Juan Manuel Moreno-Luque

Ana Patricia Botín y los cambios de paradigma

No ha hecho falta esperar mucho tiempo desde su nombramiento como presidenta de Banco Santander para que Ana Patricia Botín haga autocrítica y reconozca (en un artículo, La función de la banca, que deja muchísimos interrogantes) que la magnitud de los desafíos a que se enfrentan actualmente los bancos no tiene precedentes. La reputación de los bancos está por los suelos y se pretende articular regulaciones que eviten los recientes y costosos desastres. Lo malo es que es también está por los suelos la reputación de los reguladores y supervisores, y el presidente de la FED de Nueva York, William Dudley (antiguo socio de Goldman Sachs), ha tenido que salir al paso varias veces en el mes de septiembre por las denuncias de una funcionaria de la FED, Carmen Segarra, sobre la ceguera de los supervisores en relación con determinadas operaciones en una de las cuales están implicados Goldman Sachs y Banco Santander.

En efecto, la brutal crisis financiera, social, política y constitucional originada por el colapso de los bancos y de los mercados ha supuesto, entre otros, un cambio de paradigma en la identificación y gestión de los riesgos asociados a las entidades financieras globalmente sistémicas que se han convertido en un quebradero de cabeza.

En su primera junta, sin embargo, despreció este desafío. El Santander en sus informes había considerado como un foco de riesgo las medidas que reguladores y autoridades competentes están diseñando para evitar futuras crisis y mitigar, en su caso, sus efectos. Es doblemente preocupante. Primero porque nadie tiene dudas serias de que es necesario tener disponibles herramientas más poderosas para la identificación de riesgos y, segundo, porque no es suficiente con replicar las medidas establecidas por los reguladores y las autoridades competentes sino que son los propios bancos los que han de adaptar las medidas a sus necesidades y a su realidad específica.

El documento de la Reserva Federal de agosto 2013 (Capital Planning at Large Bank Holding Companies: Supervisory Expectations and Range of Current Practice), subraya  que son los bancos los que deben elegir su propio modelo de identificación y gestión de riesgos y que no es buena práctica diseñar un proceso de planificación interno de capital que simplemente busque ser el reflejo de las pruebas de resistencia de la Reserva Federal. El documento identifica las prácticas que la Reserva Federal considera más débiles y, en algunos casos, inaceptables y que, por lo tanto, necesitan una mejora significativa. Por otra parte, la Reserva Federal exige que las mejores prácticas continúen evolucionando a medida que haya nuevos datos disponibles, que las condiciones económicas cambien, que los nuevos productos y negocios introduzcan nuevos riesgos y que las técnicas de estimación avancen.

En un informe de marzo de este año la Reserva Federal comunicó los resultados de las pruebas de estrés realizadas a 30 grandes holdings bancarios, cinco de las cuales, entre los que se encontraba la filial de Estados Unidos del Santander, no pasaron el test. No es una buena noticia.

La Reserva Federal se opuso al plan de capital del Santander debido a deficiencias generalizadas y significativas observadas en el proceso de planificación de capital. Se identificaron deficiencias en diversas áreas que incluían gobierno corporativo, controles internos, identificación y gestión de riesgos, gestión del sistema de información, y en los supuestos y análisis en que se apoyaba el proceso del plan.

Las deficiencias detectadas, de naturaleza cualitativa, eran suficientemente importantes para cuestionar la fiabilidad global del plan y obligan a presentar uno nuevo antes del 5 de enero de 2015. A los clientes del Santander la Reserva Federal no les enseñó nada nuevo. Conocían las debilidades del Banco en la evaluación, gestión, control interno y apetito de riesgo, y en los planes de viabilidad y de resolución. Su talón de Aquiles.

Hasta el año 2011 no se trata, por ejemplo, en capítulo aparte y de forma coherente en los informes de gestión de riesgos, en los informes con Relevancia Prudencial, y en las notas de los informes de auditoría de las cuentas anuales, los riesgos de liquidez y financiación, esenciales en los mercados de capitales. Así las cosas, no es de extrañar la producción y venta de productos de naturaleza piramidal como el Santander Banif Inmobiliario, en el que quedaron atrapadas 50.000 familias.

En el Santander Banif Inmobiliario, el primer fondo por activos del país, más de cuatro mil millones de euros, que era gestionado por el responsable de la División de Riesgos del Grupo, no existía nada que se pareciera a un modelo de identificación y control de riesgos y, menos, a un plan de resolución. Como las comisiones (más de 800 millones de euros) absorbían todos los ingresos del fondo, los reembolsos tenían que pagarse con suscripciones y con la venta de activos. La caída de aquéllas y la imposibilidad de éstas, pues no reflejaban los precios de mercado, produjeron el colapso del fondo.

El Santander había vendido el fondo como un producto de perfil conservador y de riesgo bajo cuando era un fondo complejo y de alto riesgo que situó a los partícipes en el epicentro de una burbuja especulativa que el banco alentó.

El Santander Banif Inmobiliario no fue un caso aislado. Errores en la identificación y gestión de riesgos que originaron importantes quebrantos en los clientes (y al propio banco) se han dado en los casos Maddoff, Lehman, acciones austriacas, bonos islandeses, productos estructurados, fondos de inversión y de pensiones, así como operaciones de capital como Valores Santander, las ofertas públicas de venta en Brasil y en los Estados Unidos y la suscripción y venta de préstamos non prime de automóviles desde 2007 (investigada por el departamento de justicia de Estados Unidos desde agosto). A esto habría que añadir los miles y miles de millones de euros que los errores del banco desvelados por la crisis han costado a los accionistas en forma de saneamiento y reconstrucciones de capital por negar la burbuja inmobiliaria.

Diferentes informes documentan el brutal expolio del ahorro popular que han sufrido los clientes del Santander, que Ana Patricia Botín, en su primera junta sin duda mal asesorada, dio por bueno argumentado que la justicia, la misma que consagró la doctrina Botín o que ha llegado a decir que los supervisores no tienen un deber jurídico que cumplir con las funciones que la Ley les encomienda, estaba bendiciendo la venta de productos tóxicos cuyos riesgos ni el mismo Santander entendía.

Tal argumento es inaceptable. Para empezar, quedan muchos asuntos por resolver y, además, que determinadas resoluciones judiciales consideren suficiente la información sobre los riesgos dada por el Santander a los inversores no avala, en modo alguno, el marco conceptual de identificación y gestión del riesgo del Grupo. La justicia española hace lo que puede, que es muy poco, en su lucha contra la corrupción sistémica (avalada por el sistema), y contra los crímenes en y contra el mercado, por lo que la tutela judicial efectiva de los ciudadanos estafados en los mercados de capitales españoles es extremadamente débil.

Esto no puede seguir así y no va a seguir siendo así. También en la justicia se va a producir un cambio de paradigma.


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