Game Over

Por qué fracasa España

La semana pasada, en un artículo a propósito de la defenestración de Pedro J. Ramírez y de la situación casi terminal del periodismo en España, Jesús Cacho ponía el dedo en la llaga al señalar la concentración del poder económico-financiero como el más importante obstáculo, no ya para el ejercicio de un periodismo independiente, sino para la necesaria regeneración democrática y la definitiva salida de la crisis. Así, la concentración del poder económico-financiero sería la razón fundamental por la que España fracasa. Tesis con la que estoy por completo de acuerdo.

Problemas morales. Problemas funcionales

Sin embargo, para demasiados españoles este problema se reduce a que unas minorías avariciosas, carentes tanto de principios como de escrúpulos, están fuera de control. Y, en consecuencia, las propuestas expeditivas se suceden; casi todas legislativas y punitivas. Incluso hay quienes legitiman la violencia, pues, en su opinión, sería lícito pagar agresión con agresión. Sin embargo, la historia de nuestra crisis no es solo un relato de “buenos” y “malos”, sino que hay en ella algo intrínsecamente ineficiente, un gran error de fondo que no es de hace siete ni diez años, sino que se remonta varias décadas atrás.

En efecto, más allá de lo que es evidente, es decir, que tal concentración económica-financiera obedece al afán de enriquecimiento de un grupo reducido de individuos que actúa desde la impunidad, existiría una razón que tiene que ver con la propia naturaleza del Estado español, pues si, al fin y al cabo, la función del Estado era originariamente hacer cumplir los derechos de propiedad y, mediante el monopolio de la coerción, maximizar el rendimiento de los impuestos y redistribuir los ingresos, los gobernantes, movidos por su propio interés, en vez de propiciar la concentración económica deberían haber incentivado mercados más abiertos y competitivos, eliminado las barreras de entrada a la economía y a la política, ya que al hacerlo habrían obtenido un pastel mucho mayor. Sin embargo, hemos avanzado en la dirección contraria, ¿por qué?

“Medievalización” del Estado y concentración económica

Para comprender este letal proceso de concentración económico-financiera y su relación con la estructura de poder, hay que empezar por el principio; es decir, diferenciando entre dos modelos de Estado: el Estado antiguo o “Estado natural” o “sistema de acceso restringido” (definición que nada tiene que ver con esa otra filosófica de Thomas Hobbes), que surge hace 10.000 años con la primera revolución económica, y el Estado moderno o “sistema de libre acceso”, que toma forma a partir de 1700 con la segunda revolución económica.

El primero, el Estado antiguo o "Estado natural”,aunquesupuso la especialización económica y la creación de una clase gobernante más sofisticada, restringía el acceso al sistema político, económico y religioso. Mientras que el segundo, el Estado moderno o “sistema de libre acceso” eliminó las barreras de entrada a la política y la economía y suprimió los privilegios que favorecían a las elites políticas, económicas y religiosas.

Tanto para un modelo de Estado como para otro la tarea principal es asegurar su propia supervivencia, de ahí que el Estado natural, al igual que el Estado moderno, proporcione un necesario orden social. Sin embargo, mientras que los Estados modernos apuestan por el libre acceso a la política y la economía para asegurar la estabilidad y la prosperidad, los Estados naturales hacen justo lo contrario, es decir, cierran el acceso al sistema político y restringen la economía. ¿Por qué razón actúan de manera inversa? Pues porque de esta forma las rentas no competitivas generadas por las barreras de entrada pueden ser utilizadas por la coalición gobernante para establecer y asegurar compromisos creíbles entre los grupos que conforman el poder,y se evita que los potenciales adversarios se enfrenten entre sí, ya que las rentas económicas que disfrutan están supeditadas a la continuidad del orden establecido.

Así, en el Estado natural primero se limita la competencia económica para crear y detraer rentas no competitivas; y luego se usan esas rentas para comprometer el apoyo de los grupos de poder. Este recurso, si bien garantiza la supervivencia del Estado, reduce el sistema económico a una mera herramienta con la que la coalición gobernante se perpetúa adjudicando rentas y derechos discrecionalmente en favor de unas minorías, lo que a su vez conlleva la inevitable concentración del poder económico-financiero.

Los amos del juego

Cuando hablamos de “coalición gobernante” hay que entender esta definición en un sentido que trasciende gobiernos o agrupaciones políticas concretas. Así, en el modelo surgido de la Transición esta coalición gobernante ha estado compuesta en “lo formal” por la Corona, los dos grandes partidos, los partidos nacionalistas y los impostados “agentes sociales” (sindicatos y patronal); y en “lo informal”, por una reducida élite que controla las finanzas y los grandes negocios, y que es, en definitiva, la que ha terminado poniendo y quitando rey. De ahí que una de las características de nuestro modelo político sea la inexistente separación entre lo público y lo privado, pues, a fin de cuentas, en el Estado natural todo es susceptible de convertirse en un recurso, renta o privilegio con el que comprar apoyos y voluntades. No hay más que repasar las rentas no competitivas y privilegios obtenidos durante los últimos cuarenta años por las facciones enumeradas anteriormente para certificar que, en efecto, España se asemeja más a un Estado natural, incompatible con la democracia y la prosperidad económica, que a un sistema de libre acceso.

De los males de la Transición a la solución

Sin embargo, este proceso de concentración económico-financiero no fue planificado originalmente por los políticos ni tampoco fue una maquinación premeditada por parte del poder económico (no otorguemos a políticos y mercantilistas una omnisciencia y, menos aún, una inteligencia de la que a todas luces carecen), sino que ha sido la consecuencia lógica del modelo político consagrado por la Transición, el cual, partiendo de una inaceptable provisionalidad y carente de los más elementales controles y contrapesos, ha incentivado las relaciones personales (favoritismo, prebenda, privilegio) y desincentivado las impersonales (competencia, mérito, esfuerzo), lo que le ha hecho ser refractario a la democracia (libre acceso a la política) y, por ende, a la libre competencia (libre acceso a la economía). De ahí que, en lo político, los derechos hayan sido reemplazados por privilegios; y que, en lo económico, los estrechos lazos entre el poder político y el poder económico-financiero nos hayan privado de una verdadera competencia.

La solución no pasa, pues, por priorizar una serie de reformas aleatorias (por muy pertinentes que sean éstas de forma separada) e ir implementándolas una tras otra, sino por diseñar un plan de choque que asegure la aplicación simultánea de todas ellas; en definitiva, un Proceso Constituyente que desactive el actual Estado pseudo natural e instaure otro de libre acceso en un corto espacio de tiempo. Todo lo que no sea esto está condenado al fracaso, pues las resistencias y rigideces del sistema se han demostrado insuperables a la hora de promover reformas puntuales


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