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Reformar la Justicia, la primera medida económica

El desempleo en España supera el 22%. Y, en el caso del paro juvenil, esa cifra se eleva al 40% e, incluso, en el caso de jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y 18 años, el porcentaje supera por mucho el 60%. Esto no son datos estadísticos, son la constatación de una catástrofe. Pero – y aquí está la sorpresa – no estoy hablando de porcentajes de 2011, sino de los correspondientes a los años ’80 del pasado siglo. Han transcurrido tres décadas – 30 años, que se dice pronto – y la zozobra de hoy es proverbialmente idéntica a la de aquellos días, como si el tiempo no hubiera transcurrido desde entonces.

Lo que está poniendo de manifiesto esta simetría entre nuestro pasado y nuestro presente es una realidad desoladora: cada vez que el mundo desarrollado se ve sumido en una grave crisis, España, en lo que al ciudadano de a pie respecta, no retrocede unos pocos años sino que, por defecto, vuelve al principio, al punto de partida. Es como si el país entero estuviera atrapado dentro de una infernal máquina del tiempo que, una y otra vez, nos devuelve al pasado – es decir, al inmutable presente –, haciendo tabla rasa de cualquier mérito y sacrificio, con la diferencia de que cada vez estamos más exhaustos.

En este ciclo infernal, donde según parece no hacemos otra cosa que caminar en círculos, la urgencia económica se impone siempre a cualquier otra consideración. Y se abre paso, una y otra vez, un proceso de reformas fiado a lo puramente económico. Pero si la sociedad tuviera más memoria que la que tiene un pez, caería en la cuenta de que esto ya lo hemos vivido. Y que el duro camino que ahora nos toca recorrer se parece y mucho al ya recorrido hace 30 años. Aquí estamos de nuevo, en el mismo punto de partida, obligados a empezar desde cero.

Este cruel presente, de tener aspecto humano, se asemejaría mucho a aquel ángel vengador travestido de psicópata creado por los hermanos Coen. Un personaje que, implacable, acorralaba una a una a sus víctimas – a la sazón, seres inconsistentes y amorales – y, momentos antes de darles matarile, les formulaba la siguiente pregunta: “Si la norma que has seguido te ha llevado hasta aquí, ¿de qué te ha servido?”.

En nuestro caso, la “norma” que seguimos en el pasado, y vamos a seguir también en el presente, se limita a sanear las cuentas y a tratar de reactivar la economía. Cualquier otra reforma estructural que vaya más allá de los estrictamente económico no tiene cabida. Dada la urgencia del momento, puede parecer lógico que lo económico prime por encima de todo y que ello nos obligue a dejar en segundo plano otras cuestiones muy relevantes. Pero es un error. El progreso y la prosperidad futura no sólo van a depender de reformar el mercado laboral, aumentar nuestra competitividad, sanear y reestructurar el sector financiero y reducir nuestra deuda pública y privada, sino que están íntimamente ligados al buen o mal funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Porque, en última instancia, lo que termina por engrandecer o destruir a una nación no son los ciclos económicos que evolucionan al margen de lo humano y lo divino, sino el buen funcionamiento de sus instituciones. Y, especialmente, de aquellas que tienen que ver con la Justicia.

Si algo está poniendo de relieve la actual crisis, además de las ya conocidas ineficiencias de nuestro modelo político, económico y territorial, es la enorme corrupción que hemos desarrollado en estos últimos 30 años, cuyo coste, por si aún no nos hemos percatado, además de reputacional y moral es fundamentalmente económico. Si fuera posible hacer un cálculo de lo que la corrupción representa en pérdidas económicas, tarea esta que se me antoja colosal, seguramente el resultado sería superior a los 30.000 millones de euros que descuadran nuestro déficit público y, también, alcanzaría para cubrir una buena parte de los 400.000 millones de deuda pública y privada que nos vencen en 2012.

Para tener conciencia de la magnitud del problema, hay que entender que en España la corrupción no sólo procede de una selecta minoría que hace y deshace a su antojo y que se reparte los negocios y el dinero público. Se trata de una enfermedad muy extendida que ha alcanzado la categoría de plaga. Durante estos años, el país se ha desangrado en un torrente incontenible de “mordidas” cuyos montantes eran cada vez más disparatados. Y las prácticas corruptas han devenido en un ejercicio de puro y duro saqueo en el que están implicados políticos, lobbys empresariales, banqueros, concejales, sindicalistas, asociaciones a priori sin ánimo de lucro, instituciones públicas y privadas y colectivos y personajes de todo tipo y pelaje. En consecuencia, la corrupción es un problema colosal. Posiblemente, el problema económico más grave de todos.

Por todo ello, si de verdad queremos salvar a España del desastre económico, debemos tener muy presente que el problema de la inseguridad jurídica, la parálisis crónica de los tribunales, la injerencia constante del poder político en determinadas sentencias, las doctrinas a la carta y los escándalos procesales llevan aparejados un coste económico que es a todas luces insostenible. Desde esta perspectiva, la primera y más urgente reforma de todas cuantas atañen directamente a lo económico debería ser la de la Justicia. Sin esta reforma fundamental, la prosperidad que logremos en el futuro con nuestro esfuerzo, lágrimas y sudor, nunca estará a salvo: emprenderemos un nuevo viaje circular que, de seguro, nos llevará de vuelta al principio. Y España será por siempre el país del paro y del riesgo de la quiebra económica. Un estado fallido atrapado en la máquina del tiempo.

[Twitter: @BenegasJ]


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