Juan Manuel Moreno-Luque

Pregunte a su banco cómo un fondo sin fondos puede garantizar sus depósitos

Pregunte en su banco cómo el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), un fondo sin fondos, puede cumplir las funciones que le asigna el ordenamiento, la función de garantía de depósitos y valores (hasta 100.000 €) y la función de reforzamiento de la solvencia y funcionamiento de las entidades (la mal llamada función de resolución). Ambos objetivos contribuyen, nos decían, al principio esencial de que sea el propio sector financiero quien asuma los costes ocasionados por su saneamiento y recapitalización (lo que no se ha hecho ni parece que se vaya a hacer), con el fin de que el conjunto de reformas no suponga coste para el erario público, en definitiva, para el contribuyente.

La Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos obliga a  los Estados miembros a velar por que las entidades de crédito pongan a disposición, de forma fácilmente comprensible, de sus depositantes reales y potenciales la información necesaria para identificar el sistema de garantía al que pertenecen la entidad y sus sucursales.

La propuesta de Directiva de 6 de junio de 2012, por la que se establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas de inversión establece que el sistema de garantía de depósitos a que esté afiliada la entidad se haga responsable hasta la cantidad de pérdidas que habría tenido que soportar en un procedimiento de insolvencia ordinario. El grado en que el sistema de garantía de depósitos participa en la medida de resolución afecta, si no varían los demás factores, al nivel de financiación requerido por las otras dos fuentes disponibles, los mecanismos de financiación y los acreedores sin garantía.

El BCE aboga porque se garantice la seguridad jurídica, definiendo claramente la función de los sistemas de garantía de depósitos en la financiación de la resolución, con independencia de qué instrumento de resolución se escoja y de cómo se apliquen las medidas.

Rumbo a lo peor

En 2009 el Gobierno justifica la creación del FROB (con fuerte presencia del FGD en la junta rectora) en el hecho de que los FGD de Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito, junto al BDE,  a pesar de ser de "los mejor dotados" de la UE (en 2009, no ahora, desde luego), no podrían afrontar una situación que no puede calificarse de normal. Era evidente que el FGD no tenía capacidad para hacer frente a las pérdidas que ocultaba el sistema bancario español ni para abordar su necesaria  reestructuración. Su patrimonio era insuficiente. Las ayudas del FGD a la reestructuración alcanzaron los 13.356 millones € (3.642 para CCM, 7.895 para la CAM y 1.819 para Unnim) y la aportación al FROB 2.250 millones €, lo que da un total de 15.606 millones €. Pero es que, además, hay que contabilizar una ayuda adicional comprometida en los esquemas de protección de activos cuya pérdida estimada es 7.583 millones €.

En 2011, en pleno autobombo y triunfalismo del statu quo bancario, se publica un RD-ley para la revisión del sistema español de garantía de depósitos en el que, se nos dice, la revisión no resulta ajena al contexto y la evolución de nuestro sistema financiero sino que, todo lo contrario, tiene lugar en el momento de culminación de la  más importante reestructuración financiera de nuestra historia democrática, pues nos encontramos ante un momento culminante siendo el RD-ley el elemento de cierre y garantía de coherencia interna del conjunto de reformas. Estábamos en el abismo: en 2012 se reconoce la crítica situación de nuestro país y el MoU, entre otras cosas, obliga a un diagnóstico sobre los activos bancarios de un consultor independiente externo internacional bajo la supervisión de autoridades internacionales y prohíbe la presencia del FGD en la junta rectora del FROB por la serie de conflictos de intereses que representaba.

Patrimonio neto negativo

La memoria del FGD produce escalofríos. Veamos. La Comisión Gestora del FGD, en sesión de 30 de julio de 2012, aprobó sus cuentas correspondientes al ejercicio comprendido entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre de 2011, cuyo balance de situación muestra a esa última fecha un patrimonio neto negativo de 2.025,51 millones € (también negativo en 1.247,48 millones € a 31/12/2012).

En la misma sesión, al objeto de restaurar la suficiencia patrimonial del FGD, la Comisión Gestora también acordó una derrama a cargo de las entidades adheridas por importe nominal de 2.346 millones €, distribuida según la base de las aportaciones a 31 de diciembre de 2011, que se habrán de pagar por cada entidad mediante diez cuotas anuales iguales, con pagos anuales totales por 234,6 millones €, que se abonarán el mismo día en que se satisfagan las aportaciones anuales ordinarias, pudiendo cada entidad adscrita deducir tal pago de la aportación ordinaria anual que en su caso satisfaga en esa misma fecha y hasta el importe de dicha aportación ordinaria.

Al cierre del ejercicio 2011, el FGD, con un patrimonio negativo, tenía obligación de garantizar el 65,29% de los 1.213.656 millones € de depósitos y valores del sistema, es decir, 792.396 millones €. Sin embargo la base de cálculo de las aportaciones es 923.759 millones € pues el FGD se nutre con el 2 por mil, solamente de los depósitos, no de los valores, a los que se extiende su garantía. Habida cuenta de que su equilibrio patrimonial lo alcanzará dentro de diez años a base de las derramas acordadas y que estas derramas se descuentan de las aportaciones, el FGD no es previsible que disponga de un solo euro para cumplir sus funciones.

La ley 9/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito, nos dice que el plan de resolución deberá recoger, entre otras cosas, las medidas de apoyo financiero que vaya a implementar el FGD conforme a la normativa correspondiente. A estos efectos, el FROB, conforme al principio de utilización más eficiente de los recursos públicos, podrá otorgar financiación, en condiciones de mercado, al FGD a fin de que este pueda acometer las funciones que tiene atribuidas.

Todo esto está muy bien, pero me pregunto por qué el FGD ha estado ausente en las últimas resoluciones bancarias, las del 20 de noviembre de 2012 (Banco Financiero y de Ahorros, NCG Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia) y en las últimas reestructuraciones, las del 20 de diciembre de 2012 (Caja 3, Banco Mare Nostrum, Banco Ceiss y Liberbank), cuando el FROB ha obligado a los tenedores de participaciones preferentes y de deuda subordinada a contribuir a la hecatombe con 5.566 millones € -según nuestras estimaciones-, algo que no ha hecho el FGD. Veamos.

Bien es verdad que el FGD puede pedir prestado al FROB a precios de mercado, pero lo que se ha hecho, en cambio, es pedir ayuda financiera a la UE, que nos ha prestado 39.000 millones €. Por tanto, la situación es más que inquietante pues, suponiendo que se autorizaran, en caso necesario, las ayudas públicas al FROB por parte de las autoridades de la competencia, habrá que preguntarse qué tipo de interés es el del mercado cuando se presta a una entidad insolvente que cumple con ayuda pública los compromisos de otras entidades insolventes. Vaya manera de entender el principio de utilización más eficiente de los recursos propios.

A la vista de la desconfianza que existe en los ciudadanos en relación con el statu quo bancario (supervisores y supervisados), de las atrocidades burocráticas perpetradas en la reestructuración de nuestro sistema por el FROB, (por la acción de gestión contra los tenedores de participaciones preferentes y de deuda subordinada), de las  dificultades hoy insolubles para la creación de una unión bancaria fuerte, de las tareas pendientes de la economía bancaria (por todos, Bhattacharya Boot and Thakor, 1995) en relación con la fragilidad de los bancos, y la necesidad de evitar el pánico bancario, es necesaria una urgente explicación de los poderes públicos sobre lo que pasa con el FGD y con el FROB. La solidez y futuro de nuestros bancos es muy difícil (resultados, capital, provisiones, endeudamiento). No más sorpresas, por favor.


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