Game Over

El consenso socialburócrata

Se ha instalado en los sectores liberales de la sociedad española, que, dicho sea de paso, son pequeñas tribus dispersas y heterogéneas, la idea de que hace tiempo la línea que separaba las ideologías de izquierda y derecha se ha difuminado en favor de lo que se ha venido en llamar “consenso socialdemócrata”. Tal idea se sustenta en que todos los partidos, sean progresistas o conservadores, han migrado sus disputas tradicionalmente ideológicas hacia cuestiones mucho más finalistas, todas ellas basadas fundamentalmente en modelos de gestión a los que, en todo caso, se les añade algunos matices de orden moral meramente cosméticos. De esta forma, el debate político se limitaría a contraponer modelos de planificación sustancialmente muy similares, donde el Estado sería la piedra angular del orden social.

El llamado "consenso socialdemócrata" parecería que se asienta sobre preceptos ideológicos clásicos, cuando en realidad hace ya tiempo que estos fueron reemplazados por otros meramente prácticos

Dicho “consenso socialdemócrata”, que ha llevado incluso a que los partidos emergentes se ubiquen más o menos a la izquierda del espectro ideológico, nunca a la derecha y menos aún dentro de ese nicho secularmente abandonado que es el sector liberal, adolece sin embargo de una concepción convencional que no se ajusta del todo a la realidad, pues, en el fondo, el llamado consenso socialdemócrata parecería que se asienta sobre preceptos ideológicos clásicos, cuando en realidad hace ya tiempo que estos fueron reemplazados por otros meramente prácticos.

En efecto, en los partidos políticos actuales, los viejos o los nuevos, el núcleo duro ideológico ha sido sustituido por un peculiar pragmatismo, difuminándose los nexos de unión con las ideologías clásicas, de tal forma que lo que hoy vertebra a todos ellos es la idea de que el Estado ha de ser el gran motor del progreso, y que no solo ha de prevalecer por encima de la sociedad, sino que debe tender a sustituirla.

Sin embargo, por más que fuera en su día una forma de dulcificar el viejos socialismo y darle algún atractivo en los años de vino y rosas del capitalismo, el concepto “socialdemócrata” tiene pese a todo un claro sesgo ideológico. Por lo tanto, ese otro concepto más amplio que es el “consenso socialdemócrata” tendría a su vez unas connotaciones ideológicas que ya no se corresponden con la realidad. Y es que si bien, de una u otra forma, los partidos actuales comparten la visión de que el Estado ha de ser una colosal plataforma para las grandes transferencias de rentas, la reglamentación del orden social y la prevalencia del colectivismo por encima de los derechos individuales, no hay ninguna base ideológica sino un interés meramente corporativo.

El debate sobre política fiscal se está abordando desde el punto de vista de la eficiencia, es decir, de cómo recaudar más y mejor, y en ningún caso desde el punto de vista de si tal extracción de rentas es lícita o pertinente

Por lo tanto, el “consenso socialdemócrata” habría devenido en “consenso socialburócrata”; esto es, un acuerdo entre los grandes agentes políticos y económicos para que el Estado, con independencia de quien gobierne, sea el Gran administrador o, si se prefiere, el Gran planificador social y, por ende, el gra expoliador. Así se explicaría que el debate sobre política fiscal que tiene lugar en estos días se esté abordando desde el punto de vista de la eficiencia, es decir, de cómo recaudar más y mejor, y en ningún caso desde el punto de vista de si tal extracción de rentas es lícita o pertinente. Y es que, aunque ésta pueda proporcionar lo que en el argot estatista se ha dado en llamar “beneficios sociales”, estaría atentando contra derechos individuales que deberían ser fundamentales y que, desgraciadamente, no lo son. Prueba de ello es que, a partir de 60.000 euros de ingresos, se aplique el tipo máximo de tributación, que es el 47%, ¡prácticamente la mitad de lo ganado!

Otros signos que evidencian el fin de las ideologías tradicionales en favor de esa nueva ideología gelatinosa que es el consenso socialburócrata es que, desde el comienzo de la crisis, el número de personas que trabajan en el sector privado haya descendido un 14,5%, mientras que ha aumentado el 8.7% en las administraciones públicas. En efecto, cada vez son más los que viven de la Administración o, lo que viene a ser lo mismo, cuyas nóminas dependen de la recaudación de impuestos. Y esta tendencia va en aumento. De hecho, todos los empleos destruidos entre enero y marzo de 2015 pertenecían al sector privado, que ha experimentado un retroceso de la ocupación de 143.500 personas (-0,98%), mientras que el empleo en el sector público aumentó en este mismo periodo en 29.200 personas (+1%). 

Por si esto no fuera suficiente, la diferencia salarial entre quienes trabajan en la Administración y quienes lo hacen en el sector privado es del 31% en favor de los primeros, siendo el salario medio anual en las Administraciones Públicas de 25.900 euros frente a los 19.390 euros de la empresa privada. Dicho de otro modo, los funcionarios y empleados públicos vienen a cobrar 6.500 euros más de media. Evidentemente, se puede matizar que tal cosa se debe en parte a que en el sector privado muchos trabajos son a tiempo parcial y, por lo tanto, su remuneración ha de ser por fuerza sensiblemente menor. Sin embargo, este matiz lejos de modificar lo sustancial pone de relive otro aspecto negativo: la precariedad del sector privado.

Si algo caracteriza no ya a las viejas formaciones políticas, sino a las nuevas que aspiran a reemplazarlas es que sus cuadros están integrados mayoritariamente por personas que provienen del sector público

Lamentablemente, es de temer que el nuevo “consenso socialburócrata”, mutación inevitable del viejo “consenso socialdemócrata”, se prolongue en el tiempo, pues si algo caracteriza no ya a las viejas formaciones políticas, sino a las nuevas que aspiran a reemplazarlas es, precisamente, que sus cuadros están integrados mayoritariamente por personas que provienen del sector público en cualquiera de sus vertientes. Y en todos ellos prevalece la visión del Estado como Gran planificador. Será difícil, pues, que España experimente una verdadera transformación que nos aleje definitivamente de la crisis. Muy al contrario, cada vez se hace más evidente que dicha transformación solo podrá producirse por la vía de un shock. Entretanto llega o no ese momento, y sea cual sea el resultado de las diferentes citas electorales, estamos abocados a una pérdida cada vez mayor de riqueza y, sobre todo de, libertad.


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