La tribuna de Jesús Alfaro

Los últimos de la fila: los consumidores sin mercados

Altagracia es una inmigrante dominicana que lleva muchos años en España trabajando de interna en una casa particular cuyos miembros la consideran, casi, de la familia. Le pagan un sueldo razonable, tiene cobertura sanitaria y seguridad social y, sobre todo, recibe un trato digno absolutamente merecido. Como muchas mujeres inmigrantes, Altagracia sostiene a sus hijos, que ya son mayores de edad. En su país, los niños sufrieron una escolarización corta y de bajísima calidad, hasta el punto de que apenas saben leer y escribir correctamente el castellano. En el desempeño de su función de madre, Altagracia insiste mucho a su hijo para que se forme, aprenda un oficio y busque trabajo. El hijo no es muy despabilado, apenas tiene dinero y, como hemos dicho, escasísima formación. Un día, al hijo de Altagracia le aborda un sujeto que le ofrece realizar un curso de recepcionista de hoteles por la “módica” cantidad de 2100 € de los que  paga 200 a la firma del contrato. El curso incluye unas prácticas (200 horas) en un hotel que consisten en trabajar de botones sin cobrar, más bien, pagando por el “privilegio”; unos materiales que se le entregan al principio del curso y poco más. Naturalmente, hechas las “prácticas”, el hijo no encuentra trabajo y, como carece de ingresos, no puede pagar los 1900 €. Y el “empresario” empieza a llamar a Altagracia (el hijo dio al “empresario” el número de teléfono de su madre) para que Altagracia pague.

Esta es una de las miles de historias que podrían contarse sobre lo mal que trata el Estado Social y del Bienestar a la décima parte de la población más pobre, de menos luces y con menos contactos. La legislación sobre consumidores y usuarios permite a este pobre chico negarse a pagar. Por suerte para el chico, el “empresario” no le entregó el documento de revocación previsto en los arts. 68 ss de la Ley de Consumidores (por cierto, ya les vale que la ley de consumidores sea más costosa de interpretar y aplicar que la normativa sobre coeficientes de solvencia del Banco de España) y, por tanto, el chico puede revocar su consentimiento en un plazo de 12 meses desde la celebración del contrato. Además, el “empresario” ha infringido la normativa sobre protección de datos al comunicar los datos relativos al curso a un tercero – la madre y, a continuación, al empleador de la madre – sin que se recoja, en los documentos contractuales, tal consentimiento. Naturalmente, cualquiera tiene la sensación de que eso es lo de menos; que, en realidad, estos cursos son una estafa y así lo han entendido algunos jueces.

Los pobres, analfabetos y de pocas luces no se mueven en estos magníficos y competitivos mercados poblados de empresas con una reputación que perder. Viven en un colosal “fallo de mercado” o mejor, fuera del mercado

Si comparamos la historia de este chico con la historia de nuestros ancianos padres a los que colocaron preferentes indebidamente o de nuestros amigos a los que una línea aérea de bajo coste hizo cargos indebidos o la compañía eléctrica o de telefonía que hizo lo propio, la diferencia salta a la vista. No. No es que unos y otros estén más o menos protegidos por la legislación. Todos los están. La diferencia es que el mercado protege efectivamente a los segundos pero no al primero. Nosotros, la mayoría, nos relacionamos con empresas cuya reputación vale tanto que no nos maltratarán innecesariamente. No necesitamos que el Estado nos proteja. La competencia lo hace, normalmente, muy bien y, llegado el caso, podemos demandar judicialmente a la empresa tramposa. Los pobres, analfabetos y de pocas luces no se mueven en estos magníficos y competitivos mercados poblados de empresas con una reputación que perder. Viven en un colosal “fallo de mercado” o mejor, fuera del mercado; viven allí donde no llega la mano invisible que conduce a los empresarios que se relacionan con ellos a satisfacer su interés.

No hay un caso más justificado para la intervención administrativa (no del legislador). El primer deber del Estado Social es garantizar la protección material y jurídica de los más pobres porque, como decía Quino, los pobres, además de ser pobres “compran cosas de mala calidad”, sus decisiones de gasto e inversión son peores que los de la media y, en general, pueden arriesgarse menos que los ciudadanos medianos. Son carne de explotación con la agravante de que cualquier “accidente”, cualquier error es, para ellos, un “siniestro total”.

Y la pregunta inmediata es por qué en España, uno de los países del mundo en el que las relaciones entre particulares están más intervenidas (en eso sí que nos parecemos a Grecia, Portugal e Italia) las autoridades de consumo se dedican a hacerle la vida más complicada a estas grandes empresas que están ya controladas por la competencia y el temor a perder su reputación a las que se imponen cargas administrativas y multas sin cuento en lugar de perseguir a estos “empresarios” que explotan a los más débiles de la sociedad. Cuando veo a qué se dedican las Direcciones Generales de Consumo de las Comunidades Autónomas, no puedo aguantar mucho la indignación: multas por incumplir horarios comerciales; por no reflejar el precio original en unas rebajas; por no rotular en catalán; por condiciones abusivas; por incumplir las normas de etiquetado; porque falta el cartel de prohibido fumar; por no depositar depósitos… Y, mientras tanto, miles de pobres semianalfabetos asumiendo deudas a intereses estratosféricos; avalando en “rueda” a compatriotas suyos; comprando productos que no necesitan a precios desorbitados y apuntándose a carísimos cursos de formación que no sirven para nada. No creo que me sintiera muy bien siendo Director General de Consumo de una Comunidad Autónoma. Ni tampoco siendo fiscal. Algún fiscal, cuando se le ha pedido que se interese por un caso de estos, ha contestado que él no está para eso. Con un par. Y el legislador recibe, una y otra vez, reproches del Tribunal de Justicia por maltratar a las familias sobreendeudadas. 

Así las cosas, ¿cómo extrañarnos de que nuestros pobres sean los más pobres de Europa? ¿Cómo extrañarnos de que tengamos a tanta gente en riesgo de “exclusión social”? Las quejas se multiplican y las calles se llenan de manifestantes cuando se recortan los derechos de la clase media; cuando se nos pretende cobrar por usar la Administración de Justicia; cuando se reducen las prestaciones de desempleo o se impone el copago de medicamentos. Pero cuando se recortan las cantidades que destinamos a atender a los del último 10 % de la Sociedad hay que oír a Cáritas, Unicef y Cruz Roja. Cuando asistimos a tanto griterío sobre la inmoralidad de la Sociedad y la Política, no se destaca lo suficiente la inmoralidad de nuestro gasto público. No porque beneficie a la “casta”. Beneficia a la clientela de Podemos y, muy poco, a los últimos de la fila. 


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