Game Over

Los españoles al límite

El pasado mes de febrero, el Fiscal General del Estado asistió a una cena-coloquio en la sede de un conocido club madrileño. En su obligada alocución a los allí congregados, el ilustre personaje hizo una encendida defensa de las instituciones del Estado, entre las que estaría en lugar destacado la Monarquía. Y quizá por un exceso de celo o por una lealtad equivocada, terminó haciendo responsable a la sociedad española, en general, y a los medios de comunicación, en particular, del deterioro institucional de España. La razón esgrimida: la crítica desaforada que, en estos días, muchos regalan a las más altas instituciones del Estado.

¡Ay, las instituciones!

Lo primero que hay que entender es que las instituciones son entes abstractos, ideas que dan forma a la organización -y el gobierno- del Estado. Con el fin de garantizar su legitimidad y longevidad, no pueden ser planificadas por un puñado de mentes rectoras o planificadoras, sino que deben ser construidas y reconstruidas a lo largo del tiempo con la participación activa de la sociedad, de tal suerte que éstas siempre respondan a sus expectativas, pues cada generación desarrolla sus propias demandas. Y he aquí el problema, pues si bien los españoles, a la muerte del dictador, demandaban instituciones democráticas, sólo unos pocos personajes fueron quienes a puerta cerrada, como la Curia Romana que elige un nuevo Papa, se encargaron de diseñarlas, sustituyendo el inicial consenso mayoritario por un consenso de grupos –detrás de los cuales había algo más que políticos–, dando así carta de naturaleza a uno de las peores males que nos han acompañado hasta el presente: la falta de transparencia y empatía.

No se produjo un verdadero proceso constituyente, esa imprescindible reflexión colectiva, negociación, acuerdo y posterior catarsis que toda nación necesita, sino un proceso de negociación viciado que, con la excusa de la desestabilización del país y el peligro de la vuelta a la dictadura, alumbró una constitución tan chapucera y ambigua que ni siquiera explicitaba la imprescindible separación de poderes. En consecuencia, las instituciones quedaron a merced de la “buena voluntad” de quienes pasaron a ocuparlas. Y sólo era cuestión de tiempo que el modelo transitara de la ineficiencia a la corrupción y al colapso. Y finalmente, al desafecto.

¿Quiénes desprestigian a las instituciones?

Llegados a este punto, es obligado descender al menudeo y preguntarse, por ejemplo, si fueron los ciudadanos quienes animaron al rey a viajar a Botsuana para cazar elefantes en compañía de su amiga Corinna, mientras España se asomaba al precipicio de la suspensión de pagos. O si la sociedad española instó a Mariano Rajoy a nombrar de facto, en la sede de su partido y con gran alborozo de las huestes populares, al Presidente del Congreso y del Senado, vituperando a esa institución que es el Congreso de los Diputados, sin siquiera guardar las formas. Y ya puestos, si también fue el común quien exigió al Gobierno que siguiera en la estela de la Ley Orgánica del Poder Judicialde 1985 y olvidara su promesa de consagrar, de una vez por todas, la independencia del Poder Judicial.

Se podrían hacer infinidad de preguntas para dirimir quién o quiénes son responsables de la mala prensa de nuestras instituciones. Y siempre llegaríamos a la misma conclusión. Su degradación poco tiene que ver con unos ciudadanos que, muy severamente empobrecidos y hartos de tanto desafuero, se desahogan descargando la frustración y la rabia como buenamente pueden. Quienes desprestigian a las instituciones son precisamente aquellos que, primero, las diseñaron, después, las colonizaron y, finalmente, las han corrompido. Ellos son los que las desprestigian todos los días, a discreción, sin encomendarse a Dios o al diablo, y aún menos a los deseos de los ciudadanos.

Las consecuencias

Cumplido el segundo mes de 2013, ya aparecen en el horizonte los negros nubarrones de una coyuntura económica internacional en franco deterioro, cuyo primer aldabonazo ha sido el desplome de las exportaciones en el último trimestre, ese frágil punto de apoyo que Mariano Rajoy, en su versión más candorosa y lela (porque sigue entendiendo la economía como un ente exógeno), pretendía usar como palanca para levantar una economía agonizante y sin pulso, atrapada desde hace años en la maraña de intereses y leyes que han fragmentado el mercado hasta casi extinguirlo. Entretanto las previsiones se desmoronan y las estrecheces aumentan, muchos de nuestros políticos, que se han dedicado a coleccionar secretos como si fueran fichas de un casino, han decidido sentarse a la mesa y hacer sus apuestas. Y del inicial goteo de escándalos hemos pasado a un chaparrón de traiciones que ha llenado todo de mugre. Así, la casta catalana, corrompida hasta la médula, se lía la manta a la cabeza y se dispone a expropiar una parte de España; el gobierno, en estado de shock permanente, a expensas del chantaje de un sargento chusquero amo y señor del cuartel popular hasta ayer mismo; el partido socialista, inmerso en su propia agonía, en manos de cadáveres andantes; la izquierda marxista, surfeando feliz en la creciente ola de descontento; el rey, exiliado en los quirófanos; y el heredero cortejado por quienes ya planifican a la desesperada una prórroga de un régimen que se agota.

Mientras España se descompone y con ella sus instituciones, a pie de calle florecen definiciones escalofriantes, que sirven para clasificar la creciente miseria. Pobreza energética, para quienes ya no pueden pagar ni luz ni calefacción; nuevos pobres o los vergonzantes, para las clases medias que acuden a los comedores sociales; e inmigración cualificada, para referirse a las personas con talento, que escapan a la carrera –afortunados ellos– de esta pesadilla interminable.

Hace ya mucho tiempo que cruzamos una extraña línea. Y desde entonces todo es posible en esta España que desborda el esperpento y se ha convertido a la vista de todos en la patria de los “listos” y listillos; los corruptos y delatores. El país del toma el dinero y corre, en el que sólo los tontos o muy tontos estudian, trabajan y pagan impuestos. Y aún hay quien se sorprende de que muchos arremetan contra las instituciones, cuando ahí precisamente está el origen, el núcleo duro del problema. No verlo es ya imposible. Y no querer cambiarlo, casi un delito. Los españoles están al límite y su paciencia se agota.


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