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Contra el reparto de la pobreza

El incesante goteo de casos de corrupción que vivimos estos días a hecho que, además de los ciudadanos de a pie, relevantes personajes señalen la corrupción como el principal problema al que se enfrenta nuestra incompleta democracia. El último en sumarse a esta corriente ha sido el presidente del BBVA, Francisco González, que recientemente ha afirmado que si hubiera que hacer una lista de problemas "a atacar", el primero sería sin duda el de la corrupción. Lamentablemente, Francisco González, como otros muchos ciudadanos, confunde causa y consecuencia. Pues el principal problema no es la corrupción, sino una democracia deliberadamente incompleta. Y de ahí viene la corrupción y todo lo demás.

Afortunadamente nuestro problema no es inusual o extraño. Al contrario, afecta a infinidad de países en los que se reproduce el mismo esquema: sistema institucional deficiente (colonizado por organizaciones informales y grupos de interés), inoperancia de los mecanismos de control democrático y escasa representación de los ciudadanos es igual a crisis económicas severas y empobrecimiento.

Esta relación entre desarrollo institucional y desarrollo económico ha sido puesta de relieve por prestigiosos investigadores. Sin embargo, no vamos a hablar aquí de nombres propios, sino de ideas que se adaptan como un guante a la realidad institucional española y ponen de manifiesto cómo, en pleno siglo XXI, esta España aparentemente democrática y moderna sigue siendo en gran medida un Estado natural.

España: Estado natural travestido de democracia

En el Estado natural, la política y la economía son sistemas deliberadamente cerrados (exclusivos), de tal forma que las rentas generadas pueden ser utilizadas por el Estado para asegurar compromisos estables entre los grupos de poder. Como las rentas económicas que reciben estos grupos están supeditadas a la supervivencia del Estado y del orden social, éstos tienden a ser cooperativos. Y, pese a sus desavenencias y rivalidades, pactan con el fin de mantener sus privilegios. Es decir, los Estados naturales utilizan el sistema económico como herramienta para consolidar la estabilidad y continuidad de las élites gobernantes. Y para ello establecen y aplican un sistema mediante el que grupos concretos, con especiales vínculos con el poder, se aseguran derechos y privilegios específicos que son inaccesibles para el resto. Y a cambio estos grupos dan su apoyo a la coalición gobernante (entiéndase como coalición gobernante a la clase política en su conjunto) y cooperan en el sostenimiento del modelo político.

En el caso de España no sólo hay que señalar a los tradicionales grupos de poder (clase política, banqueros y grandes empresarios, por ejemplo) como responsables del sostenimiento de un modelo político-económico injusto y empobrecedor, sino que también hay que poner el foco en la cooperación de otros grupos organizados, cuyas bases son mucho más amplias, que participan también del sistema de reparto y contribuyen al sostenimiento de un sistema extraordinariamente gravoso para el conjunto de la sociedad. De ahí que muchos de los colectivos y ciudadanos que hoy se manifiestan y protestan de forma organizada no tengan como objetivo el cambio de modelo en favor de un sistema de libre entrada, pues no persiguen la liquidación del sistema de reparto de derechos y rentas, sino que presionan para que éste les sea favorable o no les excluya; es decir, no se oponen a un modelo injusto, simplemente les enfurece y preocupa que no les beneficie a ellos.

Hacia un Estado democrático, moderno y próspero

En el lado opuesto a los sistemas de acceso restringido se encuentran los "órdenes de acceso abierto" o “sistemas de libre entrada”. En ellos, el sistema de control de derechos y de reparto de rentas propio de los Estados naturales es reemplazado por la libre competencia política y económica, lo que da lugar al surgimiento de mercados prósperos a largo plazo que aseguran el desarrollo económico a las sucesivas generaciones. Y si bien estos sistemas de libre entrada son deseables siempre, aún lo son más en periodos de incertidumbre como el presente. Pues las sociedades abiertas (inclusivas) pueden realizar un número mucho más elevado de ensayos para la resolución de los problemas, y tienen, por tanto, muchas más probabilidades de subsistir que los sistemas excluyentes.

Sin embargo, dado que en España una parte importante de la sociedad participa del actual sistema de reparto, la transición progresiva y ordenada hacia un sistema de libre entrada (a la política y la economía), en el que prime la igualdad de oportunidades y la generación de riqueza en vez del reparto arbitrario, es una tarea extraordinariamente difícil ya que precisa de dos ingredientes fundamentales de los que hoy por hoy carecemos: una amplia base social y una férrea voluntad política.

Sumar voluntades, de una en una

Sabemos que quienes controlan el Estado no están dispuestos a cambiar las reglas de juego. De hecho, ya trabajan en una segunda Transición, a buen seguro basada en el mismo sistema de reparto de derechos y rentas que nos ha traído hasta aquí. Lo cual era de prever, habida cuenta de los intereses en juego. Con todo, lo más preocupante es que a día de hoy muchos colectivos y ciudadanos sigan sosteniendo este sistema de reparto y aspirando a su parte del botín, demostrando idéntico desprecio por la regeneración democrática que aquellos grupos de poder a los que tanto aborrecen. Y mientras sigan sin entender que el actual sistema ha quebrado y no exijan el cambio a una democracia completa (sistema de libre entrada), la crisis será endémica. Y la pobreza el único “bien” a repartir.


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