Materias grises

El peligroso juego de renegociar la deuda

Desde hace unos años un creciente coro de voces desde la izquierda española tiene el renegociar la deuda como una de sus principales demandas de política económica. Esta propuesta, hasta hace unos años casi impensable, ha acabado por abrirse paso hasta el programa/manifiesto electoral de Podemos, y es repetido por algunos columnistas con cierta frecuencia en varios medios.

Las tres ideas principales detrás de esta propuesta son bastante simples: primero, gran parte de la deuda pública acumulada por el estado español es ilegítima, y debe ser renegociada. Segundo, el nivel actual de deuda pública es insostenible, y cuanto antes lo admitamos y dejemos de pagarla, mejor. Tercero, nuestros acreedores estarán dispuestos a renegociar la deuda sin problemas, y esta decisión no acarrearía consecuencias graves para la economía española. Estas tres ideas son profundamente erróneas, y están llevando el debate sobre la situación fiscal del país a lugares un tanto peligrosos.

Hasta el 2007 todo el mundo aplaudía con las orejas la inauguración de cada polideportivo, rotonda o proyecto de energías renovables puntero y único en Europa

Empecemos por la idea más absurda de las tres, el concepto de “deuda ilegítima”. Según esta doctrina, hay deudas que el estado no debería devolver, ya que procede de préstamos concedidos y gestionados de forma irregular, fue concebida para financiar operaciones ilícitas o fue utilizada para pagar los privilegios de la casta. Bajo este punto de vista, todas las decisiones tomadas por los gobernantes elegidos democráticamente en España durante los últimos diez o veinte años deberían ser analizadas una a una para discernir cuales de ellas iban en contra de los intereses de la mayoría, y consecuentemente declarar la deuda generada por ellas como nulas. Dejando de lado el hecho que en España hasta el 2007 todo el mundo aplaudía con las orejas la inauguración de cada polideportivo, rotonda o proyecto de energías renovables puntero y único en Europa y que será difícil decidir en qué momento el pueblo estaba siendo víctima de los engaños de la casta y en qué momentos se alegraba genuinamente sobre un programa de gasto popular, la idea que uno puede separar deudas a su gusto es bastante extraña. 

La realidad es que la inmensa mayoría del gasto público español (y un porcentaje abrumador de la deuda pública) procede de programas extraordinariamente populares: pensiones (131.000 millones al año), sanidad (64.000 millones, incluyendo a las comunidades autónomas), educación (46.000 millones, también con las autonomías), prestaciones de desempleo (25.000 millones). Estas cuatro partidas de gasto equivalen, ellas solitas, a más del 60% del gasto público de todas las administraciones un año determinado. El resto de capítulos (con la excepción del servicio de la deuda, 39.000 millones) son partidas muchísimo menores. Defensa, industria e infraestructuras rondan los 5.000 millones cada una los últimos años; seguridad ciudadana no llega a los 8.000. Por mucho que hablemos de pelotazos, aeropuertos vacíos y elefantes blancos, los servicios del Estado del bienestar es lo que genera el principal desfase en las cuentas públicas, y el origen de la mayor parte de la deuda. Incluso si fuera posible separar gasto legítimo de ilegítimo, la reducción de la deuda por ese método sería algo parecido a un error de redondeo

Si en vez de tener las absurdas tasas de paro que sufrimos nuestra economía anduviera a niveles comparables al resto de la eurozona nuestro gasto público sería un problema menor

