Game Over

Ciudadanos, Podemos y la "coalición gobernante"

Hay una frase cuyo origen desconozco que dice que si quieres reducir a un hombre a la nada convéncele de la inutilidad de todo cuanto haga. Bien podría ser el lema surgido de cualquier régimen totalitario, con el fin de eliminar toda resistencia individual en favor del colectivismo absoluto, o de alguna secta en la que las propiedades de sus miembros, incluida la propia existencia, son puestas al servicio de la causa. Sea cual sea el origen de esta máxima, el caso es que parece constituir el ADN del régimen español.

Ya explicamos en estas mismas páginas las razones por las que España fracasa, adaptando para ello a la realidad española el “paper” The Natural State: The Political-Economy Of Non-Development que en su día elaboró Douglas C. North junto a John Joseph Wallis y Barry R. Weingast. Posteriormente, aquel documento dio lugar al libro titulado Violence and Social Orders (Cambridge University Press, 2012) que, a mi juicio, dejó en cuento para niños –dicho sea con todos los respetos– el tan celebrado Why Nations Fail, de Daron Acemoglu y James Robinson, cuyo mayor mérito, a lo que parece, ha sido popularizar la expresión “élites extractivas”. Expresión que, desde entonces, ha sido utilizada en favor de las más variadas causas.

Los agentes que constituyen la coalición gobernante son extraordinariamente cooperativos porque tienen poderosos incentivos para serlo: la entente cordiale les proporciona importantes beneficios

En aquel artículo hacíamos hincapié en la definición de “coalición gobernante”, concepto acuñado por North y que trasciende a los meros gobiernos o agrupaciones políticas. Así, en el modelo surgido de la Transición, por ejemplo, dicha coalición estaría integrada en “lo formal” por diferentes agentes, como la Corona, los dos grandes partidos, las coaliciones nacionalistas y los “agentes sociales” (sindicatos y patronal). Y en “lo informal”, por Juan Carlos I, las ejecutivas de los dos grandes partidos (en realidad sus dos jefes supremos), los clanes nacionalistas, las familias que controlan las gran banca y los grandes negocios y, a continuación, una serie de colectivos que, bien organizados, obtienen su porción de la tarta (los mass media, diversos gremios de la función pública, los sindicatos de partido y, en general, todos aquellos colectivos capaces de constituirse en grupos de presión).

Los agentes que constituyen la coalición gobernante son extraordinariamente cooperativos porque tienen poderosos incentivos para serlo: la entente cordiale les proporciona importantes beneficios. Pero su cooperación conlleva poner sistema institucional a los pies de organizaciones informales, comprometer gravemente el libre acceso a la creación de riqueza, es decir, al Mercado y, también, desvirtuar la representación política. Además, una vez la planificación económica y la redistribución de rentas queda en manos de instituciones que no son neutrales, la innovación, la eficiencia y la competitividad desaparecen. ¿Para qué destinar recursos a I+D+i, cambiar el modelo productivo o ser más eficientes si los beneficios están asegurados por el propio sistema institucional?

Cuando nos preguntamos cómo es posible que tras ocho años de una crisis extraordinariamente profunda poco o nada haya cambiado en la España política, la respuesta es sencilla: la coalición gobernante ha impedido cualquier modificación sustancial de las reglas del juego. Para corroborar este extremo baste constatar que desde 2007 hasta hoy tan solo ha habido un cambio digno de mención: el relevo de Juan Carlos I por Felipe VI. "Suceso” que para mayor abundamiento no ha modificado ni un ápice el statu quo vigente.

Todo lo explicado viene a colación de unas elecciones autonómicas y municipales que, a primera vista, anticipan la irrupción de nuevos agentes y el progresivo debilitamiento de los viejos, lo que está generando un gran alboroto. En efecto, los resultados que han arrojado las urnas en esta ocasión parecen confirmar la tendencia de un voto de castigo que dio el primer aviso serio en las elecciones al Parlamento Europeo. Sin embargo, la cuestión de verdad importante no es si los nuevos agentes políticos (Podemos y Ciudadanos) lograrán desplazar al Partido Popular y al Partido Socialista del poder. No, lo de verdad trascendente es si, en caso de que tal cosa suceda, removerán el actual modelo patrimonialista y darán paso a un sistema institucional neutral y eficiente que cumpla cabalmente su cometido, o si por el contrario participarán en un reequilibrio de fuerzas dentro del actual statu quo; es decir, si optarán a ser miembros de pleno derecho de la coalición gobernante.

Lamentablemente, hay muy pocos indicios en ambos partidos que apunten hacia un verdadero proceso de transformación democrática. Por el contrario, sí se aprecian demasiados guiños hacia un reordenamiento del viejo modelo, aunque con diferencias más o menos sustanciales entre ambos. Podemos plantea un proceso de “expropiación total” del poder económico en favor del Estado y las Administraciones Públicas, lo cual no supondría el fin del sistema patrimonialista sino justo lo contrario: la apoteosis del Estado como agente económico y planificador y, en consecuencia, el fortalecimiento del Sistema de Acceso Restringido en detrimento de la iniciativa privada. Además, las instituciones, lejos de ser neutrales, actuarán de catalizadores de políticas finalistas definidas en base a un sesgo ideológico insuperable.

En Ciudadanos parecen dedicar muchos esfuerzos a la definición de reformas de segunda ronda y muy pocos a definir la reformas del modelo institucional

En cuanto a Ciudadanos, parecen dedicar muchos esfuerzos a la definición de reformas de segunda ronda y muy pocos a definir la reformas del modelo institucional, lo que pone de manifiesto que no entienden o no quieren entender que sin un marco institucional regenerado y neutral toda política finalista está condenada al fracaso. En cierta forma es como si en Ciudadanos se postularan como milagrosos cirujanos capaces de insuflar nueva vida a un modelo político a punto de expirar.

Por último, tanto Ciudadanos como Podemos tienen un denominador común: primar las “políticas sociales”, la redistribución de la riqueza, las reformas tributarias y el uso y abuso de la planificación indicativa. Ambos ignoran, quizá deliberadamente, que la política social que España necesita es aquel conjunto de reformas que conviertan el actual modelo patrimonialista en otro neutral que garantice la igualdad ante la ley, el libre acceso a la creación de riqueza, así como la representación política. En definitiva, tanto Albert Rivera como Pablo Iglesias parecen bastante predispuestos a mantener muy viva la vieja tradición española de reducir a la nada a la sociedad civil. 


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