Game Over

Crisis de valores, ese misterio

Hay quienes opinan que no estamos ante una crisis económica sino una crisis de valores. Y no son pocos los que van más allá y se aventuran a afirmar que nos enfrentamos en realidad a tres crisis distintas: política, económica y de valores. Afirmación que traslada al consciente colectivo una imagen del problema muy compleja que genera desaliento. ¿Si apenas podemos hacer frente a la crisis económica, cómo vamos a poder resolver tres crisis distintas?

La idea de la crisis de valores puede parecernos acertada, incluso perspicaz. Al fin y al cabo somos herederos de la cultura clásica y sabemos que no sólo de pan vive el hombre. Y aunque sea de manera intuitiva, comprendemos que es necesario dar una orientación ética a nuestra existencia y a la organización social a la que pertenecemos. También podemos afirmar que la bondad o la maldad, la generosidad o el egoísmo, forman parte de nuestras convenciones morales. En consecuencia, si la sociedad sucumbe y se muestra incapaz de sobreponerse, ha de haber algo más que una crisis material: ha de haber una crisis de valores. Sin embargo, es un error, comprensible, pero error al fin y al cabo. Porque sólo hay una crisis: la política. Las demás son sus derivadas.

La influencia de las instituciones

En las sociedades sometidas al Estado, la vigencia de los valores está a expensas de los incentivos que dimanan de las Instituciones, bien sea formalmente como leyes, bien sea informalmente como cultura y hábitos promocionados por la clase dirigente, los cuales son asimilados por el resto. En consecuencia, si quienes ocupan los más altos estamentos del Estado trasladan a la opinión pública la convicción de que la justicia es intencionadamente arbitraria, que las relaciones personales están por encima del conocimiento, el mérito y el esfuerzo, que el engaño y la mentira son recursos legítimos y que la corrupción y el robo, lejos de ser perseguidos, proporcionan suculentos réditos, los valores éticos pierden su utilidad y se convierten en una pesada carga. Pero no desaparecen, sino que siguen formando parte de nuestro acerbo. De hecho, por grave que sea la degradación, aún distinguimos el bien del mal, lo que es correcto de lo que es incorrecto. Sucede que para prosperar debemos adaptarnos al entorno institucional y actuar en consecuencia. Pero el daño moral, por más que parezca irreparable, es reversible, siempre y cuando se reformen las instituciones, sean reemplazados los agentes contaminados que las ocupan por otros nuevos y vuelvan a aplicarse los incentivos correctos.

Lo que definimos como valores son en buena medida el resultado de la selección y la evolución social. Y su vigencia depende de la conveniencia. Las sociedades desarrolladas aprendieron que el robo y la corrupción generaban desconfianza y los negocios se resentían. Y que la inseguridad de personas y bienes, al albur de maleantes, piratas o invasores, arruinaba el comercio y generaba pobreza. De ahí que los individuos comprendieran que era preferible privilegiar al honrado y perseguir al deshonesto, así como garantizar la seguridad de las personas y propiedades, habilitando los medios necesarios para ello. Los ciudadanos exigieron que las instituciones incentivaran las actitudes correctas y castigaran las incorrectas, lo que con el tiempo se tradujo en leyes y, finalmente, en cultura y hábitos en las sociedades sanas y estructuradas.

Un caso práctico y paradigmático

En pleno apogeo de la crisis y después de dos legislaturas socialistas desastrosas, Mariano Rajoy, que bien podría pasar a la historia como el último presidente del Régimen surgido en 1978, hizo su campaña prometiendo que, tras un tiempo “razonable” de esfuerzo y sacrificio, habría pan para todos. Y el pueblo, desesperado y sin alternativa, le otorgó en las urnas una mayoría absoluta que sólo 15 meses después se ha evaporado.

El mandato era muy sencillo, quizá demasiado: "haga usted lo que sea necesario para devolvernos la prosperidad perdida". Y Rajoy, alérgico a los riesgos, tomó nota y, feliz, circunscribió el problema a lo económico, pensando equivocadamente que con dos o tres reformas y la complicidad del BCE España volvería a la senda del crecimiento y la crisis se resolvería sin mayores quebraderos de cabeza. Cualquier hombre de Estado medianamente inteligente, ilustrado, valiente y, sobre todo, libre, independiente y atento a los valores éticos, habría comprendido que los problemas no se resolverían tan fácilmente, porque su origen no estaba en la economía sino en los pilares del Régimen; esto es, en unas instituciones sometidas a incentivos perversos, los cuales se propagaban de arriba a abajo, afectando a las Administraciones Públicas, al sector privado, a la economía y al funcionamiento de la sociedad en su conjunto.

Y si bien en el inicio de la legislatura algunos albergaron la esperanza de que el nuevo presidente comprendería la magnitud del envite y asumiría la regeneración democrática como tarea principal de su mandato, éste pronto se demostró rehén de los muñidores de favores, secretos y corruptelas, los cuales a lo largo de sus 32 años de carrera política le habían confeccionado un traje a medida. Traje que, desde el 18 de enero de 2013, día en que vieron la luz los presuntos sobresueldos en dinero negro de altos cargos del Partido Popular, amenaza convertirse en mortaja, dicho sea en sentido figurado. No hubo milagro. No podía haberlo porque, en palabras de Upton Sinclair, “es difícil que un hombre entienda algo cuando su sueldo depende de que no lo entienda”; es decir, cuando se está sometido a incentivos perversos es difícil tomar las decisiones correctas… y los valores se convierten en un lastre. Pero pese a los esfuerzos de Mariano Rajoy y la clase política en general, los valores siguen estando entre nosotros. Devolverles su vigencia depende de la instauración de un modelo político cuyas Instituciones, reconstruidas con la participación directa y activa de la sociedad, adopten, defiendan y propaguen los incentivos correctos.


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