Esto no quiere decir, por cierto, que el nivel de gasto público y endeudamiento en España sean insostenibles. Para empezar, los malvados mercados financieros parecen estar convencidos que podemos pagar lo que debemos sin problema; España está emitiendo deuda a 10 años con intereses por debajo de 2% sin demasiada dificultad. Una vez que el Banco Central Europeo (BCE) ha empezado a hacer su trabajo prometiendo que ningún estado miembro va a quedarse sin liquidez, la realidad se ha impuesto. Cualquier economía moderna puede sostener un gasto público del 45% del PIB sin demasiados problemas, y un nivel de deuda alrededor del 100% del PIB, aunque inusual, no tiene por qué ser problemático a medio plazo a poco que haya expectativas de crecimiento aceptables. Si en vez de tener las absurdas tasas de paro que sufrimos nuestra economía anduviera a niveles comparables al resto de la eurozona nuestro gasto público sería un problema menor. Es cierto que los intereses se “comen” un porcentaje considerable del gasto público, pero la capacidad fiscal a medio plazo del país es más que suficiente para salir de la crisis.

La idea más peligrosa sobre una renegociación de deuda, sin embargo, es la idea que no tendría consecuencias para el país. Para empezar, vale la pena recalcar que para los inversores no existe ninguna diferencia entre un impago y una renegociación de la deuda. En ambos casos tenemos un estado soberano que ha pedido un crédito y ha prometido devolverlo en un plazo determinado que decide de forma unilateral cambiar las condiciones del contrato. No importa los nobles que sean nuestros ideales o los palacios versallescos que se hayan construido con ellas, para cualquier inversor ahí fuera España ha dejado de ser de fiar: nadie va a prestar dinero al gobierno a corto plazo.

No hace falta decirlo, pero las consecuencias de un impago de la deuda, o una “renegociación” impuesta sobre nuestros acreedores no se limitarían sólo a los servicios públicos

Esto puede parecer un problema trivial, pero resulta que España ahora mismo no ingresa suficiente dinero como para pagar sus gastos. En el 2015 España las administraciones en España gastarán sobre los 440.000 millones, pero ingresarán unos 380.000. Incluso si dejáramos de pagar los 39.000 millones de intereses, los gobiernos tendrían 21.000 millones en gastos que simplemente no podrían afrontar. Podéis echar un vistazo a los presupuestos, y decirme lo fácil que sería recortar en un año sin tocar ni un duro de gasto social. Y eso sin ni siquiera entrar en las comunidades autónomas, que es donde está sanidad y educación.

No hace falta decirlo, pero las consecuencias de un impago de la deuda, o una “renegociación” impuesta sobre nuestros acreedores no se limitarían sólo a los servicios públicos. Un recorte del gasto de esa magnitud seguramente colocaría a la economía de nuevo en recesión, reduciendo los ingresos. El estado, al no poder endeudarse (ni tener un banco central que le apoye), debería responder a esta caída de ingresos con más recortes, empeorando aún más el problema.

Por añadido, gran parte de la deuda pública española está en manos de bancos nacionales, que verían como una parte substancial de sus activos seguros dejan de serlo. Dado que el BCE seguramente no daría liquidez a unas entidades torpedeadas por su propio gobierno, el impago se llevaría por delante una parte considerable del sistema financiero, que el estado no podría rescatar (otra vez) al no poder endeudarse. A la caída del gasto público podríamos acabar añadiendo la pérdida de depósitos de millones de ahorradores que descubren con horror que su banco es ahora insolvente y nadie va a rescatarlo (una nacionalización no cura la insolvencia). Incluso si por un milagro esta decisión no conllevara una salida forzosa del euro vía la implosión de todo nuestro sistema bancario, la recesión resultante haría que echáramos de menos los buenos viejos tiempos allá por el 2009-2010, cuando sólo teníamos un 25% de paro.

Resumiendo: renegociar la deuda ilegítima no sólo es casi imposible dado que la inmensa mayoría del gasto público es en cosas bien populares, sino que además hacerlo podría meter a España en una recesión aún peor de la que ya estamos. Un impago de la deuda tiene sentido en países donde esta es completamente insostenible (algo que no sucede en España) y que tienen moneda propia, dando al gobierno cierta capacidad de maniobra. España no cumple con lo primero y no tiene lo segundo, convirtiendo cualquier renegociación en un riesgo atroz. 


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