Juan Manuel Moreno-Luque

El escándalo de la exclusión de los prejubilados de las comisiones de control de los planes de pensiones

De la inconstitucionalidad a la desobediencia

La brutalidad de las reformas estructurales y de la reestructuración del sistema financiero ha traído como consecuencia el espectacular incremento del número de partícipes en suspenso de los planes de pensiones (prejubilados) que han pasado de 147.000 en 2008 a 1.159.000 en 2013 y la correlativa disminución del número de partícipes en activo, de 1.792.000 en 2008 a 980.000 en 2013.

La sentencia del TC no admite dudas serias. Declaró que la diferencia de trato entre los trabajadores en activo y los prejubilados, cuyas aportaciones siguen siendo muy importantes, no era ni justificada ni razonable

Tan espectacular movimiento en el empleo de más calidad –ya sólo representa un 5,7% de la total población activa– pone de relieve la importancia de la sentencia 128/2010, de 28 de noviembre de 2010, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de los preceptos que producían la exclusión de los prejubilados en el proceso de nombramiento de sus representantes en la comisión de control del plan. También multiplica la gravedad, a la luz de la Constitución Española (CE) y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, del incumplimiento al día de hoy de lo ordenado por dicha sentencia puesto que todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el TC resuelve.

La sentencia del TC no admite dudas serias. Declaró que la diferencia de trato entre los trabajadores en activo y los prejubilados, cuyas aportaciones siguen siendo muy importantes, no era ni justificada ni razonable. La lógica de los sindicatos, que se justifica en la potenciación de la negociación colectiva como fuente y escenario de los planes de pensiones de empleo, no justificaba la exclusión de todo un colectivo de partícipes que no pueden designar por sí mismos a ninguno de los miembros que han de representar sus intereses específicos por el mero hecho de no hallarse en activo en la empresa. El TC concluía, por tanto, que tal lógica suponía una vulneración del derecho de igualdad que consagra el artículo 14 de la CE y declaraba la nulidad de parte del artículo 7.2 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones.

La reacción contra la sentencia no se hizo esperar. Según se dice en un informe de Comisiones Obreras de junio de 2011, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) del Ministerio de Economía y Hacienda expresó, en la contestación a una consulta planteada por Comisiones Obreras, UGT y la CEOE el 4 de abril de 2011 y resuelta dos días después, su solidaridad con el criterio de las referidas organizaciones.

En el informe se reconocía el total consenso entre el Gobierno y los sindicatos, el profundo desacuerdo con el contenido de la sentencia y la necesidad de llevar a cabo una reforma normativa que limitara los efectos lesivos de la sentencia sobre los intereses de las organizaciones sindicales creyendo, que en un gran número de casos, esta regulación concertada permitiría mantener sustancialmente el statu quo sin cambios o cambios de menor alcance.

No cabe duda que lo pretendido con la modificación de 2011 por las organizaciones sindicales y el Gobierno de la nación, neutralizar los efectos de la sentencia manteniendo la discriminación de los prejubilados y el monopolio de los sindicatos

No cabe duda que lo pretendido con la modificación de 2011 por las organizaciones sindicales y el Gobierno de la nación, neutralizar los efectos de la sentencia manteniendo la discriminación de los prejubilados y el monopolio de los sindicatos, ha sido plenamente conseguido pues al día de hoy los prejubilados no son, en la práctica, ni electores ni elegidos y siguen excluidos de las comisiones de control de los planes de pensiones.

Ha dicho Calamandrei que la legislación puede llenarse de plomo o de oro. Aquí se llenó de plomo.

Es sabido que el derecho a la tutela judicial efectiva no se agota en la obtención de una resolución fundada en derecho. También incorpora el derecho a la ejecución de la decisión de fondo que haya sido dictada por el tribunal. El TC ha dicho que el art. 24 CE incorpora el derecho a que las resoluciones alcancen la eficacia otorgada por nuestro ordenamiento conforme a la Convención Europea de Derechos Humanos así como a la jurisprudencia elaborada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Algo elemental.

En el caso que nos ocupa diversas e importantes asociaciones de prejubilados entienden que se ha producido un injustificable caso de desobediencia que navega por el peligroso filo del derecho penal pues la regulación pergeñada por la DGSFP y las organizaciones sindicales sigue violando el derecho de igualdad porque exige para la apertura del proceso electoral un porcentaje tan importante como inalcanzable (un tercio del 20% del total de miembros de planes de pensiones) y porque continúa sin garantizar la aplicación del principio democrático (proporcionalidad entre el número de miembros de las comisiones de control y el total de partícipes y beneficiarios de los planes de pensiones).

Los prejubilados, ante la persistencia de tan escandalosa discriminación, no piensan aceptar el papel de Sísifo, a quien los dioses condenaron a empujar eternamente una roca hasta lo alto de una montaña desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso, y están promoviendo, y promoverán, cuantas acciones sean necesarias para que el derecho de igualdad sea respetado, y esperan que ello suceda de forma inmediata en la próxima ley de planes y fondos de pensiones, en tramitación parlamentaria.

Como ha señalado el TC, el funcionamiento y la ejecución de los planes de pensiones del sistema de empleo se encuentran sometidos a la supervisión de una comisión de control creada al efecto, a la que se atribuyen una serie de importantes funciones que evidencian su trascendencia en el seno del plan y justifican que la propia ley prevea una composición representativa de todos los intereses en juego: promotor, partícipes y en su caso, beneficiarios.

No hay razón alguna para que persista esta anomalía democrática. Estamos hablando de los derechos de más de 1 millón de prejubilados

No hay razón alguna para que persista esta anomalía democrática, y menos, en estos momentos críticos para el mercado de trabajo y el sistema financiero en el que los fondos de pensiones del sistema de empleo, que se desenvuelven con muchas dificultades, deben estar sometidos a un riguroso y democrático control. Estamos hablando de los derechos de más de 1 millón de prejubilados.

El Gobierno y las organizaciones sindicales se deberían preocupar de defender y potenciar el empleo de calidad y no de restringir los derechos constitucionales de los prejubilados afectados por la destrucción de empleo.


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba