Juan Manuel Moreno-Luque

Estado de derecho o Estado de deshecho

¿Debe beneficiarse la infanta de la doctrina Botín?

En este artículo sostengo que en el caso de que se produzca un vacío institucional porque hagan mutis por el foro el Mº Fiscal y Abogado del Estado, la doctrina Botín no debe ser aplicada en beneficio de la Infanta Cristina sin que se promueva previamente una cuestión de constitucionalidad conforme al artículo 163 de la Constitución Española.

Dicho artículo ordena que "cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos."

La Infanta Cristina no debería evadir el juicio oral utilizando artimañas propias de un Estado de deshecho que no de derecho. En efecto, como dijo el Magistrado Maza Martín, en uno de los seis memorables votos particulares que discrepan de la sentencia (STS 1045/2007, de 17 de diciembre), la doctrina Botín  consiguió lo que ni los largos periodos de falta de libertades que se han sucedido, para nuestra desgracia, en España desde 1882 consiguieron demoler la facultad que constitucionalmente tenemos reconocida todos y cada uno de los ciudadanos en nuestro país de participar eficazmente en la Justicia Penal a través del ejercicio de la acusación popular, un instituto de extraordinaria profundización en los valores democráticos, precisamente a través de lo que constituye lo más realista y efectivo de tal sistema, que no es sino la participación del ciudadano, de la forma más directa posible, en lo público.

El TC desde su sentencia 62/1983 de 11 de julio, reconoció la conexión entre el ejercicio de la acción popular (art. 125 CE) y el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE); afirmando con posterioridad que una interpretación restrictiva de "las condiciones constitucional y legalmente establecidas para el ejercicio de la acción popular" puede reputarse contraria al derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), dado que la acción popular constituye un medio de acceso a la jurisdicción.

Pero el TC, si bien se ha pronunciado sobre la acusación popular, no lo ha hecho sobre la doctrina Botín pues no tuvo oportunidad de hacerlo, ya que los beneficiarios de dicha doctrina, ante un inminente fallo que debieron "adivinar" desfavorable, convencieron a la acusación popular para que desistiera del recurso de amparo que había entablado contra tal doctrina.

No es ocioso recordar que la doctrina Botín (una contradicción en sus propios términos) no cayó del cielo como una tormenta de verano sino que se fraguó para liberar del banquillo a cuatro ilustres banqueros, Emilio Botín, Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso, y a 28 de sus clientes, después de una larga y complicada tramitación procesal que duró 25 años, y en la que se dieron toda suerte de atipicidades. El Mº Fiscal cambió llamativamente de actitud y el Abogado del Estado, renunció al ejercicio de la acción solicitando uno y otro, ad nausean, el archivo de las actuaciones. El día 1 de julio de 2004 una de las acusaciones populares, la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes, formuló ante el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional su escrito de acusación, mediante el cual solicitaba la apertura de juicio oral contra tan ilustres banqueros y contra 28 de los clientes del banco.

En el escrito se acusó a los cuatro imputados bancarios de cooperación necesaria en una treintena de delitos contra la Hacienda Pública cometidos en el ejercicio 1989, además de un delito continuado de falsedad en documento oficial por presentación de documentos falsos ante la Inspección tributaria y tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil como consecuencia de la simulación de contratos de cesión de crédito, de la elaboración de cartas falsas atribuyendo titularidades ficticias a testaferros y de la creación de una documentación falsa para imputar incrementos de patrimonio a ejercicios prescritos. En el mismo escrito de acusación se solicitaba para cada uno de los imputados pertenecientes al Banco Santander un total de 180 años de prisión (36 penas de cuatro años cada una por otros tantos delitos fiscales, una pena de nueve años por el delito continuado de falsedad en documento oficial y tres penas de nueve años por los delitos continuados de falsedad en documento mercantil. Además, se pedía para cada uno de ellos una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas) por los delitos fiscales, más una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas) equivalente al perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública.

A su vez Iniciativa Per Catalunya, la otra acusación popular, formuló su escrito de acusación, en el que, según nota de prensa publicada el 22 de julio de 2004, pidió para cada uno de los acusados 36 penas de tres años de prisión cada una y una multa de 46.242.233,92 euros como autores de otros tantos delitos contra la Hacienda Pública, más ocho años de prisión y una multa de 5.000 euros como autores de un delito continuado de falsedad mercantil, además de una condena solidaria de indemnización a la Hacienda Pública por 6.091.905,18 euros, importe a que ascendían las cuotas defraudadas.

Así las cosas, la doctrina Botín se convirtió en un puerto seguro de la delincuencia política y financiera pues, como dijo el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez, expulsa a la acusación popular cuando más se necesita. Un inexplicable caso más de esquizofrenia procesal para unirse a la cada vez más crecida lista de supuestos de esta clase que va ofreciendo paulatinamente nuestro fragmentado ordenamiento y que, por desgracia, imposibilita el enjuiciamiento y condena de gravísimos hechos cometidos en este país.

Pero eso no fue todo. El magistrado nos dijo en su voto particular que la acción popular es una institución benemérita, esencial para suplir vacíos -nada hipotéticos- de iniciativa institucional en la persecución penal, cuya relevancia como factor de "salud pública" justifica el trato dado a la misma por el legislador histórico y por el constituyente y que de su rendimiento habla toda una nutrida fenomenología empírica, histórica y actual, acreditativa de la, tan demostrada como indeseable, universal exposición y permeabilidad del Ministerio Público a las sugestiones y contingencias de la política, en perjuicio de la (que debería ser) exclusiva sujeción a la legalidad.

Envolver a la Infanta en la doctrina Botín sin cerciorarse de la constitucionalidad de la misma no ayudaría a la regeneración de nuestro Estado de Derecho, que no admite ni más trampas ni más demoras.


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