Game Over

La fatuidad del escrache

El 11 de septiembre de 2007, José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente del Gobierno, pronunciaba en el Congreso de los Diputados la siguiente frase: “Recurriendo a un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial”. Dicho lo cual, el de León, animado en primera instancia por sus correligionarios, y en segunda por ese establishment, que se alía con unos o con otros según sople el viento, creyó conjurar el peligro que, proveniente del otro lado del Atlántico, amenazaba con impactar contra un país narcotizado por el Estado de bienestar.

Como era de prever, la delirante afirmación del entonces presidente no sirvió para evitar el desastre, todo lo más para hacer el ridículo. La explosión de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos dio paso en octubre de 2007 a la llamada Crisis de las hipotecas subprime, y ésta a su vez alumbró la crisis financiera de 2008. La cual, a las primeras de cambio, dejó en evidencia la extrema debilidad de nuestras instituciones y una economía cerrada y basada en la riqueza aparente. Lo que vino a continuación es de todos conocido. Decenas de miles de quiebras empresariales y sonados concursos de acreedores, bancos y cajas de ahorros rescatados de forma encubierta por el Estado, crisis financiera, aumento exponencial de la deuda pública, colapso del crédito en el sector privado, desempleo masivo y España al borde de la quiebra.

El drama de los desahucios no es de ahora

En un intento desesperado por reactivar la economía a base de estímulos, cuya traca final fue el Plan E con el que se dilapidaron 50.000 millones de euros (más de 8 billones de las antiguas pesetas), el gobierno socialista no tardó en apurar todo el crédito disponible. Agotada la munición, el desempleo siguió creciendo vertiginosamente, alcanzando los tres millones y medio de nuevos parados en sólo tres años. Infinidad de familias quebraron y las ejecuciones hipotecarias se dispararon: 25.943 en 2007, 58.686 en 2008, 93.319 en 2009 y casi 100.000 en 2010. En 2011, último año de Zapatero como presidente, se produjeron 70.000 procesos de desalojo, a los que se sumaron 160.000 familias en fase de ejecución hipotecaria, la mayoría de los cuales, tarde o temprano, habrían de terminar en desahucios.

Para cuando el bueno de José Luis salió de la Moncloa, la mitad de los españoles era pobre o muy pobre. Y oleadas de nuevos indigentes, procedentes de la diezmadas clases medias, acudían a los comedores sociales. Pese a todo, durante 2010 y 2011 no se produjeron concentraciones en los domicilios particulares de los ministros del gobierno Zapatero. Tampoco se asedió a diputado alguno del Partido Socialista. Y si bien es cierto que en 2012, ya con Mariano Rajoy de presidente, 240 familias eran desahuciadas diariamente, no menos cierto es que durante los dos últimos años del gobierno Zapatero más de 200 familias corrieron la misma suerte cada día. Y la pregunta objetiva, desapasionada y obligada es: ¿por qué el gobierno socialista no fue objeto de ningún escrache? ¿Tal vez 200 familias desahuciadas al día era una cifra aceptable, pero 240 ya no lo era? ¿Quién y en función de qué criterios marcaba los límites?

Atrapados en el sectarismo

Estas asimetrías inexplicables dejan en entredicho no sólo la legitimidad de estas protestas, sino la oportunidad de las mismas. Y esta duda razonable, que en España casi siempre acompaña al activismo a pie de calle, es lo que desanima, divide y desarma a la sociedad en su conjunto. Es evidente que no podemos ser insensibles al drama, en ocasiones tragedia, de centenares de miles de españoles, porque la solidaridad no debe ser un valor exclusivo del Estado. Pero también es preciso denunciar que, sean de izquierdas o derechas, a los sectarios parece importarles una higa la regeneración democrática, y entienden la democracia como un medio con el que imponer un reparto de rentas que les sea más propicio, y no como un fin en sí misma. Y así no hay manera. Para colmo, ahora tenemos que aguantar situaciones tan sangrantes como absurdas, en las que los políticos de turno, jaleados por sus siervos mediáticos, se erigen en heroicos demócratas y se arrogan el papel de víctimas, mientras España se desmorona por su falta de principios.  

Tal y como están las cosas, los desahucios seguirán su curso. Porque bien sea por tener una clase política sospechosamente corrupta, al servicio de sus propios intereses y los de un puñado de poderosas familias, o bien por ser idiotas, o por ambas cosas, somos pobres, muy pobres. España se mantiene virtualmente en pie porque el BCE, siguiendo instrucciones del gobierno Merkel, que no está por la labor de que se evaporen los ahorros y pensiones de millones de alemanes, nos sostiene. No hay opción a que la UE sufrague de su bolsillo los costes que se derivarían de cambios sustanciales en nuestra Ley Hipotecaria, máxime cuando los bancos que habrían de soportarlos han sido rescatados a medias, como quien dice, hace dos días.

Si queremos cambiar las cosas, no ésta sino todas las que no funcionan, la única opción es exigir un modelo político que sea de verdad representativo; una democracia completa con la que ser recibidos por el político de turno y plantearle nuestras inquietudes, demandas y exigencias sea algo normal y cotidiano. Y no un acto subversivo. Sin embargo, parece que no habrá unidad para poner en marcha ese escrache tranquilo, maduro y definitivo con el que conseguir tal objetivo. El beneficio colectivo es una recompensa demasiado difusa, abstracta, casi altruista, que requiere una amplitud de miras incompatible con el sectarismo.


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