La Tribuna de Robert Manrique

¿Quién tiene la culpa de la excarcelación de “Santi Potros”?

Dicen ciertos representantes del Gobierno que “no entienden” la decisión de la Audiencia Nacional respecto a la excarcelación de ciertos miembros de la banda terrorista ETA, pero nadie les pregunta lo que muchas víctimas, expertas en pedagogía jurídica pensamos: si el asesino Arrospide Sarasola fue detenido en Anglet (Francia) en 1987 ¿por que han tardado 27 años en plantearse si los años de prisión en Francia deben o no computar en España? 

Mientras tanto, “representantes” de víctimas plantean acciones de protesta contra los jueces. Decisión que dudo hayan consultado nunca con sus supuestos representados, entre otras razones porque todas las víctimas causadas por el asesino Arróspide Sarasola con las que he hablado coinciden en señalar que ninguna administración, oficina, asociación o fundación les ha informado sobre lo que podía ocurrir, y menos les han consultado previamente sobre qué probables acciones se deberían tomar al respecto.

Tampoco puedo compartir la extraña reacción de “representantes” de las victimas del terrorismo atacando a los miembros de la clase jurídica y olvidando de manera inconsciente presentar sus ataques contra los hacedores de las leyes

Tampoco puedo compartir la extraña reacción de “representantes” de las victimas del terrorismo atacando a los miembros de la clase jurídica y olvidando de manera inconsciente presentar sus ataques contra los hacedores de las leyes. La inexperiencia les impide saber que todo esto se habría podido evitar si ciertos políticos hubieran escuchado las sugerencias de un grupo de victimas en la década de los años 90. Pero a esos políticos no les importó nuestra experiencia jurídico-social ni el conocimiento adquirido tras años de trabajo y por tanto esa dejadez, esa pasividad, y esa prepotencia fue crucial para llegar al momento en que nos encontramos.

Otro tema muy importante sería lo que ciertas victimas denominamos "pedagogía informativa". Esa pedagogía que iniciamos en 1993, especialmente tras recibir las sentencias de los atentados perpetrados en Hipercor (1987) y Vic (1991). Durante años dedicamos cientos de horas contactando con muchísimas victimas para explicarles individual o conjuntamente que los crímenes cometidos antes de 1995 se juzgaban con el Código Penal franquista aprobado en 1973. Y tampoco recuerdo en 1994 en ninguna mesa a ninguno de los que tanto hablan ahora recogiendo firmas en muchos rincones de España y conseguir la modificación de aquella legislación un año después.

Con todo, los políticos responsables no escucharon nuestras propuestas, entre ellas la de controlar y legislar sobre el cumplimiento de condena realizada fuera de España. Por ello, viendo lo que ahora ha venido, no es de extrañar que existan tantas víctimas cuya queja es “nadie me ha informado ni preguntado nada”. ¿Cómo se les iba a ocurrir enviar una simple carta a las víctimas afectadas si ni siquiera les coinciden las cifras reales de víctimas? ¿Cómo tomarse la molestia de rebuscar en los listados si ni siquiera les interesa contrastar el trabajo y los datos que alguna víctima les hemos conseguido, ofrecido y presentado? 

Y ahora nos contestan que “la culpa de todo es de los jueces”  mientras el Vicesecretario de partido gobernante dice que “nosotros respetamos la acción de la Fiscalia y de los jueces, como no puede ser de otra manera...”. 

Personalmente tengo el consuelo de que, mientras no nos apliquen la probable “ley mordaza”, unas pocas victimas seguiremos informando sobre este y otros temas y me consta que, al contrario de las impresiones siempre personales y no consultadas que repiten algunos ignorantes, muchas victimas hemos asimilado, con dolor y en el transcurso de los años, que se iban a vivir situaciones de salida de prisión de muchos terroristas. Hemos entendido que estamos en un Estado de derecho con derechos y obligaciones y que la legislación que tenemos puede ser imperfecta, pero es la vigente  en este país. Una situación dolorosa a nivel humano, moral y personal y que cierta clase política habría podido evitar si hubiera puesto el mínimo interés imprescindible.

Entiendo que culpar a los jueces no es la solución. Solo espero que algún día, algún juez, explique las presiones que sospecho están recibiendo desde la jerarquía gubernamental. Y que cada cual asuma su parte de responsabilidad por haber llegado hasta este punto.


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