Game Over

Y al latrocinio lo llamaron crisis

En el último cónclave del Partido Popular no se debatió acerca de elevadas cuestiones de Estado, ni reformas futuras, ni siquiera nuevas subidas de impuestos, por más que a CristóbalMontoro se lo pidiera el cuerpo. El asunto a tratar fue otro, ese que de verdad preocupa a nuestros políticos: las encuestas de intención de voto.

Después de meses de datos demoledores, por fin había buenas noticias. La pérdida de respaldo popular parecía tocar fondo. Y en opinión del principal estratega del partido, estábamos en vísperas de un cambio de tendencia. Era pues sólo cuestión de tiempo que las futuras citas electorales pudieran afrontarse con moderado optimismo.

La consigna de silencio impuesta sobre el asunto más espinoso de todos, los llamados papeles de Bárcenas, estaba dando sus frutos. También, de forma lenta pero segura, iba calando el mensaje de que la recesión había concluido y España empezaba a salir de la crisis. Una vez más, el corto plazo, ese futuro inmediato, con sus brotes siempre verdes y siempre a la vuelta de la esquina, podía evitar la debacle. Si la economía parecía estar por fin bajo control, todo lo demás caería en el olvido. Había pues que conservar la calma y, sobre todo, mantener fuera de los focos los escándalos del partido.

La falsificación de la crisis

Esta es la estrecha visión de quienes viven en una burbuja, con un ojo puesto en las encuestas y con el otro vigilando su silla. Sin embargo, cualquiera con dos dedos de frente puede adivinar que los graves problemas que nos afligen no se volatilizarán por obra y gracia de unas décimas de crecimiento. Lo que ha arrasado España no ha sido un ciclón económico sino el latrocinio masivo. Un saqueo formidable cuyas responsabilidades está previsto que vayan a morir a los juzgados, con la eutanasia de la prescripción y el sobreseimiento de unos altos tribunales que deben su composición a los propios imputados.

Liquidado el zapaterismo, a lo largo de estos dos últimos años ocasiones ha habido para hacer lo correcto. Y no sólo en materia de reformas, que esa es una batalla que parece ya perdida, sino especialmente en esos episodios truculentos donde los gobernantes se retratan. Tal es el caso del 'Bárcenas Gate', escándalo sin paliativos que debería haber acarreado la dimisión inapelable de la plana mayor del Partido Popular, con su presidente a la cabeza. Una afirmación que puede parecer exagerada, pero no lo es en absoluto. Pues antes de que el extesorero decidiera hacer temblar Génova 13, era ya tal el desprestigio de la clase política que sólo un gesto de postrera dignidad, tan desesperado como imposible, habría evitado que las instituciones se vieran sumidas en el descrédito absoluto. Sin embargo, Rajoy prefirió no beber de ese cáliz. Y con su decisión dio la puntilla a un modelo político que está pidiendo a gritos cristiana sepultura.

Conviene explicar a los más crédulos que, en la Política con mayúsculas, distinguir entre errar por acción u omisión nunca ha sido relevante. Lo vemos a menudo en países más solventes que el nuestro, donde cualquier desliz, incluso involuntario, se lleva por delante al responsable de turno. Dimitir es un ejercicio elemental en democracia cuando la corrupción te salpica, porque para el buen gobernante nunca ha sido una opción aceptable estar a merced del corrupto, ni tampoco parecerlo.

Lo mismo cabe decir de la trama de corrupción del Partido Socialista en Andalucía. Saqueo abominable en el que más de mil millones de euros de ayudas a los parados han ido sistemáticamente al bolsillo de políticos y sindicalistas. Los responsables, en vez de asumir las consecuencias de sus actos, lo mismo se enrocan en el Senado que hostigan a la juez Alaya. Tampoco podemos olvidar a Urdangarin y señora. Mucho más que un matrimonio, paradigma de los negocios que florecen a la sombra de la corona. Pillados con las manos en la masa, lejos de entonar el mea culpa, se compele a los fiscales para que actúen de abogados de oficio. Y, por último, como colofón a esta brevísima muestra de los males de la patria, qué decir de esa tropa sedicente que, una vez saqueada Cataluña hasta dejarla en bancarrota, se dispone a expropiarla para fundar en ella su regimencito de corrupción privado, su propia nación-corralito.

Ser una democracia de cuarta tiene un coste inasequible

Ahora sabemos que España es diferente porque se diseñó diferente a propósito. De ahí que los pactos secretos entre los miembros de la casta, el aforamiento de los responsables políticos y el control de las más altas instancias judiciales y los principales medios informativos mantengan a los saqueadores a salvo. Prueba irrefutable de que las instituciones nunca han pertenecido a esa figura retórica, intangible, casi mística, que es el pueblo soberano. Lo cual, de nuevo hay que decirlo, nada tiene que ver con los ciclos económicos.

Ser una democracia de cuarta no sólo tiene un coste moral inaceptable, sino que también, lo hemos visto, lleva aparejado el empobrecimiento severo. Si hoy estamos embarrancados en la crisis es precisamente por haber transigido con unas instituciones incontrolables, donde las élites, sobreexcitadas por el olor del dinero, perdieron por completo el juicio. Y ahora, al negarse a acometer las reformas oportunas, la enfermedad queda latente, agazapada. De tal suerte que si algún día vuelve a fluir el dinero, se abrirá de nuevo la caja de Pandora, porque ahí sigue, sin cerradura. Al fin y al cabo de eso se trata, de que el expolio continúe.


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