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Los desahucios de la ira

El caso de Carmen Martínez Ayuso, una mujer de 85 años que fue desahuciada este pasado viernes del número 10 de la calle Sierra de Palomeras, en el madrileño barrio de Vallecas, incendió las redes sociales. Carmen había avalado con su vivienda el préstamo de 40.000 euros solicitado por su hijo Luis Jiménez Martínez a un particular. Como el tal Luis no hizo frente en los plazos acordados al pago de dicho crédito, los intereses de demora fueron elevando el montante de la deuda hasta que ésta alcanzó la cantidad de 77.000 euros. Y el prestamista decidió ejercer su derecho y ejecutar el aval. Y Carmen fue desahuciada.

La desgarradora imagen de Carmen llorando desconsoladamente, por momentos  incapaz de mantenerse en pie, mientras era obligada a abandonar la que había sido su casa durante los últimos 50 años, se clavó como un hierro candente en las carnes de una sociedad que vive instalada en el cabreo permanente. “¿Qué clase de país es aquel que permite que una anciana de 85 años sea arrojada a la calle?” era la pregunta que muchos empezaron a formular en las redes, aderezada con imprecaciones, mucho golpe de pecho y el acostumbrado rasgamiento de vestiduras.

Ocurre que a veces la persona desahuciada, si bien termina a merced de un avieso prestamista o un banquero sin escrúpulos, en realidad ha sido víctima de alguien cercano, de un familiar o, incluso, de un hijo

Y es que todos damos por supuesto que una sociedad sana debe ayudar a quienes por sí mismos no pueden hacer frente a sus necesidades más elementales o se ven impedidos para vivir con un mínimo de dignidad. Por el contrario, mirar para otro lado, mientras ancianos, niños o personas con graves minusvalías se ven condenadas a las privaciones más severas y a la exclusión, nos calificaría como una sociedad enferma. Sin embargo, antes de deslizarnos por la resbaladiza pendiente de la ira, deberíamos tomarnos la molestia de analizar cada caso por separado. Porque ocurre que a veces la persona desahuciada, si bien termina a merced de un avieso prestamista o un banquero sin escrúpulos, en realidad ha sido víctima de alguien cercano, de un familiar o, incluso, de un hijo, que abusando del parentesco decide endosar a padres o abuelos los costes de sus decisiones sin prevenirles convenientemente del alto precio que pueden llegar a pagar.

Así que, antes de volcar todo nuestro odio en el avaricioso prestamista, que ejerce sus derechos sin compasión; en el juez insensible, que aplica la ley fríamente; en el policía obediente, que cumple las órdenes sin amotinarse; en el político indiferente, que vive en su burbuja; y, por último, en el patético partido gobernante, cabría preguntarse quién embaucó a esa anciana de 85 años para que avalase con su modesta vivienda un crédito que difícilmente iba a poder ser devuelto. Y lo que agrava aún más la cuestión, quién, mientras los intereses de los vencimientos incumplidos iban incrementando el montante de la deuda hasta casi duplicarla, guardó silencio hasta que se produjo el primer alzamiento. ¿No debió el tal Luis, cuando menos, poner en conocimiento de su familia el problema que él mismo había generado antes de que derivara en un drama sin solución? ¿O, ya previendo lo peor, informarse con suficiente antelación sobre quién o, en su defecto, qué organismo o asociación podría ayudar a su anciana madre una vez se viera de patitas en la calle?

La ausencia de ejemplaridad

Sea como fuere, el caso es que nadie quiso pararse a pensar que quizá fuera el hijo de Carmen quien no actuó todo lo bien que debiera. Y que, a la postre, fueron sus actos los que acarrearon el desahucio de su madre. Resultaba mucho más fácil, y más acorde con el zafarrancho de combate de la tropa bienpensante, adjudicar el papel de villano a un prestamista, de corazón duro y posiblemente un oportunista, pero que, nos guste o no, actuó conforme a la ley. Y desde ahí, vapulear a un partido político, al que, dicho sea de paso, su inanidad y permanente sospecha de corrupción convirtieron hace tiempo en una piñata colosal.  

Cómo exigir responsabilidad al ciudadano corriente, al hombre de la calle, cuando arriba, en el ático del Poder, todo está manga por hombro

Es cierto que, gracias a nuestro materialista estilo de vida y a la abrumadora corrupción que ha hecho presa en nuestro modelo político, proliferan los depredadores dispuestos a obtener suculentas ganancias, aun a costa de pasarse por el forro de su caprichos la ética más elemental. Y también es cierto que quienes mejor se desenvuelven en este mundo del todo por la pasta son, casualmente, quienes gozan de la complicidad del gobernante. No es ninguna novedad que el modelo político que rige hoy en España está llenos de agujeros, y que por ellos fluye la corrupción sin cesar en ambas direcciones, de lo público a lo privado y de lo privado a lo público, empobreciéndonos. Pero nada de esto debería justificar que, a título individual, actuemos de manera irresponsable o, incluso, mezquina. Y menos aún que utilicemos las desgracias ajenas para propagar soflamas interesadas.

Pero, cómo exigir responsabilidad al ciudadano corriente, al hombre de la calle, cuando arriba, en el ático del Poder, todo está manga por hombro, cuando las instituciones son un corral de comedias y ese cajón de sastre en que ha devenido el Estado, colonizado como está por la delincuencia organizada, se ha dedicado a arrasar a la sociedad, en lo material y en todo lo demás. He aquí el quid de la cuestión. 

Es evidente que, a costa del drama de Carmen y otros muchos dramas similares que esta crisis nos regala cada semana, los revolucionarios aspiracionales, todo teoría, todo corta y pega, pretenden hacer una enmienda a la totalidad, es decir, abolir el Capitalismo en cualesquiera de sus formas, insinuando, cuando no proclamándolo abiertamente, que el derecho de propiedad ha de estar supeditado al nebuloso interés de la colectividad, ese que siempre dicta el grupo que mejor sabe organizarse. Lo cual, en última instancia, irá en detrimento del derecho de toda persona a prosperar por sus propios medios, a ser líder de sí misma, privándola, en definitiva, de su principal capital: la iniciativa individual. 

Y es que, quienes vienen detrás apretando el paso, no quieren que entendamos que si bien tenemos derecho a nacer libres e iguales y a gozar de las mismas oportunidades, debemos también ser responsables, porque ello nos arrogará el derecho a ser diferentes, a intentar llegar más o menos lejos, a acumular más o menos riquezas, a ser más o menos ambiciosos, dependiendo de nuestro talento, de nuestro esfuerzo y, sobre todo, de nuestra libre elección. Nos prefieren dependientes, asustados e irresponsables. Nunca dueños de esos derechos individuales que cualquier persona –y en consecuencia, cualquier sociedad– necesita para progresar, prosperar y permitirse el lujo o, si lo prefieren, darse el gusto de ayudar a quien más lo necesite.


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