Juan Manuel Moreno-Luque

El fraude de las preferentes llega al Constitucional

Año y medio después de que una asociación (Activa Preferentes) creada para el estudio de los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada, y formada por víctimas de la estafa perpetrada con la emisión y comercialización de dichos instrumentos, presentara una querella criminal dirigida contra todos y cada uno de los responsables de emisiones de participaciones preferentes, así como contra todas las entidades que las habían emitido en concepto de responsables civiles subsidiarias, el fraude de las preferentes ha llegado al Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional tiene la oportunidad de pronunciarse por primera vez, que sepamos, sobre la técnica empleada en la Audiencia Nacional de vulnerar en racimo los derechos constitucionales para impedir el acceso a la jurisdicción. El alto Tribunal puede aclarar, asimismo, su doctrina sobre las condiciones que han de darse para que sea procedente el sacrificio del derecho de defensa.

El Juzgado Central de Instrucción nº 4 del que es titular Fernando Andreu negó durante más de diez meses el acceso a la jurisdicción de esa Asociación argumentando que debía interponer la acción popular cuando la Asociación en cuestión la había planteado en mayúsculas y negrita, para después negarle, de hecho y de forma definitiva, el acceso a la jurisdicción al decidir que dicho acceso se realizara bajo el control del partido político UPyD al que se debía ceder la postulación y dirección letrada y al que el magistrado había dado discriminado positivamente al admitir su querella en el plazo de dos meses.

Además, y esto es lo de menos, el magistrado impuso el pago de una desorbitada y arbitraria fianza diez veces superior a la impuesta por el juez Pedraz en el caso Oleguer Pujol. Y decimos que es lo de menos, no porque no sea grave imponer una fianza desorbitada a las víctimas de una estafa perpetrada por emisores insolventes, conforme han demostrado las autoridades financieras internacionales, sino porque nadie en su sano juicio va a depositar una fianza de 20.000 euros, en favor de quienes han ocasionado un quebrando a cientos miles de familias de 3.043 millones de euros y a los que se acaba de imponer una fianza de 16 millones de euros en la pieza separada de las diligencias por el "mal uso" de las tarjetas de crédito.

La Asociación se queja ante el Tribunal Constitucional de que las dilaciones indebidas sufridas en el Juzgado de Instrucción nº 4 le ha impedido conocer lo que estaba aconteciendo en la Audiencia en relación con los hechos investigados y, lo que es peor, le ha impedido hacer llegar sus planteamientos, argumentos y alegaciones en torno al objeto de la investigación y el Informe pericial aportado de dos de nuestros mejores especialistas en economía financiera, Lamothe y Pérez Somalo.

La Asociación demandante de amparo entiende que a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional, la cuestión jurídica que se plantea tiene una  especial trascendencia social y económica, a la vista de la sorprendente ignorancia y pasividad del Mº Fiscal y de la Audiencia Nacional sobre la relevancia penal de una estafa tan clara y de tan gran volumen.

En 2013, el Banco de España (BdE) fue acusado, en un infor­me de sus inspectores, de mirar para otro lado ante los indicios de criminalidad. La ceguera de los poderes públicos frente a los ele­mentos criminales del sistema no ha cambiado a día de hoy. La Audiencia Nacional, el 17 de diciembre de 2013, basándose en dos mini-informes, uno del Ministerio Fiscal y otro de la Comi­sión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), prohibió, en el caso Bankia, la investigación de los «cases de operaciones» y con ello ha respaldado un fraude piramidal que ha durado más de doce años.

Nada que ver con lo sucedido en EEUU con otro tristemente famoso fraude piramidal. En el caso Madoff, la Securities and Ex­change Commission (SEC) hace una autocrítica basada en la re­visión de sus actuaciones y documentos entre 1992 y el año 2009 (revisa 3.700.000 correos electrónicos, requiere la intervención de los mejores expertos en fraudes piramidales y en la reconstruc­ción de correos electrónicos, consigue 140 testimonios y celebra 122 interrogatorios).

Basándose en ambos mini-informes, la Audiencia Nacional despacha el asunto del fraude piramidal en dos folios manejando una información imprecisa, incierta, incompleta, poco fiable, par­cialmente verdadera y poco posible que me parece propia de una especie de lógica borrosa, según la definición de Zadeh, e igno­ra principios, paradigmas e hipótesis básicas de la economía finan­ciera, de la economía bancaria y de la contabilidad de nuestro tiempo.

Sin embargo, la Audiencia ordena investigar si para paliar, retrasar u ocultar de alguna manera dicho deterioro, las entidades querelladas, además de otras estrategias, uti­lizaron la emisión de participaciones preferentes como una manera de captar activos y disfrazar la situación de insolvencia en la que se encontraban. Esta investigación finalizó en 2012 con el diagnóstico del consultor externo bajo la supervi­sión de las autoridades internacionales para vergüenza de todos. ¿A qué se está esperando para juzgar a los responsables?

De la investigación resultó que los emisores insolventes tenían un valor liquidativo negativo de 114.013 millones de euros, lo que sirvió (ver para creer) para que, con el concurso del FROB (juez y parte), los emisores insolventes se apropiaran de 5.018 millones de euros de sus propias víctimas. Una es­pecie de causa general invertida contra el ahorro popular, y una aberración jurídica, financiera y política muy difícil de superar.

Esto no puede seguir así, los ciudadanos ya tienen suficiente con instituciones como la CNMV, el BdE o el FROB, siempre dis­puestas a traicionar el ahorro popular, y exigen una investigación seria de los responsables de la emisión y comercialización por presuntos delitos en el mercado y contra el mercado de capitales, sistemáticos y sistémicos, y que nuestros jueces y tribunales no den cobertura y legitimen el expolio de los ciudada­nos, desentendiéndose de la realidad social y económica de nuestro tiempo.


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