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Claves sobre el despido y la reforma laboral

La reducción del coste y de las restricciones administrativas al despido constituyen una pieza central de cualquier reforma laboral seria que quiera implantarse en España. Esto contradice la tesis sostenida a izquierda y derecha del espectro político según la cual los mecanismos de salida del mercado laboral no constituyen un factor esencial de una política dirigida a reducir el desempleo y estimular la creación de puestos de trabajo. Hay que modificar la negociación colectiva, simplificar los contratos, recortar las cotizaciones sociales pero también lo es abaratar el despido, al menos, hasta los niveles existentes en los países de nuestro entorno. Este es un aspecto básico a considerar cuando ante la realidad de más de cinco millones de españoles en paro la patronal y los sindicatos se enorgullecen de haber llegado a un acuerdo de mínimos que es algo así como recurrir a las aspirinas para tratar el cáncer.   

En España, el debate sobre el despido está cuajado de hipocresía y de incoherencia. Quienes niegan la correlación “protección al empleo-paro” han recurrido y recurren de manera permanente a mecanismos que intentan corregir los efectos sobre el desempleo derivados de la misma. Esa ha sido la filosofía inspiradora de casi todas las modalidades de contratación temporal que permiten rescindir la relación laboral a un precio inferior al de los contratos fijos e indefinidos vigentes sin necesidad de autorización judicial o administrativa. De hecho existe una conexión directa entre el nivel de temporalidad existente en cualquier economía y la carestía del despido. Los países con niveles más bajos de “protección” a los trabajadores fijos tienen tasas de paro menores y también una “precariedad” más baja. El caso de España es un paradigma de lo contrario. Tiene el mayor volumen de contratos temporales de la OCDE porque tiene los costes del despido más elevados.

El sistema de “protección” al empleo vigente en la vieja Piel de Toro tiene efectos negativos sobre la capacidad de generar puestos de trabajo fijos por una sencilla y elemental razón: Incrementa los costes de las empresas. Estas no han sólo de pagar los salarios y las cotizaciones sociales sino que han de hacer frente a los derivados de la posibilidad de un eventual despido. En este marco legal, la respuesta racional de las compañías consiste reducir la demanda de mano de obra en las fases altas del ciclo y en mantener trabajadores improductivos en las bajas hasta que su situación económico-financiera se vuelve insostenible y se ven forzadas bien a cerrar bien a despedir a cualquier precio. Desde esta perspectiva, la rigidez y carestía de los procedimientos de salida del mercado laboral constituyen un impuesto sobre el empleo y sobre la eficiencia de todo el sistema económico. Esto es de manual. Si el coste de un bien, de un servicio o de un factor de producción aumenta, la cantidad demandada de él disminuye.

Por otra parte, la coexistencia de un mercado de trabajo con contratos fijos e indefinidos con costes altos de despido y de otro con contratos temporales con bajos costes de despido, caso español, produce resultados perversos. Como el riesgo de paro para los primeros es bajo, su capacidad de negociación salarial se fortalece. En consecuencia, los acuerdos sobre los salarios reflejan principalmente sus intereses con un resultado: Una menor flexibilidad laboral. En este contexto, la introducción de figuras contractuales más flexibles cambiar la regulación de las existentes para los trabajadores fijos potencia en lugar de debilitar las rigideces del mercado y genera paro. De nuevo, España es un ejemplo paradigmático. La temporalidad ha sido hasta el momento el mecanismo de ajuste utilizado por las empresas para afrontar la crisis.

La crisis está siendo un laboratorio de las brutales ineficiencias del marco de instituciones laborales español. La destrucción de empleo registrada por la economía española y la experiencia doméstica y comparada muestran la imposibilidad de hacer frente a esa sangría con parches, con retoques cosméticos. España no necesita imaginativas modalidades de contratación que se superpongan a las viejas y consoliden una dualidad del mercado laboral injusta e ineficiente. El despido ha de ser abaratado y flexibilizado tanto para los viejos como para los nuevos contratos. Este es el camino para crear empleo y para reducir de una manera efectiva la “precariedad” que tanto preocupa a los sindicatos pero cuyas políticas y planteamientos convierten en un hecho del que es imposible escapar.

Aunque resulte paradójico, un despido más barato y más flexible es un instrumento esencial para crear empleo en los auges y para reducir su ritmo de caída en las recesiones. El reverencial temor a abordar este asunto obedece a tabúes ajenos a cualquier planteamiento lógico y responde a prejuicios ideológicos producto de la ignorancia o del doctrinarismo. La mejor protección para los trabajadores es tener empleo y no el mantenimiento de un modelo que les condena al paro en los malos tiempos y a la “precariedad” en los de bonanza. 


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