppacher, accedió a su puesto con el apoyo de CiU y el PP; y que se le considera alguien cercano a David Madí, influyente empresario catalán y expolítico de Convergencia Democrática de Cataluña al que se le definió como la mano derecha de Mas durante años.

Loppacher está respaldado en el CAC por otros tres miembros de CiU y ERC, que conforman una mayoría absoluta en los plenos (4 de los 6 miembros) que ha propiciado que, desde el inicio de la legislatura, la inmensa mayoría de sus dictámenes estuvieran en la línea de las tesis independentistas.

El CAC no vio ninguna irregularidad en que dos programas compararan a Albert Rivera con Franco

En este tiempo, esta institución ha condenado contenidos anti-secesionistas emitidos en medios audiovisuales radicados en el exterior de Cataluña, como Telemadrid o 13TV, pero ha hecho la vista gorda ante denuncias que ha recibido por parte de partidos políticos contrarios al independentismo, como en el caso de la que trasladó Ciudadanos, después de que dos programas de Catalunya Radio y RAC1compararan a Albert Rivera con Franco.

Las cuñas de la polémica

El último caso del CAC en el que ha intervenido la Generalidad es el relativo a la propuesta de sanción que se les trasladó en diciembre a Radio España Barcelona SA (SER), Uniprex SAU (Onda Cero) y Editora Catalana de televisión y Radio SAU (COPE) por negarse a emitir las cuñas publicitarias elaboradas por el Ejecutivo autonómico sobre la consulta del pasado 9 de noviembre.

Estos anuncios fueron prohibidos por el Tribunal Constitucional unas horas después de que estas empresas los recibieran, pero eso no fue óbice para que el CAC iniciara un procedimiento sancionador contra ellas pocas semanas después de la consulta. “El Gobierno y los consejeros independentistas quisieron marcar paquete ante estas radios, puesto que no tenía sentido llevarla a cabo después de la prohibición del (Tribunal) Constitucional”, manifiestan las mismas fuentes.

Asimismo, reconocen que la “paralización” del proceso es legal, pero no es ética, ni mucho menos habitual, pues este tipo de expedientes se suelen resolver con una mayor celeridad y, si no es así, “el retraso suele estar justificado” por las pesquisas que se realicen desde el CAC.


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