La tribuna de Juan Pina

Otro ayuntamiento es posible

Se dice con frecuencia que en el ámbito local importa menos la política que la mera gestión. Se argumenta que una conducción honrada y eficiente de los asuntos municipales debe ser equiparable a la correcta dirección de una empresa, y que las visiones políticas o ideológicas sobran en un ámbito de simple prestación de servicios. Pero quienes sostienen esta visión tecnocrática de lo municipal están instalados, precisamente, en la lógica ideológica que todavía predomina en España y en Europa, aunque adolece ya de un fuerte y acelerado desgaste: la metaideología socialdemócrata, transversal a los principales partidos políticos. 

Lautonomía municipal es extremadamente limitada, y se ve afectada además por el control partitocrático sobre la gran mayoría de los alcaldes

Desde esa perspectiva, se acepta ciertos matices programáticos —y sobre todo estéticos— dentro del pensamiento único, pero sólo de comunidad autónoma para arriba. Las ciudades y, sobre todo, los pueblos, son meramente cuestión de “hacer las cosas bien”. Si así fuera, no tendría ningún sentido celebrar elecciones y bastaría nombrar gerentes. La realidad es que la tan cacareada autonomía municipal es extremadamente limitada, y se ve afectada además por el control partitocrático sobre la gran mayoría de los alcaldes y de sus equipos de gobierno. En efecto, no hay mucha diferencia política entre gobiernos locales y todo parece girar en torno a la gestión, pero eso se debe a que tenemos unos ayuntamientos homogeneizados por la apisonadora de las administraciones públicas superiores y por la disciplina de partido.

Al mismo tiempo, la nula corresponsabilidad fiscal de los municipios y su capacidad de gastar y endeudarse sin demasiadas trabas y sin mucha incidencia sobre los tributos locales, ha hecho que durante décadas la administración local fuera un ficticio cuerno de la abundancia. La competencia entre ciudades o pueblos nunca se ha dado en términos de reducción del coste fiscal o de atracción de empresas o de nuevos vecinos, sino de derroche en servicios, mobiliario urbano o festejos. Los ayuntamientos grandes y pequeños han vivido por encima de sus posibilidades y algunos, como el de Madrid durante la etapa de gobierno del faraónRuiz-Gallardón, han llegado a niveles de endeudamiento propios de algún país del Tercer Mundo. Otros, como el de León, han requerido el rescate con cargo a todos los contribuyentes del resto de España, porque aquí, injustamente y a diferencia de otros países, las administraciones locales no pueden se declaradas en quiebra.

La pulsión intervencionista, propia del mencionado consenso socialdemócrata, ha llevado a nuestros ayuntamientos a tratar de regularlo todo, inmiscuyéndose en la vida urbana hasta extremos con frecuencia asfixiantes. Las ciudades han dejado de ser sociedades en espontánea evolución por obra de miles de planes individuales, para convertirse en cambio en entes hiperdirigidos donde se aplica con mano de hierro el plan maestro de unos pocos. Y, como en el consenso socialdemócrata la auténtica legitimación del político se basa en su capacidad de “dar”, han proliferado hasta el absurdo las infraestructuras excesivas y los llamados servicios impropios. Los alcaldes no se han visto obligados a explicar ante sus vecinos cómo gestionan lo recaudado, ya que es un dato poco relevante, sino cuánto consiguen sacarle a la consejería o ministerio que corresponda para su inversión o gasto en el municipio. Nuestros munícipes se han acostumbrado a desempeñar el papel de reyes magos, no sólo en las cabalgatas del 5 de enero sino todo el año, repartiendo a diestro y siniestro los más diversos caramelos pagados por todos los ciudadanos, vecinos o no del municipio en cuestión.

Otro ayuntamiento es posible. Un ayuntamiento que elimine trabas, licencias, permisos y barreras de entrada para favorecer la actividad económica y la generación de empleo y riqueza

Frente a este lamentable panorama, otro ayuntamiento es posible. Un ayuntamiento que no se endeude y reduzca al mínimo legal los tributos obligatorios, como el IBI, y que no imponga otros. Un ayuntamiento que no cobre por aparcar en la calle ni obstaculice la aparición de estacionamientos privados. Un ayuntamiento que renuncie a ejercer actividades económicas y devuelva a la sociedad civil los servicios que acapara, privatizando las empresas municipales y, sobre todo, liberalizando los respectivos sectores. Un ayuntamiento austero que renuncie a la contratación de eventuales, fuente habitual de enchufismo, y que reduzca la plantilla municipal para ajustarla a la lógica del Estado mínimo a escala local. Un ayuntamiento que se deshaga del suelo público y que renuncie al dirigismo en materia de urbanismo, dejando que sea la sociedad en su vertiente económica, es decir, el mercado, quien vaya determinándolo. Y un ayuntamiento que elimine trabas, licencias, permisos y barreras de entrada para favorecer la actividad económica y la generación de empleo y riqueza

En un ayuntamiento así, las oportunidades de cohecho o de simple favoritismo serán muy inferiores. La corrupción anida allí donde depende de un político o de un funcionario que alguien obtenga algo. En una sociedad libre, la discrecionalidad administrativa, ya sea formal o derivada de la maraña burocrática, sencillamente no tiene cabida. Si la política municipal es la política de base, la más vinculada al ciudadano, resulta evidente que constituye un campo de batalla fundamental para cuantos deseamos cambiar las cosas, quitarle poder al entramado político y combatir el parasitismo de toda suerte de élites extractivas tanto de altos vuelos como de baja estofa. El reto es hacer, también a nivel local, una contrapolítica orientada a conseguir menos Estado y más Libertad.


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