La tribuna de Adrià Pérez Martí

La descentralización que no quiere Mas ni Rajoy

La crisis ha removido algunas fuerzas que tratan de ampliar las estructuras y alcance de los Estados y el Poder político. En Europa, la manera de resolver las crisis de deuda soberana, especialmente la griega, ha hecho que algunas voces clamen por una mayor unión política, y que se avance hacia un Gobierno federal europeo. En nuestro ámbito patrio, la incapacidad de nuestros gobernantes y las propias deficiencias del diseño institucional, como el sistema de financiación autonómica, están siendo usadas también para tales fines. Por ejemplo, por el Gobierno de la Generalidad catalana que, tras el mantra nacionalista, trata de crear una Hacienda propia que cimente la hipotética implantación de un Estado catalán. Pero otras comunidades sin tamañas ínfulas nacionalistas, como la de Valencia, se están añadiendo y también reclaman su Hacienda propia.

El sistema de financiación autonómico es ciertamente defectuoso, crea incentivos perversos como desligar el gasto público del esfuerzo necesario para financiarlo, los impuestos

El sistema de financiación autonómico

El sistema de financiación autonómico es ciertamente defectuoso, crea incentivos perversos como desligar el gasto público del esfuerzo necesario para financiarlo, los impuestos. Hace que comunidades con una renta per cápita inferior a la media (Valencia) aporten más de lo que reciben, o que otras comunidades, como la extremeña o canaria, cuenten como unas de sus principales industrias la recepción de dinero del resto de comunidades.

Sin embargo, las críticas a favor y en contra de la modificación de este sistema suelen centrase en el gasto y en proteger esa capacidad de dispendio: debe preservarse la "solidaridad interterritorial" (es decir, proteger la capacidad de gastar más de lo que se ingresa), o bien, debe gastarse más porque se recauda más (de lo contrario, "[España] nos roba", "nos obligan a recortar", etc.). En cualquiera caso, la crítica más escuchada no es la protestar contundentemente contra el sistema por no permitir recaudar menos o bajar los impuestos.

Y es que la intención de Mas y sus colaboradores con la Hacienda propia catalana no es tratar de dar más libertad a los ciudadanos catalanes o incrementar escrupulosamente el respeto a la propiedad privada, sino transformar el Estado actual por el suyo propio, dotar a los políticos catalanes de una estructura de Estado.

La Hacienda propia... de Mas

La propuesta independentista de Hacienda propia y la smart region con smart taxes (sorprende que no les baste la lengua de Mercè Rodoreda o Espriu para referirse a 'región o impuestos inteligentes') no tiene por qué suponer un sistema fiscal, en lo esencial, diferente al actual español. Parece que quieran basarse en el sistema sueco, aunque no sabemos si lo que quieren importar de dicho modelo es el sistema de declaraciones cruzadas, es decir, una especie de chivatismo (valga la expresión) obligado e institucionalizado mediante el cual se convierte al ciudadano en el liquidador fiscal del otro, que suministra la información de cuánto ha ganado el prójimo, reduciendo la intimidad al mínimo y aumentando la desnudez del individuo ante el Estado y el burócrata.

El 'Govern' habla de usar las nuevas tecnologías para obtener más información, un control fiscal que no tiene por qué diferir del actual español, pero con la alarmante diferencia de que ese control recaería sobre los ciudadanos de manera más directa

El 'Govern' habla de usar las nuevas tecnologías para obtener más información, es decir, buscan un control fiscal que no tiene por qué diferir del actual español, pero con la notable y alarmante diferencia de que en el caso de una Agencia tributaria catalana ese control y su diseño recaería sobre los ciudadanos de una manera más directa, más cercana. Algo que, a mi juicio y en lo que se refiere a este punto, debería intranquilizar a todo catalán amante de la libertad y de su propiedad.

La descentralización ideal: las jurisdicciones concurrentes

Con todo lo anterior, lo que sí es cierto es que la propuesta de Mas de crear una Hacienda propia -o incluso las demandas recientes del gobierno valenciano-, aunque sea por motivos espurios como el de conseguir más Poder, oculta y confunde tras la bandera nacionalista lo que podría ser una excelente mejora del sistema de organización política actual: la descentralización.

Haciendo el casi imposible ejercicio de desligar la cuestión nacionalista de la propiamente hacendística, la división del Poder Fiscal permitiría a los ciudadanos tratar de reducir su factura fiscal. Cuantas más comunidades autónomas lo hicieran, tanto mejor porque reduciríamos el Poder Fiscal respecto al contribuyente. Parte de este juego puede observarse ya con la deslocalización de empresas con sede en Barcelona hacia Madrid, por cuestiones fiscales y de incertidumbre.

