Game Over

1989-2013: de la euforia al resentimiento

Tal y como explicaba en el post de la semana anterior, el pasado siglo XX, que fue un compendio exhaustivo de la barbarie humana y, sin embargo, reducto inexpugnable de la utopía, puedo haber finalizado, tras la caída del Muro de Berlín y el presunto triunfo de las democracias sobre los totalitarismos, con un canto al optimismo. Pero no fue así. Aquella postrera victoria del llamado ‘mundo libre’ y su aparatoso resplandor final hizo olvidar a las sociedades avanzadas las razones de una lucha, que lejos de haber concluido, quedó inacabada. Hoy estamos pagando las consecuencias de aquella resaca, cuya euforia narcotizante nos impidió advertir el mayor de todos los peligros: la corrupción de las democracias.

Esta corrupción se manifiesta de forma alarmante incluso en aquellas naciones con instituciones más sólidas y en principio virtuosas. De hecho, en EE.UU., país con una tradición democrática contrastada, no es ningún secreto que la Cámara de Representantes, con sus elevadísimos costes electorales, que complican y mucho el relevo de sus miembros, se ha convertido en una institución imperturbable al servicio de los lobbies. Y lejos de agilizar la toma de decisiones, las paraliza a conveniencia. Cuestión ésta sobre la que han coincidido personajes tan dispares ideológicamente como son Paul Johnson y Tony Judt. Y si problemas tan graves como éste se manifiestan en naciones con tan arraiga tradición democrática, qué no habría de suceder en países como el nuestro.

Hoy quedan muy pocas sociedades democráticas, por no decir ninguna, que no desconfíen y manifiesten un profundo descreimiento hacia sus gobiernos, a pesar de que formalmente los legitimen con sus votos. Se trata sin duda de un estado de ánimo que va mucho más allá de la saludable crítica. Las turbias relaciones entre políticos, magnates y banqueros, un grave problema que no conoce fronteras, ha dado lugar a la permanente sospecha de que quien gobierna no obedece al pueblo soberano sino a oscuros intereses. Recelo este que no es producto de delirios colectivos o manipulaciones ideológicas sino de hechos contrastables. Y si bien es verdad que los nostálgicos del defenestrado marxismo pretenden aprovechar esta crisis de legitimidad para hacernos recaer en errores del pasado, los ciudadanos comunes, mucho más que crispados, pueden terminar abrazando el populismo por propia voluntad sin necesidad de adoctrinamiento previo. Tomen nota.

El resentimiento

Los europeos, y también los ciudadanos de otros continentes, vamos camino de revivir, aun dentro de unos márgenes de tiempo mucho más largos, los dos hitos bien distintos y sin embargo inseparables de aquella conmoción histórica que fue la Revolución francesa. De un lado, el emocionante 1789, con su declaración de principios y libertades. Y de otro, 1793, año en el que la incontenible fuerza de la Revolución, reprimida durante demasiado tiempo, quedó a merced de personajes deshumanizados y desembocó en la apoteosis del terror. Entre una fase y la siguiente, las élites de entonces, con su oposición a unas instituciones representativas, condujo a la radicalización de la política y, finalmente, a la violencia. En el presente, ya hemos recorrido un trecho de ese mismo camino, pasando de la ingenuidad y el optimismo de los locos años 90 al descreimiento y la crispación de esta primera década del siglo XXI. Y seguimos avanzando en dirección al peligro.

Sin embargo, el desafío de las democracias actuales no sólo tiene que ver con la estructura institucional de los Estados. Es también una cuestión de prioridades individuales. Los ciudadanos intuimos que el problema está en las instituciones. Y también que es muy difícil que quienes hoy las colonizan, siendo como son parte del problema, impulsen los cambios que son necesarios. Sin embargo, cada cuatro años aceptamos que el debate político se circunscriba al bienestar a corto plazo. Y así, mientras unos partidos prometen mejores condiciones de vida y mayores retornos de rentas por la vía de prestaciones públicas y la subida de impuestos, y otros juran adelgazar el Estado y reducir las cargas impositivas para que la inversión privada alumbre una sociedad más próspera, al final todos sirven a los intereses creados, suben los impuestos y reducen las contraprestaciones. ¿Cómo es posible que, ante semejante impostura, sigamos impasibles?

Tal vez hayamos olvidado que las instituciones, antes que para articular políticas económicas o repartos de rentas, están para instaurar principios democráticos y velar por su cumplimiento. Esto es, la defensa de los derechos individuales y la igualdad ante la ley. Quizá nos parezca poco, insuficiente. Sin embargo, en base a estos principios las sociedades pueden constituirse en Sistemas de Libre Entrada, garantizando la prosperidad horizontal y convirtiendo la libertad en un bien práctico y no sólo retórico. Ahí es nada. Al fin de cuentas, si las instituciones obvian los principios democráticos y sólo sirven para debatir acerca de cómo repartir la riqueza, ¿qué separará a la política de la economía? ¿Cómo podremos asegurarnos de que quienes gobiernan no toman decisiones en favor de unas minorías poderosas e influyentes?

Desde 1989, es decir, en menos de un cuarto de siglo, las democracias han reducido su horizonte a políticas utilitaristas. Un error que ha derivado en anomalías tales como que la Unión Europea, mientras sanciona a aquellos países que incumplen los objetivos de déficit, no aplica ninguna medida disciplinaria contra aquellos Estados que carecen, por ejemplo, de un atributo tan elemental como es la separación de poderes.

En resumen, en las democracias actuales existe un elevado nivel de exigencia en cuestiones económicas y, sin embargo, no se vela por el cumplimiento de principios democráticos elementales, que son los que garantizan las sociedades abiertas. Y, en consecuencia, la estabilidad política se tambalea.


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