La tribuna de Jesús Alfaro

Confianza

En la columna de la semana pasada traté de explicar que el – quizá – peor defecto de la Constitución española fue el de no prever que, en las democracias nacientes, hay un riesgo elevado de clientelismo y patrimonialización del Estado por parte de los grupos políticos. Que los partidos políticos se convierten fácilmente en organizaciones clientelares que distribuyen entre sus clientes miles de millones de euros de dinero público y miles o decenas de miles de puestos en el sector público que podrían haber sido asignados – como se espera de un sistema democrático avanzado – de acuerdo con criterios de necesidad y justicia distributiva en el caso de los fondos públicos y de mérito y capacidad en el caso de los puestos públicos. 

La confianza recíproca entre ciudadanos y poderes públicos es fundamental para el desarrollo económico porque la confianza reduce los costes y, por tanto, aumenta los niveles de cooperación productiva en una Sociedad

La aplicación sistemática de estos criterios es imprescindible para reducir la corrupción. Pero es una condición necesaria pero no suficiente. Suficiente sería si fuera acompañada de una regulación de las relaciones sociales y de las que se generan entre el Estado y los ciudadanos basada en la autonomía y en la confianza y no en la verificación y en la desconfianza. La confianza recíproca entre ciudadanos y poderes públicos es fundamental para el desarrollo económico porque la confianza reduce los costes y, por tanto, aumenta los niveles de cooperación productiva en una Sociedad.  

Quizá por la influencia francesa, los españoles nos hemos acostumbrado a que la Administración Pública nos trate como unos tramposos y a que el Estado regule nuestras relaciones con otros españoles como si nos fuéramos a engañar recíprocamente a la primera de cambio. Si la Constitución de Cádiz decía que era “obligación” de los españoles ser justos y benéficos, deberíamos tratar a nuestros conciudadanos y ser una obligación del Estado tratarnos como si lo fuéramos. 

El ejemplo que ponía en la citada columna de las bajas por enfermedad es suficientemente explícito. Pero podría aducir otros muchos: la regulación de las sociedades mercantiles, del Derecho Laboral y, sobre todo, de las instituciones públicas. Pero déjenme que les hable de mi trabajo. 

Mis alumnos me han preguntado cómo tenían que “probar” que habían contestado a las preguntas y elaborado los casos que les había pedido que hicieran a lo largo del curso. Y, tras algún titubeo, les he explicado que no necesitaba pruebas. Que me fío de ellos y de su autoevaluación para formar mi criterio. Que el objetivo de las preguntas y casos que tenían que resolver era que aprendieran y comprobaran qué habían aprendido

La regulación universitaria, sin embargo, parte del principio de desconfianza. El profesor es un arbitrario que aprueba o suspende sin criterio y el alumno ha de ser protegido frente a ese profesor. El alumno es, para esa regulación, un sinvergüenza que tratará de escaquearse a la primera de cambio y hará trampas en cuanto haya la menor posibilidad de no ser pillado. 

Así que tenemos unos reglamentos kilométricos que establecen, hasta el penúltimo detalle, cómo ha de proceder el profesor en relación con cualquier extremo de la actividad docente. Inútilmente porque el último detalle, ese, no está regulado, de modo que se abre la posibilidad de un litigio cuya resolución está igualmente prevista mediante los correspondientes recursos administrativos hasta el Tribunal Supremo, en su caso. 

¿Creen Vds que es relevante para nuestra opinión sobre ella o para su desempeño que Tania Sánchez tenga o no un título de “Diplomada en Educación Social”?

