Destinos

El chiringuito de los chiringuitos

La costa del Mediterráneo español es el derredor natural más destruido del planeta. El porcentaje de ese litoral que ha perdido su parecido con las condiciones de partida supera el 50% de media. Una veintena de municipios han urbanizado la totalidad de su línea costera. Entendiendo, es más, como tal los primeros 500 metros tierra adentro. Hay, por supuesto, distintas categorías. Así, a la cabeza figura Málaga con un deterioro de hasta 67%, Alicante alcanza el 59%, Barcelona el 58% y Valencia supera el 47%.

Conviene recordar que con el mar a la vista vive nada menos que el 44% de los españoles, a quienes que se suman más del 90% de los visitantes veraniegos. Demasiado sin duda se vuelca hacia las orillas para lo que supone en realidad el 0,55% del espacio emergido del país.

De acuerdo con los rigurosos estudios llevados a cabo con el hoy magnífico y fiable método de comparar fotografías aéreas de distintos momentos, sabemos que la capacidad de carga sobre el frágil e imprescindible borde marino ha sido superada. Por si todo eso fuera poco, la nueva Ley de Costas ha consagrado una más de las formas de impunidad frente a los delitos. Bien sabido queda que vía indulto se escapan unos pocos, pero ahora los muy numerosos delincuentes ambientales van a gozar de un imponente respiro gracias a esta ley. Algunos, creo que acertadamente, la han calificado como una amnistía general a la mayor acumulación de infracciones que se hayan registrado nunca en el campo del urbanismo de por sí un infractor nato.

Por supuesto que el de los chiringuitos resulta un tema menor si lo comparamos con las decenas -acaso cientos- de miles de edificios que no deberían erguirse donde ahora lo hacen. Pero es el colofón de uno de los desastres más graves de nuestro entorno. Es la última gota de un vaso que hace ya tiempo, más que desbordado, ha sido roto.

Ahora se trata de consentir también todos esos establecimientos playeros incrementen su número, el espacio ocupado hasta el doble y la posibilidad de que incluso en las más naturales playas se instalen otros, que en este último caso han de ser desmontables. Se escamotea que buena parte de todos los anteriores y de los que vendrán ya privatizaban ilegalmente uno de los espacios públicos más necesarios. Hay que insistir en que con decisiones como la nueva ley de costas se desvalija una propiedad común de todos los habitantes del país. Sin olvidar, claro, que ya no solo provocan un desastre ambiental sino también social y en no poca medida económico como ha demostrado el mercado de la vivienda español.


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