Game Over

Un fracaso llamado Rajoy

Hace pocos meses se disparaban todas las alarmas cuando España consolidaba su caída en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI). Y no era para menos, sobre todo si tenemos en cuenta que un año antes, concretamente en noviembre de 2013, había sido aprobada la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Que, pese a “todos los desvelos del Gobierno”, España apareciera por debajo de Botsuana en dicho informe, y cada vez más alejada de países como Alemania (gráficos adjuntos) era algo bastante más que preocupante. Y sigue siéndolo, porque lo cierto es que a este respecto nada ha cambiado.

Pese a todo, el tiempo que Mariano Rajoy dedicó en el pasado debate sobre el estado de la nación a la gravísima lacra de la corrupción no llegó siquiera a sumar los dos minutos. En ese tiempo tan escaso, Mariano, si bien reconoció que la corrupción ha sido el problema que “más descontento” ha generado entre los españoles "y con razón”, no tuvo el menor reparo en envolverse en la bandera de la Ley de transparencia y sentenciar, poco más o menos, que todo lo que se podía hacer ya estaba hecho. Y una vez cumplido el trámite de forma tan cicatera, como el más entusiasta de los tenderos, se dispuso a vender esa otra mercancía en aparente mejor estado que es la recuperación económica.

Pero las cosas no son tal como el presidente las cuenta. Se podría haber hecho mucho más o, mejor dicho, se podría haber hecho mucho mejor, infinitamente mejor. Porque lo cierto es que la Ley de transparencia nació con calculadas ineficiencias que limitan en la práctica su cumplimiento y mantienen en cuarentena el derecho de los ciudadanos a saber de los asuntos públicos, especialmente de aquellos que tienen que ver con las contrataciones y los dineros.

Pero por si todas esas ineficiencias no fueran suficiente garantía para evitar disgustos a quienes tienen mando en plaza, Mariano retrasó dos años la entrada en vigor de la ley para la gran mayoría de las instituciones públicas, cuando, con ley o sin ley, deberían estar preparadas para proporcionar de oficio la información que en adelante se les iba a exigir.

Lamentablemente, es tal el grado de opacidad al que están acostumbrados los partidos políticos y sus caciques que haber abierto sus feudos súbitamente al escrutinio público quién sabe si no habría terminado en la toma de la Bastilla o en cualquier otra catástrofe. Y para que usted, querido lector, pueda comprobar de un solo vistazo en qué grado de opacidad se encuentran algunos chiringuitos, añado tres gráficos que son bastante elocuentes:

Que en esta ley no se contemplara ningún régimen de infracciones y, por tanto, tampoco de sanciones, a políticos y funcionarios públicos en caso de incumplir las normas de transparencia es algo que solo podía ocurrir en España. Anomalía marca de la casa que ha quedado pendiente de la elaboración a posteriori de un reglamento, del que hasta la fecha, como era de prever, no hay noticia, ni parece que vaya a haberla con este gobierno.

Es tal el camelo, la tomadura de pelo, que si para algo está sirviendo la Ley de Transparencia es para legitimar un régimen de silencio administrativo negativo y vulnerar el derecho de los ciudadanos a recibir una respuesta explícita por parte de la Administración a sus requerimientos. Subterfugio que podrá ser usado a discreción por la administración de turno al no definirse –de nuevo la casualidad, supongo– situaciones muy concretas que pudieran justificarlo.

Hay otras muchas carencias en esta ley que, según el Partido Popular, estaba llamada ni más ni menos que a “cambiar las actitudes políticas en España, a prevenir la corrupción y a abrir el camino de la regeneración democrática”, aunque por ahora para lo que ha servido es para colocarnos por detrás de Botsuana. Pero lo que definitivamente la ha convertido en otro trasto legislativo inútil al servicio de la propaganda es que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, como todos los organismos reguladores de esta España política de la francachela, no es independiente. Y no lo es porque el Presidente del Consejo es propuesto por el Gobierno (es decir, por el jefecillo del partido de turno) y basta una mayoría simple para ratificar su nombramiento.

En definitiva, lejos de convertir la transparencia en la norma fundamental que ha de regir las relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos, a quienes éstas han de servir, Rajoy prefirió enterrarla en una ley, dotando así de un halo de legalidad tanto a la mala política como a la mala práctica, tal y como han venido haciendo todos los tiranos que en el mundo han sido. Y así está siendo casi todo en esta triste legislatura.

Así, cuando un Mariano ya metido en campaña intentaba hace unos días vendernos la recuperación económica, atribuyéndose con ese desparpajo tan suyo el mérito de haber resucitado a doña confianza de entre los cadáveres de esta crisis, lo que estaba haciendo realmente era obviar a conveniencia que, más allá del búnker al que se debe, está la política con mayúsculas, la de verdad: la que quema. Obviaba, en definitiva, que esta pobre España solo se desprenderá de la losa del fatalismo el día que los ciudadanos tengan la certeza –es decir, la confianza– de que las instituciones están a su servicio y no al de oscuros intereses.

Entretanto llega o no ese momento, así es como lo ven los españoles. Tomen nota los Arriolas de turno, por si la economía no tira:  


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