Si, al seleccionar a los profesores universitarios y al seleccionar quién puede estudiar en una universidad, hubiéramos aplicado los principios de mérito y capacidad, podríamos confiar en que los profesores, normalmente, no califican arbitrariamente a sus alumnos y que los alumnos, normalmente, no son unos tramposos que copian, falsifican y simulan que estudian o aprenden. Nos bastaría el Código Penal para abrir, a posteriori, un expediente al profesor que, excepcionalmente, se hubiera comportado como un psicópata o un enamorado despechado o al alumno tramposo. Y, si no los pillamos, especialmente en el segundo caso, el daño para la Sociedad no será excesivamente elevado. ¿Creen Vds que es relevante para nuestra opinión sobre ella o para su desempeño que Tania Sánchez tenga o no un título de “Diplomada en Educación Social”? Eso sí, cuando pillemos a alguien mintiendo en su currículum o descubramos que ha plagiado deberíamos sancionarle gravemente. Curiosamente, la sanción para esos comportamientos inmorales es puramente social, no jurídica. 

Y si hablamos de la institución universitaria, la ¡Constitución! proclama su autonomía. El Tribunal Constitucional ha dicho la barbaridad según la cual la autonomía es un derecho fundamental de las universidades. Pues bien, ese pretendido derecho fundamental tiene un contenido ridículamente estrecho: la protección de la “libertad académica” no permite a la Universidad ni elegir a sus profesores, ni elegir a sus alumnos, ni elegir qué carreras impartir y cuáles no; ni cerrar una Facultad ni abrir un campus. Tampoco le permite pagar más a un profesor que a otro. Ni siquiera puede becar a un estudiante. Dejamos a los universitarios que elijan a su rector. Pero no a quién les dé la gana. Tienen que elegir a uno de sus catedráticos y, una vez elegido, no le dejamos hacer prácticamente nada. Si la Universidad no tiene autonomía, imagínense la que tiene el Rector, siempre acogotado por toda clase de Consejos y Claustros en el estrecho margen que le permite su sometimiento económico a la Comunidad Autónoma y jurídico al Estado que dicta toda clase de regulaciones de su actividad. 

Y, de nuevo, el equilibrio es desastroso: como no nos fiamos de que las Universidades se comporten de manera que intenten ser las mejores del mundo; como no nos fiamos que los catedráticos elegidos rectores sean capaces y vayan a perseguir el bienestar de la Universidad, limitamos su libertad de actuación hasta el ridículo

Añadan que los políticos quieren poder seguir disponiendo discrecionalmente de esos puestos que deberían entregar a personas capaces y seleccionadas meritocráticamente y comprenderán que, cuando aceptan ceder el poder y dotan de autonomía a las instituciones correspondientes, regulan la institución con toda clase de cortapisas de manera que la última palabra siga estando en la boca de los políticos. Piensen en la regulación de la CNMC, de la CNMV o de cualquier organismo autónomo y sabrán de qué les hablo

Los españoles llevamos cuarenta años en una pendiente deslizante que se llama desconfianza. La multiplicación de las regulaciones responden a ese patrón

Los españoles llevamos cuarenta años en una pendiente deslizante que se llama desconfianza. La multiplicación de las regulaciones responden a ese patrón. Abandonar esta espiral viciosa desconfianza-regulación-más desconfianza–más regulación sólo es posible si invertimos en los procesos de selección, si los configuramos con arreglo a criterios de mérito y elegimos con cuidado a quién ponemos al frente de cualquier institución (un puerto, un hospital, el Instituto Cervantes de Londres, la Comisión de Propiedad Intelectual, el patronato de deportes de una ciudad) y, a continuación, dejamos a los elegidos que hagan lo que les dicte su “leal saber y entender” para lograr el éxito de su institución. Entraremos así en una espiral virtuosa donde los mejores podrán demostrar que saben hacerlo bien y los incapaces y corruptos tenderán a desaparecer. 

Pero si, en lugar de seleccionar bien, encargamos a Guerrero que dirija el reparto de las subvenciones a empresas en dificultades ¿de qué sirven todas las leyes del mundo sobre subvenciones? Hecha la ley (de subvenciones), hecha la trampa (dar el dinero como transferencias de financiación).


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