La tribuna de Juan Pina

Basta de explotación sexual

La última vez que se abordó la prostitución con cierta profundidad en nuestros medios de comunicación fue el año pasado, ante la incorporación de esa y otras actividades no legales al cálculo del PIB. Este indicador económico está muy cuestionado entre los expertos, porque cada país lo calcula como quiere y porque está sometido a una fuerte manipulación política. Además, calcular el déficit o el superávit de las cuentas públicas basándose en el PIB constituye la manipulación suprema, porque hasta la fecha no toda la riqueza producida en un país va a parar a sus arcas estatales, aunque la presión fiscal desbocada lleva a pensar que ese es el rumbo lamentable que están tomando las cosas. Provocó bastante revuelo la incorporación a la riqueza nacional estimada de los ingresos privados por productos como las drogas prohibidas o por servicios como la prostitución teóricamente ilegal pero, con independencia de que sea estadísticamente útil o no, es incuestionable la importancia económica de esos sectores.

Todo lo que pueda hacerse gratis debe poderse hacer también cobrando, y ese principio básico debería grabarse a fuego en nuestro marco de convivencia porque el lucro es legítimo y positivo

En una sociedad avanzada, basada por tanto en la supremacía de la libertad personal y en el carácter estrictamente privado y voluntario de cualquier código de conducta moral, mantener proscritos los servicios sexuales es una auténtica aberración. Constituye una invasión ilegítima del ámbito de soberanía de las personas. Dos o más individuos adultos, si deciden sin coacción mantener relaciones sexuales, están en su perfecto derecho de hacerlo con o sin compensación económica o de otra naturaleza. El Estado no tiene derecho a impedírselo ni a perseguirlo mediante la fuerza pública. Es más, la labor de los agentes es tan respetable en este comercio de servicios como en cualquier otro, siempre que, como la propia actividad ejercida, se desarrolle voluntariamente.

Si para algo ha de servir aún el Estado, en esta fase de nuestra evolución cultural, es para proteger la sacrosanta voluntad individual de cada persona —máxime tratándose de su propio cuerpo y de su propia sexualidad—, nunca para exigirle ni prohibirle nada, absolutamente nada, en virtud de las creencias o preferencias ajenas, incluso si son las de la mayoría. Y, por supuesto, todo lo que pueda hacerse gratis debe poderse hacer también cobrando por ello, y ese principio básico debería grabarse a fuego en nuestro marco de convivencia. Sólo los nefastos prejuicios contra el lucro legítimo, que tanto daño hacen aún a las sociedades occidentales, explican que se prohíba cobrar por acciones no prohibidas.

En el debate sobre la legalización del sexo pagado, como en el de la droga, se da una reveladora coincidencia de todos los colectivistas, mayoritarios por ahora, en contra de las tesis liberales y libertarias, que pese a seguir estando en minoría avanzan a buen paso. Es interesante comprobar cómo la izquierda radical más vociferante y la derecha conservadora más beata coinciden a la hora de mantener el statu quo prohibicionista en materia de prostitución. Según los expertos, unas cuatrocientas mil personas ejercen la prostitución en España. En un altísimo porcentaje se trata de mujeres, de las que alrededor del noventa por ciento son extranjeras. Como todos sabemos, una amplia mayoría de estas personas ejerce esta profesión en terribles condiciones de engaño y explotación, sometidas a brutales abusos de todo tipo y a una merma insoportable de sus libertades más básicas. Hoy, en Occidente, las peores vulneraciones de los derechos humanos básicos se dan en en este campo.

Los peores chulos son los que se sientan en los parlamentos para legislar a favor de las mafias de la explotación sexual, dándoles justo lo que necesitan: la ilegalidad en la que medran a sus anchas

Pues bien, la mayor culpa de esta realidad espantosa la tienen los moralistas de izquierdas y los moralistas de derechas, porque se niegan sistemáticamente a legalizar y normalizar de una vez por todas este comercio de servicios, tan legítimo, digno y respetable como cualquier otro. Produce tanta indignación como tristeza recordar la cruzada que lanzaron hace unos años Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella contra esta actividad, desde el ayuntamiento de la capital, pero provocan exactamente el mismo efecto los airados posicionamientos de los políticos de izquierda. Los corsés religiosos de los unos son similares a los corsés ideológicos de los otros, y en ambos casos sostienen con extrema hipocresía la esclavitud de infinidad de personas prostituidas a la fuerza. Allí donde el Estado intenta impedir un mercado, éste siempre prevalece, pero sometido a condicionantes indeseables y a la acción de participantes que abusan de poder. En este caso se trata de las mafias que captan y trasladan a personas para explotarlas sexualmente. Igual que nuestros políticos son cómplices de los narcos a sabiendas o no, también lo son de estas bandas. Los peores chulos son los que se sientan en los parlamentos para legislar a favor de esas mafias, dándoles justo lo que necesitan: la ilegalidad en la que medran a sus anchas. Y la solución de este problema, como la de tantos otros, se encuentra en la Libertad.

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Imagen de cabecera: El Salón de la Rue des Moulins, de Henri de Toulouse-Lautrec (1894)


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