Pero para que esta descentralización fuera más efectiva, y descentralizara aun más el Poder, con un mayor respeto a la libertad de asociación individual a la comunidad política a la que se pertenece, esa descentralización debería hacerse mediante jurisdicciones concurrentes.

Hay diversos ejemplos actualmente, con sus aciertos e imperfecciones. La integración europea en sus orígenes se basó en esta idea, o los distritos especiales en EEUU, pero Suiza es un ejemplo más completo. El país helvético cuenta con una variedad de jurisdicciones funcionales y superpuestas que compiten entre sí. Jurisdicciones porque se rigen por el sistema democrático tradicional: autoridad legal sobre sus ciudadanos y poder impositivo. Funcionales porque cada jurisdicción (o unidad administrativa) se ocupa de una tarea. Superpuestas porque como no dependen de la geografía (sino de su función) pueden coincidir en un mismo ámbito o lugar. Y en competencia porque un ciudadano puede elegir someterse a una u otra, y pagar los impuestos correspondientes.

El suizo es un ejemplo muy superior a nuestro reino de taifas que además ha contado con el respaldo de la ciudadanía

Por ejemplo en Zúrich hay 171 comunidades compuestas por órganos democráticos que se dedican a funciones específicas, por ejemplo educativas (escuelas de primaria o institutos), sanitarias (responsables de los hospitales), de gestión del agua, cementerios, planificación regional, etc., con capacidad de imponer y recaudar tributos para financiar sus específicas actividades. Una estructura similar se da en otros cantones (Glarus o Thurgau, por ejemplo). El hecho de que hablemos de zonas tan delimitadas facilita esa competencia entre ellas: ya no hace falta que un ciudadano emigre de un país a otro para optar por otra jurisdicción, o de una comunidad autónoma a otra, puede hacerlo de una zona o ciudad a otra.

La situación ideal sería la de jurisdicciones más especializadas y sofisticadas que reducirían el coste de elegir entre ellas sin necesidad de alejarse del lugar de residencia en donde se ha tejido una valiosa red de relaciones personales y profesionales. El suizo es un ejemplo muy superior a nuestro reino de taifas que además ha contado con el respaldo de la ciudadanía que lo ha mantenido a pesar de los intentos centralizadores de algunos políticos autóctonos.

Desgraciadamente, los movimientos actuales tratan de crear y replicar estructuras de estado (de manera centralizadora -en el caso europeo- o descentralizadora -caso catalán-) porque se basan en la idea del Estado-nación (el control político de un territorio): crear un gran Estado europeo, o crear un mini Estado catalán, en lugar de definir la entidad política según la función o servicio a desempeñar.

Una mejor descentralización no debería contentarse sólo con desgajar trozos de un Estado fallido e ineficiente y replicarlos en mini Estados pequeños, o proceder a una división errónea y disfuncional entre una administración central y una regional, sino en transformar el inmenso sistema burocrático y político actual en unidades administrativas delimitadas en función de la tarea que deban realizar (seguridad en una determinada área, el control aéreo de aeropuertos estrechamente conectados, y otros múltiples supuestos), ya impliquen un ámbito más o menos extenso (no es lo mismo, actualmente, la defensa que la educación). Y tampoco el proceso descentralizador debería detenerse ahí. Ahondar en estas ideas debería llevar a la máxima descentralización jurisdiccional: que las tareas de las jurisdicciones pasaran a la sociedad civil (al mercado libre).

La nación es algo más cultural, social y "subterráneo" que lo que la política continuamente pretende manipular

Obviamente, esta idea no vendrá de la mano de los nacionalistas, pues choca frontalmente con esa idea de nación estatalizada y estatalizadora. En realidad, bajo este diseño institucional uno sería ciudadano de una jurisdicción u otra (como en el caso suizo). Y parece lógico, porque la nación es algo más cultural, social y "subterráneo" que lo que la política continuamente pretende manipular. Tampoco vendría de la mano del resto de políticos patrios con los que contamos. Tanto a unos como a otros esta propuesta de descentralización les restaría Poder y les exigiría mayor transparencia, centrarse más en la gestión y en su mejora, y más competencia entre ellos.

Conclusión

No estaría de más que esa disfunción del actual sistema de financiación autonómico actual y que algunos usan para ampliar sus áreas de Poder, sirviera, en realidad, para iniciar un debate hacia una ambiciosa descentralización en unidades administrativas en competencia dedicadas a funciones específicas con autonomía para su financiación. Evitaríamos entrar en disputas pasionales, divisiones sociales y daños incalculables de diverso tipo además de dejar de crear problemas donde no debieran existir, como ejemplifica el caso catalán de Artur Mas. Los obligados al pago de impuestos lo agradeceríamos con la posibilidad de elegir entre administraciones más eficientes y menos costosas, y con políticos más sujetos a nuestro control, y no al revés.


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