La tribuna de Jesús Alfaro

Entre el mérito y el nepotismo

El Gobierno tiene una ocasión para demostrar que España no es Grecia

El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 16 de enero un Acuerdo por el que se establecen las pautas para la propuesta de candidatos a jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y a miembros del Tribunal General de la Unión Europea. Según el texto del acuerdo, el Ministerio de Asuntos Exteriores desarrollará un “proceso de selección con la publicidad correspondiente” y propondrá candidatos a un “comité de selección” formado por Secretarios de Estado que, a su vez formulará la candidatura. 

Este Acuerdo constituye una absoluta novedad en nuestro Derecho. Hasta ahora, el Gobierno proponía discrecionalmente a las personas para ocupar los puestos de Juez o Abogado General.

A la fecha de escribir esto no hemos tenido noticia de anuncio alguno respecto de cómo se desarrollará el procedimiento

A la fecha de escribir esto no hemos tenido noticia de anuncio alguno respecto de cómo se desarrollará el procedimiento. En todo caso, es de suponer que los actos de este Comité serán impugnables en la vía contencioso-administrativa, de modo que el Gobierno y los funcionarios públicos que participen en dicho proceso habrán de velar porque se cumplan las normas jurídicas aplicables, en particular, el art. 23.2 CE. Si no se realiza un anuncio público y se abre, por lo menos, un plazo prudencial para la presentación de candidaturas (sin perjuicio de que el Gobierno pueda tener en cuenta a candidatos no presentados) y se recogen por escrito los criterios para la elección y se valoran los méritos de los candidatos, no tenemos ninguna duda de que el Tribunal Supremo anulará la propuesta de ese Comité.

Pero al Gobierno le vigila, además, un Comité previsto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En efecto, el art. 255 TFUE crea un Comité que tiene que informar estos nombramientos evaluando la idoneidad de los candidatos con carácter previo a la decisión del Gobierno nacional de turno. El pasado mes de febrero de 2014 se renovó el Comité que ahora incluye al presidente del Tribunal Constitucional alemán, al Vicepresidente del Consejo de Estado francés; un profesor y político italiano; la presidenta del Tribunal Supremo de Finlandia; un juez del Tribunal Supremo del Reino Unido; el presidente del Tribunal Constitucional de Hungría y un profesor holandés, ex-alto funcionario de la Comisión Europea y ex-juez del TJUE.   

Este Comité ha publicado su 3er informe de actividad en diciembre de 2013. En él se lee que el Comité ha emitido 7 informes desfavorables desde su constitución hasta diciembre de 2013. Y todos para jueces de nuevo nombramiento. Sus 67 informes han sido siempre atendidos por los Estados, es decir, que en el caso de 7 propuestas nacionales, los candidatos propuestos por los Estados no fueron, finalmente, designados jueces o abogados generales. El Comité no elige candidatos. La responsabilidad “esencial de la nominación… incumbe a los Estados miembro, que… tienen la carga de presentar a los mejores candidatos a la vista de los criterios establecidos en los arts. 253-255 TFUE” Esos preceptos (art. 253) dicen que los jueces y abogados generales serán elegidos por los Estados miembro entre “personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida competencia” y, en el caso de los jueces del tribunal general (art. 254) “Los miembros del Tribunal General serán elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales”. El Comité señala que los puestos en el Tribunal de Justicia no están reservados a jueces de carrera. Cualquier jurista (profesor, funcionario público, abogado, juez, fiscal) puede cumplir los requisitos. En relación con los nombramientos iniciales, el Comité explica que su informe se emite, además de realizarse una entrevista privada del candidato con el Comité, (que es parecido a un examen con una exposición inicial del candidato y preguntas subsiguientes de los miembros del Comité) sobre la base de la información más completa posible, información que incluye informaciones sobre el procedimiento nacional de selección del candidato.

El Comité señala que la ausencia de un procedimiento competitivo y público no constituye un dato que perjudique al candidato. Ni lo contrario le favorece. Porque no es “culpa” del candidato que su Gobierno lo haya propuesto sin un procedimiento competitivo de por medio y porque es competencia de los gobiernos la elección de los miembros del TJUE. Pero “La existencia de un procedimiento de selección nacional puede… ayudar al panel a despejar las dudas que pueda albergar tras el examen del dossier y/o haber escuchado al candidato. En otras palabras, la existencia de un procedimiento nacional que permita valorar los méritos del candidato de una manera objetiva e independiente puede favorecer al candidato cuando, a los ojos del comité, hay puntos débiles en su candidatura en cuanto que la confianza del comité en el procedimiento nacional permite superar las dudas y preguntas del comité”. Los informes del Comité no se hacen públicos y se dirigen exclusivamente a los gobiernos nacionales.

¿Cuándo puede considerarse que un candidato tiene suficiente experiencia en el sentido del art. 253/254 del TFUE? El Comité dice que (además de saber idiomas) “difícilmente puede ser considerada suficiente menos de veinte años de funciones de alto nivel para los candidatos a Juez o Abogado General del Tribunal de Justicia y menos de doce-quince años de funciones de idéntica naturaleza para los candidatos a Jueces del Tribunal General”.

¿Por qué el Gobierno ha aprobado ahora este Acuerdo? Porque España hizo una brutta figura con el último nombramiento, el del Sr. Ulloa, para Juez del Tribunal General. Su juventud y, por tanto, limitada capacitación profesional y el oscurantismo que rodeó su elección sembraron dudas acerca de si superaría el filtro europeo. En particular, se designó a una persona que acababa de ser sustituida como Secretario de Estado de Interior ( la prensa especuló con la relación del Sr. Ulloa con la filtración a la prensa de un informe policial sobre la familia Pujol) y no hubo un procedimiento público; no se anunció la existencia de la vacante y no pudieron presentarse candidatos. Es la tradición del Partido Popular: utilizar los cargos de libre designación para colocar a personas próximas a los líderes del partido o a personas a las que se les debe un favor. Ahora, el Gobierno tiene la oportunidad de hacerlo mejor.  


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