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Qué reforma laboral es la que hace falta ahora

La ausencia de acuerdo entre la patronal y las centrales sindicales para abordar la reforma del mercado de trabajo hace recaer sobre el gobierno la responsabilidad de acometer la modernización de las instituciones laborales españolas. Este es un elemento clave del que depende en gran medida la credibilidad del gabinete presidido por Mariano Rajoy dentro y fuera de España. En las actuales circunstancias, la reforma no puede convertirse en una expresión de la filosofía salomónica; es decir en un intento contentar a todas las partes, de equilibrar las distintas posiciones en juego, situándose en un idílico y utópico término medio entre los planteamientos de la CEOE y los de los sindicatos. No hay margen para las componendas y el ejecutivo del Partido Popular tiene la mayoría y la legitimidad para acometer un cambio profundo en el marco laboral. Por añadidura, eso es imprescindible para conseguir su principal objetivo programático: La creación de puestos de trabajo.

La obsesión sindical en mantener a toda costa un sistema que ha arrojado a más de cinco millones de españoles al paro sólo es explicable por un prejuicio ideológico jurásico o  de propio interés. Si se considera una conquista social irrenunciable un entorno institucional que condena a millones de ciudadanos al paro, esto es un sarcasmo. Otra cosa muy diferente es que permita a las centrales mantener un control y una posición de poder sobre la estructura y la configuración del empleo, que de otro modo no tendrían como lo demuestra su paupérrima afiliación. En el mejor de los casos, los sindicatos defienden los intereses de los ocupados; en el peor, los suyos propios, los de una burocracia alimentada por el dinero de los contribuyentes.   

De entrada, el punto central de cualquier reforma laboral exitosa exige tener en cuenta dos factores esenciales: primero, las instituciones del mercado de trabajo incluidos el despido, la negociación colectiva, las cotizaciones a la seguridad social y el sistema de protección al desempleo tienen efectos complementarios sobre el desempleo; segundo, las políticas orientadas a crear un mercado de trabajo eficiente son también complementarias. En consecuencia, las medidas parciales no sirven para reducir de manera significativa la descomunal tasa de paro registrada por la economía nacional. España tiene un marco laboral propio de una economía cerrada y heredero de un esquema corporativista incompatible con el funcionamiento de una economía de mercado.

Las instituciones que determinan la existencia de un alto y persistente nivel de paro en España son de sobra conocidas. El modelo de protección al desempleo desincentiva la búsqueda de trabajo. Las elevadas cuotas empresariales a la Seguridad Social debilitan la demanda de mano de obra, especialmente la de menor cualificación. La regulación del despido aísla a los trabajadores fijos de la presión de la oferta y de la demanda impidiendo el ajuste de los salarios y de las condiciones laborales a la evolución de la economía y de las empresas. El sistema de negociación colectiva impide a los salarios reflejar las diferencias de productividad y estimula la sustitución de trabajo por capital. La indiciación de las remuneraciones de los trabajadores al IPC es sencillamente una aberración en una unión monetaria.

En este contexto, las actuaciones parciales para dotar de mayor flexibilidad al mercado laboral producen resultados perversos. Un sencillo ejemplo ilustra esta afirmación. Con un despido caro para los trabajadores indefinidos-fijos, sus incentivos para moderar sus exigencias salariales en la fase baja del ciclo son inexistentes en tanto existan personas acogidas a modalidades de contratación con un coste de salida menor. Por ello, el ajuste se produce mediante la pérdida de empleo de ese colectivo. Esta es la causa esencial de la dualidad existente en el mercado laboral español, de la “precariedad” denunciada por los sindicatos y de porqué el mercado laboral se ajusta a través de cantidades, destrucción de puestos de trabajo, en lugar de vía precios, caídas salariales. Los casos de complementariedad negativa podrían multiplicarse.

Desde la izquierda y desde los sectores de la derecha socialcristiana, un planteamiento de estas características se caricaturiza con la siguiente afirmación: Deja desprotegidos a los trabajadores frente a la voracidad empresarial. Esta tesis olvida dos hechos fundamentales: Primero, los modelos laborales que más se acercan al planteado en estas líneas son aquellos con menores niveles de paro y con mayor PIB per cápita; segundo, es por definición injusto y antisocial un sistema que condena a millones de individuos al desempleo. En consecuencia, la causa para una reforma fundamental del mercado laboral tiene una sólida base ética y de eficiencia.

El gabinete Rajoy se la juega con la reforma laboral. Si esta no es contundente y, digámoslo claro, radical no sólo no existe esperanza de reducir el paro, sino se producirá una reacción negativa de los mercados y un deterioro de la credibilidad gubernamental.  


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