Liberalia

Tarea inexcusable: hay que adelgazar el Estado

La primera entrega del plan de ajuste presupuestario planteado por el gabinete del PP ha producido una mezcla de irritación y decepción en amplios sectores del centro-derecha español. Sin duda la herencia del gobierno socialista con un déficit público del 8 por 100 del PIB, dos puntos superior al previsto, constituye un escenario dramático para un país en las circunstancias España y de Europa y forzado a situar ese desequilibrio en el 4,4 por 100 del PIB a finales de 2012. Esto supone aplicar un recorte y/o aumento de los ingresos de 36.000 millones de euros en números redondos. Por otra parte, esa ampliación del déficit estaba descontada por el equipo económico del nuevo gobierno, lo que le debería aconsejado mayor prudencia cuando el Presidente Rajoy anunció en su investidura que el ajuste no se iba a realizar mediante subidas de impuestos.

Los irritados-decepcionados afirman que, si el PP en la oposición se hubiese enfrentado a este programa de consolidación fiscal, le habría descalificado con dos argumentos: Primero, no acomete recortes en las partidas estructurales del gasto; segundo, introduce una subida de impuestos lesiva para el crecimiento. En consecuencia, el ajuste puede ser autodestructivo, esto es, no servir para recortar el déficit público. Los socialdemócratas, con un cierto cinismo no exento de ironía, celebran que finalmente la derecha aplique las recetas impositivas de los Sres. Rodríguez Zapatero y Pérez Rubalcaba con un alza de la fiscalidad para todos pero en especial para las rentas más altas y para las ganancias del capital. Si esto era imprescindible para cuadrar las cuentas del sector público, eso ya lo decían los socialistas...

De momento, imagino que será en espera de las elecciones andaluzas, el recurso a la subida de los impuestos para rebajar el déficit se debe a un hecho tan repetido por todos los políticos como de imposible cumplimiento: El no tocar los llamados gastos sociales. Este designio es utópico cuando esos programas absorben más de la mitad del gasto total y cuando la demografía tiende a incrementarlos de cara al futuro. Esto además es un imperativo moral cuando, de acuerdo con los datos de Eurostat, España tiene junto a Italia el Estado del Bienestar más ineficiente de la UE.

Si antes de recibir transferencias social el porcentaje de hogares españoles con riesgo de caer en la pobreza es del 22 por 100, después de recibirlas sólo cae hasta el 19. Hay que reformar el gasto social y concentrarle en los menos favorecidos y no en segmentos de la población que podrían adquirir en el mercado todas, muchas o bastantes de las prestaciones suministradas hoy por el Estado.

En economía, como en casi todo, las opciones son discutibles y no es posible prever sus efectos con certeza. Ahora bien, la literatura y la experiencia sirven para algo y, en este sentido, no parece muy acertado intentar recortar el déficit público en medio de una recesión con un alza de los impuestos directos. Al mismo tiempo, los incrementos de la fiscalidad son un medio menos eficiente para recortar el endeudamiento del sector público que la disminución de los gastos y, tema importante para cualquier gobierno, el coste político de esa decisión es inferior al de incrementar la carga fiscal de los hogares y de las empresas. Aquí sigue vigente un tópico sin soporte empírico alguno en virtud del cual los recortes del gasto se traducen en un castigo electoral para quien los emprende. Eso no tiene base práctica alguna. Si la tuviese y si no se puede cambiar el statu quo, lo que no es verdad, da igual quien gobierne...

El interrogante que plantea la primera entrega del plan de consolidación fiscal elaborado por el gobierno no es sólo su efectividad ni su coherencia ideológica, sino como se estructurarán y en que proporciones los 20.000 millones de euros adicionales largos que es necesario recortar u obtener para alcanzar un déficit del 4,4 por 100 en 2012. ¿Se subirán otros impuestos directos? ¿Se elevarán los indirectos? Por el bien del país y del propio gobierno esperemos que hayan descontado e incorporado todos los efectos negativos sobre la actividad económica derivada de las alzas impositivas en una recesión para que se logren obtener los ingresos previstos por ejecutivo liderado por el Sr. Rajoy. Si es así, su lógica de razonamiento ha cambiado de manera drástica al pasar de la oposición al gobierno.

El equipo económico del PP sabe perfectamente lo que este modesto analista ha contado en estas líneas. Quizá desde fuera del poder se infravaloran las restricciones a las que se enfrenta la ejecución de la política económica, pero sí cabe exigir al gobierno y a sus miembros que en coherencia con lo que saben, piensan, han escrito y han dicho procedan a un adelgazamiento del sector público y no a su engordamiento a través de subidas impositivas. Al Leviatán hay que ponerle a dieta, no alimentarle más.


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