OPINIÓN

Concierto para todos

El modelo de recaudación centralizada y gasto regionalizado es un modelo obsoleto que nos ha llevado a la irresponsabilidad fiscal, pero la solución no es recentralizarlo sino asumir la competencia fiscal entre comunidades. La competencia genera excelencia.

Concierto para todos.
Concierto para todos. EFE

Me resisto a creer que la alta competitividad fiscal de las tres diputaciones vascas sea una mera coincidencia. Vizcaya lidera el ranking de competitividad de todas las comunidades autónomas (las provincias vascas se calculan por separado al disponer de normativas propias). La sigue Álava, mientras Guipúzcoa queda cuarta detrás de Madrid. Sólo la comunidad capitalina logra a duras penas meterse en el pelotón de cabeza dominado por los vascos. También es significativo que el otro régimen foral, el navarro, ocupe el séptimo puesto en el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) , que se presentará el jueves en un acto público en Madrid. Estoy convencido de que el concierto navarro ha paliado la caída de la competitividad fiscal de esta comunidad, derivada de las nefastas decisiones de política fiscal adoptadas por la actual coalición de izquierdas. Lo normal sería que Navarra estuviera, junto al País Vasco, en la cima de la clasificación. La adelanta Canarias, debido a las especificidades del régimen fiscal habilitado para esta comunidad ultraperiférica.

Las fuertes diferencia en la competitividad fiscal de nuestras autonomías muestra la obsolescencia del régimen común y la necesidad de mayor competencia y de una plena responsabilidad fiscal

Mención aparte merece el caso catalán, porque, pese a su contribución neta a la fiscalidad común, el índice sitúa a Cataluña en el penúltimo lugar en competitividad fiscal. Esto se explica por varios factores pero muy especialmente por la extrema proliferación de impuestos autonómicos adicionales a los generales. Es evidente que el gobierno autonómico de Junts pel Sí es responsable de esa proliferación, pero también que ésta difícilmente se habría producido en un marco de concierto económico.

Las fuerte diferencia en la competitividad fiscal de nuestras administraciones autonómicas, que roza el 25% entre la más adelantada (Vizcaya) y la menos competitiva (Extremadura) pone de manifiesto la obsolescencia del régimen común y la necesidad de permitir una competencia y una responsabilidad fiscal muy superiores. Aquellos territorios que ya disfrutan de ellas lideran al conjunto y se colocan en una buena posición internacional para captar inversores, actividad empresarial y profesionales, generando por tanto riqueza y empleo. Pese a las voces recentralizadoras, cuyos argumentos son tan apasionados como ajenos a la realidad económica del mundo actual, la superación del café para todos no pasa por extender el infame régimen común a las cuatro haciendas forales, sino por hacer justo lo contrario: dotar de verdaderos conciertos económicos a todas las comunidades (incluyendo las dos ciudades autónomas, que hasta podrían competir en el mercado offshore), y exigirles a cambio plena responsabilidad sobre la recaudación, dentro de un marco competitivo.

Toda armonización de la fiscalidad es un error, pues exige una fuerte planificación central de la economía que dota de un poder enorme y peligroso a quienes la ejercen

En ese imprescindible y ya urgente replanteamiento de la fiscalidad autonómica, será necesario reconsiderar también el efecto de la llamada solidaridad interterritorial. Igual que sucede con la cooperación exterior al desarrollo, esta canalización sistemática y arbitraria de recursos desde unas comunidades a otras sólo ha servido para subvencionar la continuidad de la pobreza. Al disponer de recursos casi ilimitados, procedentes de la exacción fiscal a contribuyentes de otras zonas, determinadas administraciones autonómicas han podido maquillar su realidad económica y engañar a sus ciudadanos y al mercado. En vez de solucionar los problemas diagnosticándolos correctamente y decidiendo la terapia oportuna, por dura que hubiera sido, algunas comunidades se pasaron décadas deslizando su enfermedad económica bajo las alfombras.

Esa política no puede sostenerse por más tiempo. Más allá del Espanya ens roba, que los madrileños tendríamos aún más derecho a enarbolar, hay que acabar con el expolio fiscal interterritorial para promover, precisamente, los intereses reales y de largo plazo de las comunidades receptoras netas. Éstas deben pasar el síndrome de abstinencia y adoptar medidas fiscales que devuelvan a la población los recursos que hoy acapara la administración. El dinero debe estar en los bolsillos de la gente y en las cuentas de las empresas. Es ahí donde, en general, se utiliza racionalmente. En las arcas públicas, por el contrario, suele generar despilfarro y competencia desleal con el sector privado, cuando no corrupción.

La competencia entre territorios invertirá la tendencia a la voracidad fiscal que ha caracterizado las últimas décadas y especialmente el ominoso montorato actual

Los países del Este de Europa, cuando se incorporaron al mundo económicamente libre, partían de una fuerte desventaja que sólo podía compensarse mediante políticas fiscales muy liberales. Unos lo hicieron y otros no tanto. No es casualidad que prosperaran más deprisa quienes sí lo hicieron. Estonia es un buen ejemplo del éxito económico que se deriva de una política fiscal razonable, mientras Bulgaria, por el contrario, está tardando mucho más en sacudirse el mediocre desarrollo del régimen anterior. Evidentemente, la horquilla es mucho más amplia en Europa del Este que entre nuestras comunidades autónomas, pero el principio es el mismo. La asunción de que es necesario competir fiscalmente y liberalizar la economía constituye el motor para salir de la pobreza, y la subvención permanente, en cambio, es un palo en la rueda del desarrollo porque distorsiona los incentivos económicos. Urge dotar a las comunidades receptoras de la capacidad normativa que les permita adoptar decisiones correctas.

La competencia genera excelencia. Ocurre entre personas, entre empresas y, desde luego, entre administraciones públicas. El buen desempeño de una comunidad debe ser un acicate para que los gobiernos autónomos vecinos la emulen y aspiren a superarla. Su mal desempeño deberá servirles, en cambio, para evitar los mismos errores escarmentando en cabeza ajena. Toda armonización de la fiscalidad es un error, y la actual deriva de la Unión Europea se debe en muy gran medida al intento de forzarla. Para hacerlo se requiere una fuerte planificación central de la economía, que dota de un poder enorme y peligroso a quienes la ejercen. España es un país diverso, uno de los más grandes de Europa en extensión y con cerca de cincuenta millones de personas. Estoy convencido de que su competitividad exterior va a depender cada vez más de su competitividad interna, incluida especialmente la fiscal.

La competencia entre territorios invertirá la tendencia a la voracidad fiscal que ha caracterizado las últimas décadas y especialmente el ominoso montorato actual, una maldición que parece no tener fin. Competir nos hará más libres aflojando las formidables ataduras tributarias que lastran nuestro progreso. Impondrá la racionalidad en el gasto y devolverá la cordura a las decisiones de los políticos. Pasemos del café para todos al concierto para todos.


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