Liberalia

Disciplinar a las autonomías

El gobierno popular ha anunciado que no permitirá la quiebra de ninguna comunidad autónoma. Este criterio es la consecuencia inevitable de una situación en la que buena parte de las autonomías están de facto en una situación de bancarrota en tanto son incapaces de obtener los recursos necesarios para hacer frente a su endeudamiento. En este escenario, el gabinete presidido por Mariano Rajoy funciona como “prestamista de última instancia” porque la suspensión de pagos de una autonomía se convertiría en un riesgo para el conjunto del sistema, lo que haría muy difícil evitar su contagio. Ahora bien, ese criterio ha de verse acompañado por un plan draconiano de saneamiento de las finanzas públicas autonómicas cuyo marco normativo ha de asentarse en el desarrollo de la enmienda constitucional aprobada el pasado verano.

Se ha llegado a una posición insostenible. La estructura de gastos y de deuda de buena parte de las autonomías es insostenible y ha desencadenado un proceso irreversible de insolvencia. Este no es un problema coyuntural, sino estructural, derivado de una pésima configuración del sistema de financiación autonómica. Ahora hay que “apechugar”, como diría un castizo, y salvar de la bancarrota a las comunidades. En un contexto como el español y el europeo de estos momentos, dejar caer una sola autonomía tendría consecuencias explosivas. El modelo autonómico, tal como lo conocemos, es inviable. La cuestión es qué hacer...

Si bien el gobierno de la nación no puede introducir la revisión previa de los presupuestos autonómicos, lo que sería inconstitucional, sí tiene potestad para imponerles techos de gasto y de déficit así como severas restricciones a su capacidad de emitir deuda. Al mismo tiempo ha de forzar a que las autonomías incluyan en sus escenarios presupuestarios, la deuda y los déficit de explotación de las casi 2.000 empresas y entes públicos, creados por las comunidades autónomas para sortear su capacidad de endeudarse. En otras palabras, el rescate del Estado, el soporte financiero a las comunidades ha de ir condicionado a la aplicación de planes de ajuste y reformas estructurales que impiden una dinámica déficit-deuda que ha llegado a ser insostenible. Dentro de ese marco de reglas fiscales, los gobiernos autonómicos tienen la libertad para configurar sus políticas de gasto y de ingresos como mejor les parezca.

Potentes incentivos

El problema con las fiscales es cómo se garantiza su cumplimiento y como se establece un marco sancionador creíble para quienes no lo hagan. Aquí se plantea una situación clásica de “riesgo moral”, esto es, si el gobierno no deja quebrar a ninguna autonomía porque eso pondría en peligro la estabilidad del Estado, los incentivos para evitar ese tipo de comportamientos han de ser muy potentes. ¿Qué se hace si una autonomía vulnera la normativa que restringe su endeudamiento y se coloca en una posición de insolvencia? La respuesta a esta pregunta es complicada y, desde luego, la desaparición del horizonte de quiebra no contribuye a fortalecer la responsabilidad financiera. Por eso, en un Estado Federal, como lo es los EE.UU., los estados tienen la posibilidad de quebrar si no cumplen las reglas de estabilidad presupuestaria. La resolución de ese dilema es uno de los principales condicionantes de la efectividad de la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria y eso no resulta fácil.

De todas maneras, el gobierno tiene la posibilidad de que, al menos, durante el tiempo que se tarde en superar la crisis, las comunidades autónomas acepten una terapia que, en ninguna otras circunstancia, admitirían. Aquí no se trata de recrear un neocentralismo cuya época ha pasado y además sería políticamente inviable, sino de recrear los cimientos de un verdadero Estado Federal con competencias claras y delimitadas entre lo que es de la Administración Central y lo qué es de las autonomías, acompañado de una constitución fiscal que asegure la disciplina financiera. Lo importante es establecer el entorno institucional que corrija las deficiencias del actual modelo en el que es posible gastar y endeudarse lo que uno quiera sin tener la obligación de subir los impuestos para financiarlo.

En cualquier caso, el margen para reducir los despilfarros autonómicos es muy amplio. Hay que cerrar las miles de empresas públicas ruinosas que no cumplen ninguna función económica, social y financiera, lo que no tendría otro coste que el de aligerar las arcas autonómicas. Hay que cerrar o privatizar, si es posible, unas televisiones territoriales que no tienen porque existir, salvo para que los políticos lancen sus mensajes, intenten modelar la opinión pública y como un medio de colocar a sus clientelas. Hay que reducir de manera drástica un exceso de empleo público que no obedece a ningún criterio de eficiencia y productividad. Los ejemplos podrían extenderse a casi el infinito.

Por último hay que incorporar un principio de simple sentido común. Del mismo modo que el Estado está obligado a cumplir unas reglas fiscales y financieras impuestas desde Europa, las autonomías han de hacer lo mismo, sobre todo, cuando gestionan casi dos tercios del gasto público total. Esta es la única forma de cumplir los objetivos de recorte del déficit al que nos obligan los compromisos adquiridos con la UE.


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