Godivaciones

La integridad del vigilante y el cumplimiento de la norma

Uno de los temas más agradecidos de explicar en políticas públicas es el problema llamado del Principal y el Agente. Estudia la típica situación de riesgo moral (o moral hazard) aplicado al comportamiento del gobierno y de las empresas. Los alumnos entienden perfectamente la tentación del vigilante de llegar a un acuerdo con el vigilado en cuanto les cuento un caso real de una niña de once años que le cuenta a su madre que esa mañana, en el colegio, la profesora ha tenido que salir de clase y ha dejado a una alumna encargada de apuntar a los charlatanes. La niña protagonista, inquieta y parlanchina, fue apuntada en la lista y la vigilante tuvo que ponerle tres cruces porque no paraba de hablar con el compañero. Viendo la cara de enfado de su madre, y antes de que ésta pudiera decir una palabra, la niña explicaba que consiguió que la borraran de la lista. Ofreció regalices rojos a la vigilante y todo resuelto. Todos tenemos un precio. Mis alumnos se ríen pero entienden de inmediato que si un niño se ve tentado a pactar con el vigilante, cómo no va a suceder esto entre empresas, reguladores y gobernantes. Cambiamos las golosinas por dinero y privilegios y ya tenemos el Problema de la Agencia o Problema del Principal y el Agente.

La vigilancia ¿pública o privada?

Vigilar al vigilante es un ancestral problema que no nos hemos inventado ahora. Pero desde la aparición de nuestros modernos estados democráticos la organización de la vigilancia aparenta ser más problemática.

¿Debe haber un organismo regulador de la competencia? ¿Son eficientes los organismos encargados de vigilar el adecuado suministro de energía? ¿Sería preferible contratar a una auditoría externa independiente de los partidos políticos? Todas estas preguntas siguen derivando en serias polémicas en las que los partidarios de una u otra opción discurren buscando el beneficio de la sociedad. Nadie quiere que los mercados no funcionen (excepto en casos de ignorancia aguda), o que la población que paga sus impuestos no reciba un adecuado suministro de luz y agua. Todos queremos que los euros que los ciudadanos (Principal) pagan al Estado, a la fuerza o con ingenua alegría, sirvan para que los servicios delegados en manos del Estado (que es Agente de los ciudadanos y el Principal de los reguladores y auditorías) sean provistos en condiciones.

Nuestro Tribunal de Cuentas es famoso por revisar las cuentas públicas con 5 años. Y ahí está, con su enorme agujero financiero, funcionando

Las consecuencias de que los vigilantes incumplan, sea el Tribunal de Cuentas, sea la auditoría privada ya desaparecida Arthur Andersen, son muy graves. Por eso es tan importante dilucidar qué titularidad, pública o privada, es mejor. La mayoría de las personas que conozco tienen mucha más fe en la vigilancia pública que en la privada. Es una postura perfectamente respetable. Pero no se basa en la evidencia, sino en la fe. Porque la realidad es que la traición, el engaño y el robo son vicios humanos, no institucionales. Y, en definitiva, para evitar los Problemas de Agencia hay que diseñar incentivos adecuados. Incentivos que tocan la motivación de seres humanos, de personas cuya naturaleza o moralidad no cambia si trabajan para el Estado o para la empresa privada. Lo que sí varía es el número de oportunidades que se le presentan al vigilante en uno y otro ámbito. Dicho en castizo, el inmoral trinca en cuanto tiene oportunidad a menos que le pongas trabas.

La rendición de cuentas define la mejor opción

La mejor manera de evitar el riesgo moral de los Agentes es obligar a que justifiquen lo que hacen y el dinero que gastan.  En este sentido, una empresa cuyos propietarios ven que su dinero no rinde por un comportamiento inmoral y no hacen nada sucumbirá probablemente. O al menos, no será todo lo próspera que podría. Las cuentas de la empresa tienen que ser revisadas cada cierto tiempo. De lo contrario, se pueden acumular pufos ocultos sin que los responsables den la cara.

Y he sacado el caso de la auditora Arthur Andersen y el Tribunal de Cuentas adrede.  La primera no cumplió con su obligación y, como nos cuenta Miquel Roig en Expansión, permitió que la empresa Wordcom mintiera en sus cuentas por tres años en pleno boom de las puntocom. El presidente de la compañía está en prisión y Arthur Andersen también ha pasado por los tribunales.

Por el contrario, nuestro Tribunal de Cuentas es famoso por arrastrar un retraso en su revisión de las cuentas públicas de entorno a cinco años. No solamente eso. Es muy conocido el escándalo de la Universidad Complutense que, requerida por el Tribunal, se negó a entregar sus cuentas. Y ahí está, con su enorme agujero financiero, funcionando.

Que hay fallos institucionales en ambos casos es evidente, pero también lo es en cuál de los dos la rendición de cuentas funciona. Lo mismo podríamos decir de los partidos políticos, los sindicatos, las fundaciones, y demás organismos semi-públicos en los que se descubren fraudes cada día.


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