La tribuna de Gabriela Bustelo

Cleptocracia

Mientras los españoles toman conciencia de su protagonismo en la remodelación política de España, los partidos políticos simulan contrición, pero sin propósito de enmienda. Dada la corrupción estructural que España ha sufrido durante toda la democracia, el primer paso para la renovación es la exigencia implacable de limpieza en todas las formaciones políticas. El hecho de que Pedro Sánchez y Mariano Rajoy no hayan cesado fulminantemente a José Ramón Gómez Besteiro ni a Rita Barberá parece indicar que el bipartidismo tiene poca intención de cambiar.

En otras democracias, como la estadounidense, los partidos políticos tienen una influencia y una estructura considerablemente menor

Corrupción institucional

En España los partidos nacionales son moles institucionales que precisan grandes cantidades de dinero para mantenerse. En otras democracias –como la estadounidense– los partidos políticos tienen una influencia y una estructura considerablemente menor, cobrando importancia durante el periodo electoral. En España el bipartidismo acumula agujeros negros relacionados con su financiación y con desvíos de dinero público, hasta el punto de que el 80% de los políticos implicados en casos de corrupción pertenecen al PP y el PSOE, indiscutibles estrellas en el espectáculo del latrocinio nacional. Entre los casos que el PP tiene bajo su paraguas destacan “Gürtel”, “Bárcenas”, “Emarsa” y “Nóos”, mientras que el PSOE es el partido con mayor número de políticos implicados en casos de corrupción. La tristemente famosa “Trama de los ERE” asociada al PSOE andaluz llega ya a la cifra de 270 imputados, que podían haber defraudado un total de 1.200 millones de euros y de los cuales no hay ninguno encarcelado en estos momentos. Esta semana se ha sabido que una decena de imputados podían verse libres de responsabilidad penal en el caso ERE al prescribir sus delitos. Se trata de empresarios que recibieron ayudas irregulares procedentes de un fondo dotado con 855 millones de euros.

El agujero andaluz

La corrupción andaluza merece una mención especial, porque los casos “Malaya”, “ERE” y “Edu” superarían los 5.000 millones de euros extraviados. Esta semana han vuelto a comparecer los socialistas Chaves, Griñán y Viera para declarar sobre su participación en el fraude colosal organizado por la Junta de Andalucía para otorgar ayudas a prejubilados y a empresas en crisis de forma presuntamente ilegal durante una década. Gracias a la presión de Ciudadanos, los tres gerifaltes socialistas han dejado de ser aforados, pero todos ellos han guardado silencio ante las preguntas del juez, alegando que ya habían respondido a las mismas preguntas hace un año en el Tribunal Supremo. A la salida el abogado de Griñán, José Antonio Mohedano, aseguró que “el Gobierno ha presionado” para forzar esta comparecencia con intención de desviar la atención de otros casos de corrupción. Y la “Operación Edu”, que investiga la estafa multimillonaria en los cursos de formación de la Junta de Andalucía, implica ya a 250 imputados –con cuatro nuevas detenciones esta semana– sin que hayan concluido las investigaciones, que incluyen en uno de sus expedientes al marido de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, como profesor de los falsos cursos para parados.

La única dimisión que se ha producido es la de Eva Borox, la número tres de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid

El bisnes nacionalista y comunista

La fortuna multimillonaria del inatrapable Jordi Pujol –calculada en 3.000 millones de euros– estaría distribuida en una madeja de paraísos fiscales que incluye Suiza, Luxemburgo, Andorra, la isla de Jersey y las Antillas Holandesas. Entre los casos catalanes destacan “Palau”, “Adigsa”, “Innova” e “ITV” relacionados con Convergència Democràtica de Catalunya cuando formaba parte de CIU. En el País Vasco, el caso “De Miguel” se ha resuelto esta semana con 26 imputados, nueve de ellos exdirigentes y antiguos cargos del Partido Nacionalista Vasco, imputados por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. Al número dos del PNV de Álava se le piden 55 años de cárcel y 25 millones de fianza. Izquierda Unida está implicada en los casos “Tarjetas Black” y “Enredadera”, sin olvidar el asunto de los contratos de Tania Sánchez cuando todavía era diputada de IU por la Asamblea de Madrid. Y destaca el hecho de que Podemos –cuya campaña política se centra en denunciar la corrupción de los partidos tradicionales– acumule ya varias querellas pendientes y sea sospechoso de estar financiado por el Gobierno de Venezuela.

¿Dimisiones?

La única dimisión que se ha producido es la de Eva Borox, la número tres de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid que este jueves ha entregado su acta de diputada “para no perjudicar a su partido”, ya que podría estar involucrada en el caso “Púnica” por su relación de amistad con David Marjaliza. Parece evidente que los demás partidos tienen intención de seguir formando parte de la cleptocracia española que lleva casi cuarenta años llevándoselo crudo.


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