La tribuna de Jesús Alfaro

¡Mamá, quiero ser ministra!

El reciente nombramiento de José Antonio Sánchez como Presidente de RTVE, la penosa actuación de Ana Mato como Ministra de Sanidad cuando se ha planteado la primera situación de crisis; el ridículo que ha hecho el Consejero de Sanidad madrileño en sus comentarios sobre la buena y pobre auxiliar de enfermería que, rayando en la temeridad, aceptó cuidar de un enfermo terminal contagioso; el escandaloso comportamiento de los más de ochenta consejeros y ejecutivos de CajaMadrid y Bankia son indicios de que España está sin terminar.

Dice Fukuyama que Grecia tuvo el sufragio universal antes que Alemania pero que nunca construyó una administración pública potente, imparcial y meritocrática

Los individuos que ocupan los puestos de dirección en la televisión pública, en la sanidad o en la banca pública son, a menudo, individuos de baja catadura moral pero, en todo caso, unos incompetentes. José Antonio Sánchez aparece en los papeles de Bárcenas y ha quebrado Telemadrid y, en premio a su lealtad al PP, le dan la presidencia de RTVE. Es un sujeto de incompetencia demostrada. Ana Mato es una mujer de dudosísima reputación ética y cuya capacidad de gestión se le suponía – como el valor a los militares que nunca han combatido – cuando su amigo Rajoy la hizo ministra. Del Consejero de Sanidad de Madrid no hemos sabido nada hasta que ha pasado algo gordo y ha demostrado que tiene una boca que parece, más bien, una alcantarilla. ¿Cómo fue elegido para el puesto si el puesto lo que requiere es, como mínimo, cierta capacidad para contar las cosas sin ofender y con claridad? Magdalena Álvarez, por cuya honradez su amigo Felipe González pone la mano en el fuego es una incompetente de estatura sideral. Fue capaz de que le “montaran” el mayor fraude a las arcas públicas de la historia de la democracia delante de sus narices sin – según ella – enterarse de nada. 

Dice Fukuyama que Grecia tuvo el sufragio universal antes que Alemania pero que nunca construyó una administración pública potente, imparcial y meritocrática. En su lugar, los políticos elegidos democráticamente convirtieron al Estado griego en un cortijo cuyos rendimientos repartían entre sus clientes. Hasta hoy.

España no es Grecia. Pero siempre se le pareció. Los políticos, desde tiempos inmemoriales, han repartido puestos – sinecuras – entre su clientela. El daño para el bienestar general no era muy grande porque el Estado hacía pocas cosas y, la mayor parte de ellas, muy simples. Mantener un ejército y el orden público. Pagar los sueldos de los maestros y poco más. Las sinecuras no eran sino una forma de redistribución de la renta.

Pero ¡ay! ¿qué sucede cuando el Estado se mete hasta en los charcos? Cuando el Estado decide sobre cuestiones complejísimas y se ocupa de cosas que requieren un enorme talento gestor; cuando el Estado gestiona bancos o programas de miles de millones de euros; cuando supervisa lo que hacen particulares – p.ej., bancos o eléctricas – que saben mucho más de su negocio (y de cómo ocultar las trapacerías) que los funcionarios…  

Sucede que no podemos seguir entregando los puestos públicos que exigen – según la Ley – ser ocupados por personas de “reconocida competencia” como si fuéramos políticos griegos y España un cortijo. Porque los desastres se suceden. Ha bastado que Ana Mato y el consejero-bocachanclas fueran sustituidos por expertos en salud pública para que alguien de mi tweetlist dijera que España había pasado de estar en el tercer mundo a estarlo, de nuevo, en el primero.

Podemos protegernos frente a la deshonestidad. Para eso tenemos leyes, policía, jueces y cárceles. Pero no podemos protegernos frente a la incompetencia

Cuando los políticos estaban en los Consejos de unas Cajas que no hacían más que guardar los depósitos de la gente y prestárselos al Monte de Piedad, cualquiera no demasiado ladrón valía para el puesto y los políticos podían colocar allí a sus clientes. Cuando la Bolsa era poco más que un Club de Ancianos, al frente podíamos poner a cualquiera de familia bien. Cuando el Tribunal Supremo sólo se ocupaba de herencias y lindes, cualquiera que hubiera acabado Derecho podía llegar a Magistrado sin grave daño para el país. Pero, cuando las Cajas se convierten en bancos, al frente deben estar los mejores gestores bancarios; para vigilar la 10ª bolsa del mundo hay que elegir al – por lo menos – 10º mejor gestor de bolsas del mundo. Para decidir lo que decide el Tribunal Supremo de la 14ª Economía del mundo necesitamos juristas que estén entre los mejores del mundo. Y lo propio con los puertos, aeropuertos, hospitales, redes ferroviarias, eléctricas o universidades, museos y centros deportivos.

Si, además, son honrados, mejor que mejor. Porque podemos protegernos frente a la deshonestidad. Para eso tenemos leyes, policía, jueces y cárceles. Pero no podemos protegernos frente a la incompetencia. No hay medidas preventivas que podamos adoptar para evitar los desastres que provocan los incompetentes. La única medida eficaz es no nombrar a un incompetente para ningún puesto que requiera talento gestor. Y para asegurarnos de que no lo hacemos, hay que sacar a concurso público todos los puestos bajo la influencia de la Administración. Porque si nuestros políticos son, en media, bastante mediocres, ¿por qué iban a ser unos superdotados cuando se trata de designar personas para que los ocupen?

Todas las niñas espabiladas y trabajadoras tienen derecho a poder decirle a su madre que, de mayor, quieren ser Ministras. Y ser amiga de Rajoy, o de Camps, o de Susana Díaz, o de Pujol o de Urkullu no debería ser ningún mérito. No los hemos votado para que pongan a cargo del cortijo a los más tontos de sus amigos


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