Liberalia

Que nadie se ponga nervioso

Desde numerosos sectores de la opinión pública nacional e internacional se ha demandado al líder del Partido Popular, Sr. Rajoy, que haga explícito quien será la cabeza de su equipo económico y cuáles serán las medidas que adoptará el nuevo gobierno para afrontar la dramática situación de la economía española. Este enfoque se ha visto “fortalecido” por la ausencia de una reacción positiva de los mercados al triunfo del centro-derecha en las elecciones del 20-N y al mantenimiento de la tendencia alcista de la prima de riesgo de la deuda. En un marco nacional y europeo de extrema gravedad, la impaciencia de los inversores es comprensible pero también lo es la posición del futuro presidente del gobierno, cuya racionalidad y sentido común, términos no siempre sinónimos, es poco discutible.

Era irreal esperar una caída del diferencial del bono español frente al alemán y una reacción entusiasta de las bolsas ante el triunfo de los populares. Los mercados ya habían descontado la victoria y ello se reflejaba con meridiana claridad en la diferente trayectoria de la prima de riesgo española y la de la italiana. Sin expectativas de cambio, el tipo de interés cargado a los bonos nacionales hubiese sido idéntico al soportado por los italianos como consecuencia del hundimiento de la credibilidad del ejecutivo transalpino liderado por Berlusconi. Al mismo tiempo, el acelerado deterioro del panorama económico-financiero del Viejo Continente ha europeizado el riesgo; es decir, el factor dominante no es sólo la horrible posición de la periferia, sino la amenaza de una ruptura del euro. Esta es una variable esencial para comprender en dónde estamos.

Dicho esto, la capacidad de influir en las expectativas de los inversores producida por un anuncio de cuál será el programa del gabinete del PP y quien lo llevará a cabo tendría serias posibilidades de provocar efectos distintos a los esperados. De entrada, la democracia es también un sistema de reglas. Sin duda, el gobierno podría y debería haber acortado los plazos para dar entrada al nuevo gobierno pero no lo hizo y ahora resulta imposible hacerlo. Desde esta óptica, la legitimidad recibida en las urnas por el PP necesita ajustarse a los procedimientos formales y legales vigentes. Sería muy fácil acusar al centro-derecha de forzar una vulneración del marco normativo y constitucional para llegar antes al poder. Este no es el mejor inicio para un gabinete que deberá hacer frente a una España en estado de emergencia.

Además, la imposibilidad de convertir de inmediato las declaraciones programáticas en actos de gobierno las convierte en un juego muy peligroso. Imagínese que el PP anuncia una reforma del mercado de trabajo contraria a la opinión y a los intereses de los sindicatos y éstos deciden convocar una huelga general antes de la formación del gabinete y sin que el partido ganador de los comicios tenga posibilidad de transformar su iniciativa en ley antes de un mes. Una conflictividad social desatada en medio de un vacío legal de poder y en un entorno como el actual tendría consecuencias demoledoras sobre la capacidad operativa del gobierno Rajoy y, desde luego, no transmitiría confianza a los mercados. Esta hipótesis no es un ejercicio de política-ficción a la vista de las declaraciones realizadas estos días por los dirigentes sindicales.

Por otra parte, el diseño de una estrategia presupuestaria rigurosa y coherente es imposible sin un conocimiento real del estado de las cuentas públicas. Para empezar, el gabinete Zapatero sigue anclado en una previsión de déficit para 2011 inalcanzable, el 6 por 100 del PIB. Al mismo tiempo, la experiencia enseña que la información suministrada por los socialistas sobre el estado de las finanzas públicas no siempre es veraz. Así sucedió en 1996 cuando los populares se encontraron con un “agujero” ocultado por el gabinete González y así ha acaecido en numerosos ayuntamiento y autonomías. En este contexto, la cuantificación de la dimensión del ajuste fiscal que necesita la economía española sería un ejercicio de irresponsabilidad y deterioraría la credibilidad del ejecutivo presidido por Mariano Rajoy por una sencilla razón: Se haría desde unos supuestos falsos.

Por último, dada la presente coyuntura europea, un mes es el infinito y, en ese espacio temporal, todo es posible. ¿Qué sucedería si Rajoy dice quién será su Ministro de Economía y cuáles serán sus medidas y, por ejemplo, España es intervenida y/o se ve abocada a solicitar ayuda externa aunque ello no implique una intervención en el sentido clásico? ¿Cómo se interpretaría y se utilizaría un hecho de esa naturaleza en clave interna? No hace falta tener una inteligencia proteica para saber quién responsabilizaría al Partido Popular, que no gobierna, de la quiebra de la confianza de los mercados, de Europa y del “mundo mundial” en España. De este modo, Rajoy accedería a la Moncloa desde una posición de extraordinaria debilidad.

La gravedad de la situación exige hacer las cosas bien y las precipitaciones son siempre un mal consejero. El proyecto reformista del PP ha recibido un amplio respaldo popular pero corresponde a un gobierno legalmente constituido y con todos los resortes del poder en su mano para ejecutarlo.  


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