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Gallardón y el secuestro de la Justicia

Decía Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, que "no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia". Esta cita tan inspirada parece aludir a una sociedad como la española, que, bajo la apariencia de un Estado de Derecho, vive a la sombra del abuso legislativo; leitmotiv de la nación política al que se suman con entusiasmo inquietantes solistas, como el virtuoso Gallardón que, quizá inspirado por Montesquieu –entiéndase tal inspiración en el peor sentido imaginable–, nos regala, envuelto en la formalidad de lo que es Ley, un colosal atropello: la Ley de Tasas Judiciales.

Digámoslo claramente y ya desde el principio, dicha ley supone dar el golpe de gracia a nuestra maltrecha Justicia; una felonía sólo equiparable a aquella nefasta Ley Orgánica de 1985, con la que Felipe González –otro virtuoso estatista, enemigo de las libertades individuales–, so pretexto de evitar que la judicatura quedara en manos de una mayoría de jueces franquistas, sometió el Poder Judicial al control del Legislativo. Lo que en la práctica supuso privar a nuestra democracia de uno de sus más imprescindibles atributos: la separación de poderes.

¿Por qué no al euro por receta y sí a la tasa por denuncia?

Arguméntese como se quiera o defiéndase de mil y una maneras, pero el hecho es que esta ley expulsa de los juzgados a decenas de miles de demandantes, cuyas apelaciones a la Justicia no son en modo alguno cuestiones menores, pleitos fruto de enemistades pueriles o querellas irrelevantes. Muy al contrario, la tasa variable, de la que, dicho sea de paso, no se ha hablado como es debido, penaliza duramente y con toda intención a aquellas causas de mayor cuantía y, por tanto, a priori más graves. Es decir, se penaliza a aquellas denuncias interpuestas, generalmente por particulares, que en no pocos casos van dirigidas contra los bancos, sus derivadas, que son las aseguradoras, y las grandes corporaciones, cuando no contra unas administraciones públicas morosas, que abusan, y mucho, de una posición dominante.

Por eso, más allá de las excusas que desde el Gobierno o el propio ministro del ramo se ofrecen, siempre con esa tierna melodía de fondo de que los más desfavorecidos no se verán perjudicados –cuánta bondad hay en los corazones de vuesas mercedes, y cuán a menudo se muda en tropelías –, urge poner blanco sobre negro y formular la pregunta correcta: quid prodest; esto es, ¿quién se beneficia de esta ley? La pregunta es obligada, habida cuenta de que, para la mayoría de ciudadanos, esta ley, lejos de suponer algún beneficio,les expulsa extramuros del Estado de Derecho. Y nadie, por muy Gallardón que sea, comete semejante torpeza si no es por una razón poderosa. La cuestión es si tal razón existe. Y de existir, dirimir si ésta es inconfesable.

Alberto Ruiz Gallardón y la huida hacia delante

Al margen de afinidades ideológicas, entre los profesionales del ramo, jueces a la cabeza, corre la especie de que las fuerzas emboscadas en la nación política son las promotoras de esta aberración jurídica. Y la hipótesis es que la proverbial lentitud de nuestros tribunales ha colmado la paciencia de los poderosos. Y hartos de guardar turno como el resto y esperar años el dictado de sentencias que les liberen de ciertas preocupaciones, –no siempre o no sólo económicas–, ellos, que pueden, han dado un puñetazo en la mesa, exigiendo que se desaloje a la plebe de los tribunales. De ahí que el príncipe Gallardón, que nunca da puntada sin hilo, haya decidido hacer uso y abuso de las tasas judiciales fijas y variables –estas últimas son sangrantes– para privatizar la Justicia. Y, de ahora en adelante, pleitos tengan los comunes… si es que pueden pagarlos.

En lo que respecta a las tasas fijas, hasta cierto punto pueden entenderse, siempre y cuando estemos en sintonía con ese afán, más que recaudatorio, confiscatorio del gobierno,dispuesto como está a dejar a las clases medias como Dios las trajo al mundo, antes que agachar la cerviz ante las presiones que vienen de fuera, ya que ello supondría el desguace obligado de no pocos chiringuitos políticos y la liquidación de intocables emporios empresariales. Pero el disparatado baremo de las tasas variables sólo puede entenderse como un cortafuegos con el que se pone coto a la avalancha de denuncias que los particulares, autónomos y pequeños empresarios interponen, en estos tiempos turbulentos, contra bancos, corporaciones, administraciones públicas y demás corralitos. Sin ir más lejos, como botón de muestra, ya tengo noticia de varios casos en los que un importante banco se va a librar de tener que aflojar el parné, porque quienes iban a cursar demanda, arruinados como están, no pueden asumir los más de 11.000 euros que esta ley exige para que se les haga justicia. Y dudo mucho que les sea concedido un crédito, teniendo en cuenta la finalidad del dinero.

El Estado como negocio

Sea como fuere, el ambiente entre abogados, fiscales y jueces, al margen de ideologías, es de unánime indignación. Y su perplejidad inicial, vista la magnitud del estropicio, está dando paso al miedo. Tal como me aseguraba un prestigioso abogado, “Asistimos al nacimiento de un corralito judicial que quizá se esté anticipando a problemas aún mayores”. Un ataque en toda regla al estado de Derecho, mediante una ley que parece estar hecha a la medida de nuestros tradicionales oligopolios (sea intencionado o no, es ya una de sus principales consecuencias). En resumen, todo apunta a que las oligarquías imponen la visión del Estado como negocio. O mejor dicho, del Estado como su negocio. Y la Justicia no podía, no debía, quedar al margen de sus manejos.

La Justicia para todos: garantía de desarrollo económico

Urge detener esta huída hacia delante, a la que no sólo se han sumado pésimos gobernantes, sino también las fuerzas emboscadas en la nación política. Porque España no es una decena de grandes empresas, ni un puñado de bancos, ni tampoco una clase política que se resiste a predicar con el ejemplo. Es mucho más que eso, o al menos debería serlo. Y como ya escribí en su día, el progreso y la prosperidad futura no sólo dependerán de reformar el mercado laboral, aumentar nuestra competitividad, sanear y reestructurar el sector financiero y reducir nuestra deuda pública y privada, sino que están íntimamente ligados al buen o mal funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Porque, en última instancia, lo que termina por engrandecer o destruir a una nación no son los ciclos económicos, sino el buen funcionamiento de sus instituciones. Y, muy especialmente, de aquellas que tienen que ver con la Justicia.


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