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Ciudadanos y el final de la Transición

El pasado domingo, Albert Rivera y Luis Garicano firmaban conjuntamente un artículo en el diario El País que, bajo el ponderado título Un cambio sensato, anticipaba muy sucintamente las líneas maestras –más bien una declaración de intenciones– respecto del programa económico de Ciudadanos, programa que se presenta oficialmente hoy martes. Y que, como es lógico, aún no he leído.

Dicho artículo comenzaba así: “Los españoles tenemos mucho de lo que enorgullecernos en las últimas décadas. Contrariamente a lo que sugieren muchos que critican todo lo construido desde la Transición, entre los años 1978 y el 2000, España experimentó un período de creciente convergencia económica y política con Europa […] En esos años creamos una democracia imperfecta, pero que mejoraba cada año, un sistema sanitario excelente, y un Estado de bienestar que redujo enormemente la pobreza”. 

A continuación añadían que “desgraciadamente, y aunque los españoles no fuimos conscientes de ello, tras la entrada en el euro el proceso de convergencia se detuvo y España entró en un camino muy diferente del que había seguido con anterioridad. El euro permitió unos años de dinero fácil, de gasto suntuario en ciudades de las artes y la cultura, de pelotazos, de corrupción, de capitalismo de maletín y de ‘amiguetes’ […] La (relativa) dicha del dinero fácil fue breve: tras unos años de vivir el espejismo de un crecimiento sin productividad, alimentado por el ladrillo, la burbuja explotó y nos sumergimos en una profunda crisis”.

Decir que aquella democracia que la Transición nos trajo bajo el brazo, como si fuera una hogaza de pan, era imperfecta es algo bastante más que benévolo

¡Oh desilusión! Decir que aquella democracia que la Transición nos trajo bajo el brazo, como si fuera una hogaza de pan, era imperfecta es algo bastante más que benévolo. Pero la afirmación posterior de que mejoró cada año, produce perplejidad. Y es que si hay un rasgo que diferencia el devenir del modelo político español respecto del de otros países con sólidas convenciones democráticas es sin duda la inmediatez y vertiginosa velocidad con que evolucionó hacia un sistema de acceso restringido en lo político y, en consecuencia, también en lo económico.

El prematuro principio del fin

Valga como demostración y razón de la prematura degradación de la “imperfecta democracia” española el hecho de que ya en 1985, durante la II Legislatura, el Congreso y el Senado, abrumadoramente dominados por el Partido Socialista, alumbraron la nefasta Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, con la que, so pretexto de evitar que la judicatura quedara en manos de una mayoría de jueces franquistas, el Poder Judicial fue sometido al control del Legislativo, otorgando a los partidos la facultad de designar a los 20 vocales del Consejo. Felonía que en la práctica dejó a los pies del establishment a los más altos tribunales.

La voladura de la división de poderes, auspiciada y ejecutada por ese “animal político” llamado Felipe González que, a la vista está, tuvo más de animal que de político, puso punto y final a la Transición. De ahí en adelante, nuestra “imperfecta democracia” no hizo otra cosa que deslizarse por la suave pendiente de la degradación sin que nadie lo impidiera. Cosas de esta España valiente y corajuda.

Tras una fina capa de formas legales –que el común estaba obligado a acatar– la ilegalidad se convirtió en un recurso cada vez más accesible y extendido en la superestructura del Poder

Esta tropelía, perfectamente resumida en aquella tristemente célebre frase “Montesquieu ha muerto”, atribuida a Alfonso Guerra (pese a que él asegura que nunca la pronunció), si bien dejó en la superficie las disposiciones constitucionales y la legalidad formal, permitió tejer debajo impunemente la estructura del poder real. Y tras una fina capa de formas legales –que el común estaba obligado a acatar– la ilegalidad se convirtió en un recurso cada vez más accesible y extendido en la superestructura del Poder. La desaparición de líneas divisorias claras entre legalidad e ilegalidad, entre lo correcto y lo incorrecto, abocó a las instituciones a la ineficiencia. Y a la clase dirigente, al relativismo moral y a la corrupción.

Desde ese nefasto 1985, todos los presidentes que en España han sido jamás han abordado esta cuestión. Uno tras otro se han puesto de perfil. De tal suerte que hoy, más allá del “caso Bárcenas”, la “trama Gürtel” o la “trama Púnica”, la ausencia de separación entre poderes es lo que tiene a Mariano Rajoy bajo permanente sospecha de corrupción. Y cabe preguntarse cómo este gran patriota, que derrotó a la prima de riesgo y evitó el rescate total, se ha negado a subsanar un error tan flagrante y destructivo.

El beneficio de la verdad

Escribía Jean-François Revel en El conocimiento inútil que la democracia no puede vivir sin una cierta dosis de verdad. Que no puede sobrevivir si esa verdad queda por debajo de un umbral mínimo. Aserto que cabría trasladar a la propia sociedad, especialmente cuando ésta se encuentra ante un trascendental cruce de caminos. Deberíamos hacer caso al filósofo francés y exigir a los nuevos agentes políticos una inmaculada honestidad intelectual. Porque si bien no debemos consentir que una pandilla de profesores reduzcan la política a un mero ajuste de cuentas, tampoco debemos ver con buenos ojos que otros intenten congraciarse con el establishment, reverdeciendo, aun con matices, la vieja versión oficial.

Dividir a la opinión pública entre quienes revindican la Transición, apelando a sus destartaladas virtudes, y entre quienes usan sus gravísimos defectos como palanca para tomar al asalto el Poder es una forma perversa y terminal de bipartidismo

Cierto es que el modelo político español se diseñó en la oscuridad, en función de las circunstancias del momento, intentando conciliar intereses incompatibles y, algunos, inconfesables. Y también que muy pocos fueron los llamados a esa mesa. Pero no menos cierto es que, pese a todo, nos proporcionó un periodo de estabilidad y algún progreso material (hoy mutado en deudas). Ambas cosas son verdad. Por lo tanto, dividir a la opinión pública entre quienes revindican la Transición apelando a sus destartaladas virtudes, que algunas tuvo, y entre quienes usan sus gravísimos defectos como palanca para tomar al asalto el Poder, es una forma perversa y terminal de bipartidismo. Y mejor será para todos no caer en ese error.

El final de la Transición

Sea de grado o por fuerza, los españoles estamos abocados a asumir al final de un ciclo que, si bien nos proporcionó estabilidad, ha concluido (dados sus inexcusables fallos de diseño) con graves daños materiales y morales. Y lo podemos hacer de dos formas muy distintas. Una es desde la honestidad intelectual, paso a paso, con la cabeza fría y total normalidad. Y la otra, abundando en la versión oficial y contribuyendo a la polarización. Llegados a este punto, quizá sea momento de recordar la verdadera virtud de la Transición: el convencimiento general que existió en sus inicios de que el modelo político español podía y debía ser mejor, que España podía y debía subirse de nuevo al tren de la Historia. Todo lo demás es literatura.


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