Juan Manuel Moreno-Luque

La fábula del FROB: ilusionistas, pregoneros y compadres

El fraude de las participaciones preferentes y de la deuda subordinada y la complacencia de los poderes públicos ante el mismo, son incompatibles con un Estado de Derecho y con nuestro modelo económico, y tienen que ser corregidos por los jueces y tribunales que han de obligar a devolver a sus legítimos propietarios los miles de millones de euros apropiados, con el concurso del FROB, por los bancos insolventes.

Si la emisión de participaciones preferentes y de deuda subordinada fue, después del hundimiento del mercado de híbridos, el nec plus ultra de las ocultaciones, artimañas y engaños, una constelación de delitos en el sistema y contra el sistema (delitos sistemáticos y sistémicos), el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha sido el nec plus ultra de la incompetencia y de la ignorancia intencional y el vehículo elegido, revestido de objetividad y aparato científico, para apropiarse, por “procedimientos pacíficos” y en apariencia legítimos, de miles de millones de euros del ahorro de las familias españolas.

Es sabido que la Comisión Europea, a propuesta del Banco de España (BdE) y el FROB, aprobó el pasado 20 de noviembre los planes (híbridos) de reestructuración/resolución de las cuatro entidades participadas por el FROB (Banco Financiero y de Ahorros, NCG Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia) y que el 20 de diciembre de 2012 aprobó los planes de reestructuración de las entidades ayudadas por el FROB (Caja 3, Banco Mare Nostrum, Banco Ceiss y Liberbank) tras las aprobación de los mismos por el BdE; unos y otros planes incluían la obligatoria absorción de pérdidas por parte de los tenedores de las participaciones preferentes y deuda subordinada.

El FROB reconoce que “el correcto cumplimiento de los planes” implicó tomar “decisiones socialmente complicadas” a lo largo de 2013, especialmente en lo relativo a los ejercicios de conversión de híbridos y planteamiento de expedientes de regulación de empleo, y que la promulgación de un Real Decreto de "protección de los titulares de determinados productos de ahorro” obligaba a las entidades participadas por el FROB a ofrecer determinados mecanismos de arbitraje.

Pues bien todo ha supuesto, según mis estimaciones, la apropiación -cuya idoneidad y contenido justificó comparando cifras y fechas incomparables- de 5.566 millones de euros, correspondientes a 164 emisiones con un saldo vivo de 13.107 millones de euros. No me ha sido posible conocer el volumen de las restituciones vía arbitraje pues es uno de los secretos que mejor guardan, si bien reconocen que más de 150.000 familias han quedado fuera de la solución arbitral. Para justificar este resultado, el FROB ha partido de dos premisas falsas. Su ignorancia, sin embargo, era y es intencional pues estaba y está en el epicentro de la hecatombe.

Primera fábula

La primera fábula es que el sistema bancario español no solo era "el mejor del mundo" y "el mejor supervisado" sino que, además, era inmune frente a la crisis. Todo ello amparado en los decretos del gobierno y en las  circulares y los informes de estabilidad del BDE. No tuvo inconveniente, por tanto, el FROB, en tomar decisiones y aceptar valoraciones con informaciones financieras contrarias a toda razón contable y al sentido común. Apoyó fusiones calientes y frías (SIP), a las que aportó 8.697 millones y perdió 6.877, apoyó la creación de bancos insolventes en los que tomó participación y en los que registró 28.553 millones de pérdidas. Días, meses y años de pasividad y de deterioro. Mantuvo la fábula hasta que se necesitó solicitar un préstamo a la UE de 100.000 millones de euros, que al final quedó, sin que se haya explicado el por qué de la diferencia, en unos escuetos 39.000 millones de euros. Nada del otro mundo si se piensa que el sobrecoste que pagamos anualmente por la deuda es de 24.500 millones de euros.

