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Negocios de familia

Desde el punto de vista del análisis económico, la justificación de la monarquía radica en que suministra dos bienes públicos por encima de la coyuntura política concreta: La representación del Estado y su estabilidad, Además realiza esas dos funciones en condiciones competitivas, esto es, a un coste similar o menor al de sus potenciales alternativas, léase, la república. En las monarquías parlamentarias, el despliegue de esas tareas no reposa en la potestas, en la concesión de un poder material y concreto al Rey, sino en la auctoritas, fuerza moral cuya raíz está en la encarnación por la Corona de una serie de virtudes, públicas y privadas, reconocidas como tales por la ciudadanía. Esta es en definitiva la fuente última de legitimidad de la institución monárquica en el mundo contemporáneo.

Esa disquisición principista es fundamental para entender el “caso Undangarín” cuyo estallido y desarrollo afectan sin duda alguna a la Corona por cuatro razones fundamentales: Primera, porque su protagonista está casado con una Infanta de España, una parte de cuyos ingresos procede o ha procedido de los contribuyentes; segunda, porque ostenta un título concedido por S.M. el Rey aunque sea como consorte; tercera, porque la hija del Rey figura como socio o patrono en alguna de las fundaciones y sociedades de la trama y, lo más importante, porque desempeña papeles oficiales en su carácter de miembro de la Real Casa. En este contexto, guste o no, su actuación tiene implicaciones directas sobre la Institución y ha de ser analizada y evaluada en ese contexto. El yerno del Rey no es un personaje privado sospechoso de haber cometido un delito sino una persona que, según parece, ha utilizado su vinculación con la Institución para lucrarse de una forma ilegal y, a la vista de los datos disponibles, obscena.

Ahora bien, las hipotéticas hazañas del Duque de Palma son el resultado de un inadecuado diseño institucional y también del afianzamiento en la Casa Real de una especie de sentimiento de impunidad. O bien los hijos del monarca y sus consortes, excepción hecha del heredero de la Corona, no reciben dinero alguno del Estado y no realizan ninguna función representativa en cuyo caso podrían desarrollar la profesión que deseasen, o bien sus ingresos provienen de los Presupuestos y ejecutan tareas de representación en nombre de la Real Casa por lo que les debería estar vedado el ejercicio de una actividad privada. El modelo vigente en España se presta a todo tipo de confusiones y es el peor de los posibles porque mezcla lo público y lo privado en un coctel explosivo que, como enseña una dilatada evidencia empírica, tiene serias posibilidades de generar corrupción. Pero ahí no acaba la historia...

Como los recursos presupuestarios no constituyen la única fuente de ingresos de los miembros de la real familia, salvo de los Príncipes de Asturias, la necesidad o el deseo de buscar empleo a los consortes que no lo tienen o, no, del nivel considerado “adecuado” para el esposo de una Infanta de España conduce a situaciones ridículas en unas ocasiones y escandalosas en otras, como colocar en consejos de administración de bancos o de empresas a personas sin cualificación profesional alguna por el único motivo de ser yernos del Rey. Cuando esto sucede, esté justificado o no, existe la lógica presunción de que esos “favores” se realizan a cambio de algo. Sea cierto o no, esto resulta perjudicial para la imagen de la Corona. Sin duda, ese tipo de favoritismo no se limita a los familiares del Monarca; por ejemplo, muchos políticos hacen lo mismo con sus deudos. Ahora bien, el carácter simbólico de la Corona plantea unos niveles de exigencia y ejemplaridad superiores a los exigibles a otras personas o instituciones.

Por otra parte, el estatus y las rentas de monopolio obtenidas en “su mercado” por los miembros de la familia real y derivadas del principio hereditario o del matrimonio, no de un proceso abierto a la competencia, les priva de legitimidad para competir en el sector privado. Es un claro ejemplo de abuso de posición dominante. Del mismo modo que el acceso al mercado de familiares del Monarca y la capacidad de explotar los privilegios de esa situación tiene barreras de entrada infranqueables para el individuo común, también parece razonable impedir a quienes se benefician de ellas utilizarlas para conseguir ventajas en el mercado. Si, por añadidura, quienes “abusan” son los advenedizos, entiéndase este término sin connotaciones despectiva, la indignación de la sociedad adquiere dimensiones colosales ante fenómenos como el “caso Undangarín”.

En las democracias occidentales, la tradicional magia y misterio que adornaba a las monarquías ha desaparecido. Esto ha sido consecuencia de la evolución de los tiempos pero también del propio comportamiento de sus titulares. Al empeñarse en ser como los demás cuando les interesa, ya no pueden ser distintos cuando lo desean. En consecuencia, la conducta de los miembros de las familias reales ha dejado de ser un tabú y se la juzga conforme a los criterios propios de la moral convencional. La doble moral mandeviliana según la cual los vicios privados son o pueden ser virtudes públicas ya no es una coartada tolerable para justificar los comportamientos inadecuados de los miembros de la institución monárquica. Por desgracia, este hecho no parece haber sido asumido todavía por algunas casas reales en Europa y ahí surgen los problemas...

Desde el comienzo de la Transición y, sobre todo, desde el 23-F, la monarquía ha sido aceptada en España por criterios de utilidad, porque sus beneficios han sido superiores a sus costes. Sólo eso ha asegurado su mantenimiento, por mucho que esto irrite a los monárquicos. Si se tiene en cuenta esta realidad, los sucesores de D. Juan Carlos han de labrarse su propio futuro y el de la institución. Ello implica depurar con rapidez y determinación cualquier conducta que contamine el prestigio de la Corona cuya supervivencia está sometida de facto a un plebiscito cotidiano.


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