OPINIÓN

La otra reforma constitucional

La reforma constitucional a la que nos encaminamos no debería limitarse a la organización territorial. Si se abre el melón debe ser para actualizarlo todo. Aquí van cinco áreas de reforma y las correspondientes propuestas desde una perspectiva pro-Libertad.

La otra reforma constitucional.
La otra reforma constitucional. EFE

A consecuencia de la crisis catalana, por fin van a abrir el melón de la reforma constitucional los dos partidos turnistas del régimen actual. Ninguno de los dos —ni el PP ni tampoco el proponente, el PSOE— lo hace convencido ni se siente cómodo. Ambos lo hacen a regañadientes, acosados por la evolución de ciertos territorios, por el final ya definitivo del bipartidismo y por la evidencia de que el modelo de 1978 estalla por sus costuras.

La propiedad debe constituir un derecho fundamental e inalienable de la persona. La actual constitución la relega a un lugar secundario y la somete a una interpretable “función social”

Obviamente, la necesidad de reformar la carta magna deriva sobre todo de la obsolescencia del modelo territorial, el fallido café para todos que sólo ha sido achicoria para todos, con unas gotitas de café para solamente dos comunidades con concierto económico. Federalizarnos es urgente e imprescindible, pero no faltan voces que claman por lo contrario, por reinventar en la España plural del XXI la Francia jacobina del XVIII y recentralizarlo absolutamente todo. Si esas voces prosperan se romperá la unidad que tanto les obsesiona, además de fortalecer el estatismo.

Pero una vez que se abre un proceso de reforma, no todo va a ser título octavo, y creo importante poner sobre la mesa cinco grandes cuestiones que también merecen formar parte del debate.

1. Los derechos del individuo. Nuestra constitución desprecia y cosifica al individuo. Se redactó en el momento de máxima influencia de las socialdemocracias nórdicas y centroeuropeas, y sus padres fueron representantes, o del férreo colectivismo franquista o del de la izquierda opositora reincorporada a la vida política. No hubo voces ni siquiera moderadamente liberales. El caso español no fue tan grave como el portugués, donde los claveles alumbraron dos años antes una constitución que décadas más tarde hubo que reformar para quitarle el tufillo socialista, como decía Cavaco Silva. Aún así, se percibe a lo largo de todo el texto una subordinación sangrante del individuo a los supuestos intereses de la comunidad —los cuales, por supuesto, ya decidirán con buen criterio nuestros bondadosos representantes—. Actualizar la constitución a nuestro tiempo implica reconocer que la soberanía pertenece al individuo y no a la nación o a la sociedad; y que el ser humano es el único sujeto de derechos. La carta de derechos incluida en la constitución debe derivar de los tres fundamentales: vida, libertad y propiedad. Los encargados de reformar el texto deberían evitar la introducción de innumerables “derechos positivos” que no son sino obligaciones económicas para los demás. Y, sobre todo, la propiedad debe constituir un derecho fundamental e inalienable de la persona. Actualmente está relegada a un lugar secundario y sometida a una interpretable “función social” que debe desaparecer. De los derechos básicos de libertad y propiedad se sigue la existencia de derechos económicos no expuestos, o no suficientemente afirmados, como los de emprender, comerciar, ahorrar e invertir. Por último, la ley más importante, que es la de las partes (los contratos) debe tener una protección constitucional mayor, estableciendo claras fronteras a la intervención estatal en los acuerdos entre particulares.

2. Los servicios esenciales. Precisamente porque son esenciales, deben ser privados. La nueva constitución debería consagrar el derecho de los individuos a elegir los servicios esenciales y su responsabilidad de costearlos, pasando las administraciones públicas a jugar un papel estrictamente subsidiario, a ejecutar por la vía de la compensación financiera a las personas de renta inferior a equis, por ejemplo mediante sistemas de cheque canjeable. Es decir, la constitución debe abolir la estatización de nuestra sanidad, de nuestras pensiones o de la educación de nuestros hijos. Se puede. Tan importante como esos servicios es la alimentación y no está estatizada. La sociedad civil, a través de organizaciones prestadoras de servicios (ya sean empresas convencionales, cooperativas o entidades sin ánimo de lucro) se basta y se sobra para proveerse a sí misma los principales servicios en un marco de pluralismo y competencia y, en materia educativa, con la diversidad de lenguas y currículos que la sociedad demande.

Urge eliminar la designación política de miembros de los órganos judiciales, independizar el ministerio fiscal y sustituir el Tribunal Constitucional por una sala específica del Supremo

3. La separación de poderes. Causa especial vergüenza la nula separación efectiva de poderes en nuestro país, y en gran medida se debe a que así lo quisieron y lo dispusieron los políticos de la Transición. La reforma constitucional no servirá de nada si no delimita con claridad meridiana las atribuciones de los tres poderes del Estado. En particular, el legislativo debe liberarse de la partitocracia mediante la votación a políticos y no a listas. Pero el principal problema lo tenemos en nuestra pésima administración de justicia, un pozo negro de arbitrariedad y politización. Urge eliminar la designación política de miembros de los órganos judiciales, independizar el ministerio fiscal y abolir esa tercera cámara legislativa que es nuestro antijurídico Tribunal Constitucional, sustituyéndolo por el control de la constitucionalidad en la justicia ordinaria, con casación mediante una sala ad hoc del Supremo.

Debe haber un tope constitucional a la tributación, establecerse los principios de simplicidad y proporcionalidad y abolirse el uso de los impuestos como mecanismo de ingeniería social

4. La fiscalidad. Una nueva constitución hecha para los ciudadanos y no en su contra debe contener claras garantías frente al expolio tributario de las diversas administraciones. Debe haber un tope irreblasable a los tipos impositivos aplicables a los ciudadanos y a sus empresas. Debe establecerse el principio de simplicidad como baluarte frente a la proliferación laberíntica del sistema tributario; y el de proporcionalidad frente a la injusta y antieconómica progresividad. Y debe consagrarse la finalidad estrictamente recaudatoria de los tributos, aboliendo su uso como mecanismo de ingeniería social, cultural o de consumo. Las subvenciones a empresas y particulares deben reducirse a situaciones tasadas y extremadamente excepcionales, y prohibirse en los ámbitos de la cultura (sustituyéndose por un mecenazgo ciudadano muy altamente deducible) y de los medios de comunicación, que deberán ser privados por mandato constitucional.

5. La forma de Estado. Una disposición transitoria deberá establecer un referendo para que sea la sociedad quien escoja la forma monárquica o republicana del Estado, decisión que se le hurtó en 1978. En el caso feliz de que se proclame la república, la constitución debería evitar el presidencialismo excesivo de otras latitudes y adoptar un modelo de presidencia institucional y arbitral similar al de países como Alemania, Italia o Suiza.


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