La tribuna de Jesús Alfaro

El nueve de noviembre y el Derecho

Los independentistas, con ayuda de la Generalitat, reinventan el derecho de manifestación y crean una legitimidad al margen del Derecho y de los partidos políticos

Hubo un pacto (no sé si explícito) basado en el Derecho. El Estado no tomaría medidas que impidiesen materialmente llevar a cabo la votación y la Generalitat no se implicaría. El Gobierno hizo bien en todos los sentidos. La votación del 9-N era expresión del derecho de manifestación de los ciudadanos. El año pasado hicieron una cadena humana, este año una “V” y, ahora, una votación. El resultado era irrelevante; que hubiera votos duplicados, también; que votara quien no debía, también. Lo único relevante era comprobar cuánta gente participaba y decidir si era más gente que en la V o en la cadena humana. Hay que reconocer que hacer un simulacro de referéndum es más efectivo, para conocer el apoyo a la independencia, que hacer una manifestación.

La celebración del simulacro de referéndum no solo no era ilegal sino que el Gobierno no hubiera podido prohibir su celebración sin infringir los derechos fundamentales de los ciudadanos que querían celebrarlo

Por tanto, la celebración del simulacro de referéndum no solo no era ilegal sino que el Gobierno no hubiera podido prohibir su celebración sin infringir los derechos fundamentales de los ciudadanos que querían celebrarlo. Ni siquiera la utilización de los colegios públicos o la colaboración de la policía para que todo transcurriera con tranquilidad es ilegal o contrario a lo acordado por el Tribunal Constitucional. Igual que se pone a disposición de los manifestantes la vía pública y los servicios de seguridad o se cierran tramos de autopista o de carretera para dejar pasar la manifestación, nada hay de ilegal en que se permitiera a los votantes usar los colegios públicos en horario extraescolar. Tampoco me parece ilegal que la Generalitat ponga a su disposición los ordenadores públicos para contar el número de votantes y los resultados, como utiliza el helicóptero de la Generalitat para contar el número de participantes en una manifestación.

Otra cosa hubiera sido que se facilitara un censo público a las “mesas” electorales o que se haya infringido la normativa sobre protección de datos por parte de los organizadores; otra cosa hubiera sido que la organización de la votación se haya realizado por funcionarios públicos utilizando los medios públicos y en su horario de trabajo; otra cosa hubiera sido que se imprimieran las papeletas y se costearan las urnas y las “dietas” de los voluntarios con dinero público; otra cosa es que los voluntarios hubieran actuado a las órdenes de funcionarios o cargos públicos…

Ahora el Fiscal debe averiguar si la intervención pública en la votación fue más allá de la involucración permisible de una Administración Pública en el ejercicio de un derecho fundamental por los particulares

El Estado constitucional actuó como debía. Y los españoles, en ese punto, podemos estar más orgullosos de lo que puede estarlo el Presidente de la Generalitat. El Estado no restringió indebidamente el derecho de los particulares a expresar su opinión utilizando cualquier tipo de símbolo, en este caso, depositar un voto en una urna. Ahora, sin prisa pero sin calma, el Fiscal debe averiguar si la intervención pública en la votación fue más allá de la involucración permisible de una Administración Pública en el ejercicio de un derecho fundamental por los particulares. Mas lo tiene complicado porque apuntarse en su cuenta política a los dos millones de participantes sin cometer un delito no es nada fácil.

En cuanto al resultado, nada que no supiéramos. Que hay un tercio de los catalanes muy movilizados a favor de la independencia. Y nada que no supiera Mas antes de empezar. No sé de qué se alegra y no sé de qué manera puede mejorar esta manifestación la posición negociadora de Mas con el Estado. Ya está claro: han hecho una “V” más gorda ¿y? Los referéndums, los de verdad, no se celebran para saber lo que piensa la gente. Se celebran cuando ya se sabe lo que piensa la gente, para que lo diga en alto. Y, por ahora, lo que sabemos, es que no hay una mayoría amplia de catalanes que quiera la independencia. Cuando la haya (y nos enteraremos, no se preocupen), no tendremos más remedio que celebrar un referéndum. Hasta entonces, lo del domingo pasado no es más que una nueva forma de ejercer el derecho a la libertad de expresión y manifestación. Pero los que se han inventado esta nueva forma de manifestarse deberían pensárselo dos veces. Tengan cuidado, porque un referéndum como el del pasado domingo, se lo puede organizar una parte de la sociedad civil a los políticos a la primera de cambio. Y no solo sobre la independencia, sino sobre el bilingüismo en la escuela o los billetes de avión gratuitos para los diputados o la pena de muerte o la expulsión de inmigrantes. Semejantes consultas serían tan democráticas y legítimas como lo que se celebró en Cataluña el domingo pasado. Y pueden colocar a los partidos en una posición muy incómoda, sobre todo, si de los referéndums pasamos a las elecciones y se empieza a oponer una legitimidad popular a la legitimidad basada en el Derecho. ¿Se imaginan a Podemos organizando referéndums revocatorios de alcaldes y logrando que la mitad del pueblo participe en el simulacro?


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