Liberalia

La reestructuración de la banca europea

Hace unos meses, la Directora Gerente del FMI, Sra. Largarde afirmaba que el problema real de la Eurozona no era la crisis de deuda soberana, sino la situación de la banca. En este contexto era necesario realizar una masiva inyección de recursos en las entidades de crédito europeas para evitar el colapso del sistema de medios de pago y la entrada de la UE en larga y profunda fase recesiva. Este planteamiento implica asumir que los bancos continentales no tienen el capital suficiente para encarar la tormenta y, por tanto, es imprescindible aumentarle. Esta tesis, correcta en apariencia, olvida un hecho esencial: Las dudas sobre la solvencia de las instituciones financieras del Viejo Continente radica en la incertidumbre sobre el valor real de sus activos. Así pues, cuánto mayor sea esa incertidumbre, mayores serán las exigencias de capital requeridas. Esto significa que la demanda de niveles de capitalización más altos para la banca no es una panacea per se. Para entender la compleja tesitura del sistema bancario europeo es útil hacer algo de historia.

En los cinco mayores Estados de la UE y en los tres menores de su periferia, los préstamos y los activos de la banca crecieron entre 1997 y 2009 a tasas muy superiores a las registradas por el PIB nominal. Los créditos también aumentaron en proporciones mucho mayores que los depósitos. Esta frágil posición fue el canal a través del cual se extendió a Europa la crisis financiera norteamericana iniciada en el verano de 2007 y está en la base de la elevación de la prima de riesgo asignada por los mercados a los bancos del viejo continente y de sus dos efectos colaterales: El aumento de los costes de financiación de la banca europea y sus crecientes dificultades para obtener financiación en los mercados de capitales. Es cierto que el suministro de liquidez realizado por el BCE a las entidades crediticias da un respiro, pero esta acción es extraordinaria y temporal. No puede perpetuarse en el tiempo.

Desde esta perspectiva es imprescindible proceder a una significativa reestructuración de los sistemas bancarios continentales. La cuestión es cómo se acomete esa tarea. Sin duda, los niveles de deuda pública y privada han de caer para eliminar las dudas sobre la solvencia de la banca. Ahora bien, la sostenibilidad del endeudamiento privado varía de país a país y dentro de los propios sistemas financieros de cada Estado dentro de la UE. Esto significa que sería un error establecer una política de café para todos que no discrimine, por ejemplo, entre entidades solventes e insolventes. Este ha sido uno de los errores básicos del Banco de España en su fallida estrategia de saneamiento y reestructuración del mecanismo español de medios de pago. Por otra parte, una estrategia forzada de rápido desapalancamiento produciría efectos contrarios a los esperados. Si todas las entidades crediticias deciden sacar a la venta el mismo tipo de activos para saldar sus obligaciones, el precio de estos caerá en picado y los recursos obtenidos de su enajenación serán tan bajos que no sólo no reducirán la deuda del vendedor, sino que la aumentarán.

El otro camino para desendeudarse es gastar menos de lo que se ingresa. Para los bancos y cajas, esto se traduce en recortar sus costes operativos, en no refinanciar los préstamos a terceros, en no suministrar crédito nuevo y en aplicar ese “excedente” a fortalecer sus ratios de capital. Cuando esto sucede, se produce así una contracción crediticia que agudiza la pendiente bajista de la economía, deteriora la posición financiera de los hogares y de las compañías y, con ella, debilita de manera adicional los balances de los bancos y de las cajas. Ante este panorama, los agentes privados destinan una mayor parte de su renta disponible a pagar sus deudas. El consumo, la inversión y el crecimiento del empleo se contraen, lo que reduce su capacidad de pago. Para restaurarla, reducen de nuevo su gasto y venden activos, lo que presiona a la baja sobre el nivel general de precios. En el peor de los casos, esto conduce a una espiral deuda-deflación; es decir, a un proceso en el que los intentos de disminuir los ratios de deuda llevan a una caída de la actividad y de los precios que incrementa el valor real de la deuda.

Por último, las regulaciones bancarias de los últimos treinta años se han basado en la asunción de que los bonos emitidos por los Estados desarrollados eran activos libres de riesgo. Por ello, las entidades financieras no tenían obligación alguna de generar provisiones para cubrir su potencial impago. En este marco, la transformación de la deuda pública en un activo de riesgo para países como España o Italia no sólo no ayuda a fortalecer sus sistemas financieros, sino que los deteriora de manera adicional al poner en cuestión la solvencia, la capacidad de hacer frente a sus obligaciones de las economías italiana y española en su conjunto. Esto constituye no un freno, sino un incentivo al contagio de la crisis de deuda soberana que se ha cobrado ya tres víctimas Grecia, Irlanda y Portugal. ¿Cómo abordará el G20 esta diabólica cuestión? El domingo lo sabremos....


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