Segunda fábula

La segunda fábula es que la troika, el Memorando de Entendimiento (MoU) y la legislación que lo desarrollaba obligaban a la absorción de pérdidas por las participaciones preferentes y por la deuda subordinada en todo caso, aunque fueran atípicas y simuladas e incluso, incursas en fraude en su emisión y colocación. El FROB aplicó indebidamente la ley 9/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito, pues sus resoluciones no justifican, para empezar, que la depreciación se reconocía en los folletos o documentos de oferta suministrados en relación con los instrumentos, algo imposible de justificar puesto que la absorción de pérdidas sólo se reconocía en caso de liquidación de los emisores cosa que, además es imposible, porque los emisores se integraron en bancos insolventes  con el apoyo del FROB y la bendición del BDE, quien los consideró consistentes y viables.

Pero eso no es todo. El FROB no desconocía la profundidad y el alcance del fraude, la naturaleza jurídica y financiera de las "participaciones preferentes" y de la deuda subordinada colocadas en España, no desconocía que antes del hundimiento del mercado de híbridos estaban asociadas a un esquema financiero piramidal que anulaba los precios del mercado y su eficiencia informacional, y no desconocía que después del hundimiento del mercado de híbridos estaban asociadas a una crítica situación de liquidez y a los riesgos que afectaban a un sistema bancario en buena parte insolvente. Tampoco desconocía que las emisiones de participaciones preferentes y de deuda subordinada se colocaron entre clientes minoristas de la propia red de sucursales del emisor a precios muy fuera de mercado.

Decisiones

Así las cosas, el FROB tendrá que justificar en sede judicial, entre otras, las siguientes decisiones:

La primera, por qué el FROB tardó cinco años, en un contexto de alto riesgo sistémico, en tener un diagnóstico, llevado a cabo en menos de tres meses, sobre el sistema bancario español, mejor dicho, de los activos del sistema bancario español, diagnóstico que, por cierto, se realizó partiendo del deficiente cierre del ejercicio contable de 2011 y pagando 31 millones de euros al consultor externo financiero internacional que actuó bajo la supervisión de las autoridades financieras internacionales por la falta de credibilidad de las autoridades españolas. Para que se hagan una idea de lo que representan los 31 millones de euros pagados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) (hoy seco) piensen que el sueldo de los 427 funcionarios de la CNMV fue de 26 millones de de euros en 2012

La segunda, por qué el FROB decidió la apropiación de 5.566 millones de euros de las familias tenedoras de las 164 emisiones de las cajas que se integraron, con el apoyo del FROB en bancos insolventes, sin realizar estudio alguno sobre la validez de dichas emisiones; estudio que tampoco realizaron las autoridades de la competencia comunitaria, que tanta competencia se han atribuido (en el doble sentido de la palabra), en nuestra crisis bancaria, ni en el estudio de impacto que se realizó con ocasión de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2012, por la que se establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas de inversión (pendiente de aprobación).

La tercera, por qué el FROB decidió no prestar al FGD los fondos necesarios para que participara en estas últimas recapitalizaciones de las entidades, contribuyendo a las reestructuraciones/resoluciones. La propuesta de Directiva establece que el sistema de garantía de depósitos a que esté afiliada la entidad se haga responsable hasta la cantidad de pérdidas que habría tenido que soportar en un procedimiento de insolvencia ordinario. El grado en que el sistema de garantía de depósitos participa en la resolución afecta, si no varían los demás factores, al nivel de financiación requerido por las otras dos fuentes disponibles, los mecanismos de financiación y los acreedores sin garantía.

Tenemos que oponernos, como decía LYOTARD (La condición posmoderna, Informe sobre el saber), a la metafísica de los poderes públicos y a las fábulas que continuamente divulgan, y obligar a los "decididores", con espíritu claro y voluntad fría a asumir las reglas a las cuales dicen someterse. Tenemos que sacar a la luz las funciones pragmáticas del saber y del sentido común, y situar a los ilusionistas, pregoneros y compadres de nuestro tiempo bajo el criterio de la eficiencia que es, precisamente, el que falta y lo que deslegitima el caótico proceso de reestructuración del sistema bancario español.

Pero esto no es todo. Hay muchísimo más.


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