Europa, parque temático

La "pirindola" de Gallardón y las tasas judiciales

Como se define en Wikipedia, la "perinola", también llamada "pirindola", es un juego en el que un grupo de jugadores comienza con la misma cantidad de cierto bien contable, que pueden ser monedas del mismo valor, bayas o simplemente piedrecillas, y utiliza la perinola con el objeto de ver quién se queda con la mayor cantidad de aquél.

El juego comienza cuando el primer jugador hace girar la pirindola con la mano, que es una especie de peonza con seis caras planas, en cada una de las cuales hay escrita una leyenda: "pon 1", "pon 2", "toma 1", "toma 2", "toma todo" y, finalmente, "todos ponen". Cuando la pirindola deje de girar, el jugador en turno hará lo que dicte la leyenda de la cara que haya quedado boca arriba; ésta, generalmente, ordena al jugador que tome o que deje cierta cantidad de fichas de la pila inicial. En caso de que la cantidad a tomar sea todo, el montón se vuelve a formar como al inicio del juego.

"Todos ponen"

En nuestro país, y desde que comenzó la crisis, hay, metafóricamente hablando, un juego de la pirindola, en que el Gobierno siempre gana dejando sin fichas al pueblo llano y soberano, y dentro de él, fundamentalmente, a la clase media. Para el Gobierno siempre sale "toma todo". Se ha vivido por encima de nuestras posibilidades y era necesario tomar medidas y disminuir nuestro endeudamiento. ¿Pero siempre lo tienen que pagar los mismos? Así parece que lo entiende nuestro Gobierno y de nuevo vuelve a suceder con el tema de las tasas judiciales. El artículo 4.2C de la Ley de Tasas (Ley 10/2012, de 20 de noviembre) viene a decir que, desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de tasa la Administración General del Estado, la de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas. ¿Por qué este trato de favor a los entes públicos que los van a hacer proclives a ser demandantes y recurrentes, poco alineados con el bienestar social?

Pero no nos paremos aquí y profundicemos más en el fondo de la cuestión analizando cuál es su principal ventaja y cuál su peor inconveniente. Esencialmente - además de que la reforma se haya hecho sin consultar a ninguno de los agentes que intervienen en todos los ámbitos de la Administración de Justicia - se nos dice que para unos las tasas judiciales constituyen una restricción al acceso a la Justicia y para otros un alivio para el sistema judicial.

Inconveniente

Para quienes interpretan lo primero, la nueva Ley de Tasas quebranta el principio de la tutela judicial efectiva porque supone un obstáculo real cierto del acceso a la Justicia, y significa establecer una autopista de peaje en el uso de uno de los más importantes derechos fundamentales de los ciudadanos que además sólo favorece a los incumplidores de la ley, que son los que no van nunca voluntariamente a la Justicia. Cuando la Justicia no es accesible, se produce un preocupante déficit democrático. El artículo 117 de la Constitución Española expresa que: "El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan", lo cual comporta que los ciudadanos acudan a la Justicia no como un servicio público, sino como el único medio de solucionar sus conflictos. Las cantidades a pagar no son nada desdeñables y además se incrementan con la cuantía de la demanda. Quién la haya redactado debe pensar que como se "pide mucho" se puede "obtener mucho", lo cual no es así en un importante número de casos, bien por la especialidad del procedimiento, bien porque la insolvencia de la parte demandada puede llegar a impedir el normal funcionamiento de la Justicia.

Cierto que el derecho penal no entra en las tasas, (pero sí, como apuntan las estadísticas, casi las tres cuartas partes de los litigios que se dirimen en nuestro país los son de esa especialidad del Derecho, el fracaso recaudatorio puede ser importante) y que los beneficiarios de la justicia gratuita tampoco se ven afectados, pero de nuevo se vuelve a "sangrar" a la clase media que no es rica y supera, cada vez con menos margen, el umbral de la pobreza, pero que con el cambio operado en la Ley le va a resultar prácticamente imposible litigar en algunos asuntos. A ello hay que añadir que la Justicia tiene mil problemas más acuciantes e importantes que este (el de su coste) y, sin embargo, en esa necesaria dirección no se ha promovido reforma alguna.

En palabras de Carlos Carnicer, se impide, de facto y por motivos económicos, el acceso de muchos ciudadanos a la Justicia, que, en su opinión, "es el umbral para poder ejercer todos los derechos recogidos en la Constitución Española"...

Ventaja

Para quienes interpretan que las nuevas tasas constituirán un alivio para el sistema judicial, habría que contraponer que una justicia lenta no es verdadera Justicia. Ajustar a parámetros adecuados la presión de trabajo sobre el sistema judicial era, y es, una necesidad imperiosa, ¿y ello por qué? Hay varias causas, pero la más utilizada para justificarlo es el tópico de que "litigar es barato". Los propios abogados bajan tanto sus honorarios que se llega al sistema del "sucess fees", perjudicando fundamentalmente a los despachos pequeños.

Si acudimos a los indicadores clave del conjunto de las jurisdicciones nacionales, el número de asuntos ingresados por magistrado/juez en el tercer trimestre del 2012 ha sido de 406, y la tasa de litigiosidad, de 44 asuntos por cada 1.000 habitantes. A todo ello hay que añadir que estamos por debajo de la media europea de jueces por cada 100.000 habitantes, tenemos 10,3 jueces frente a los 15,2 de Holanda o los 24,3 de Alemania. Por lo tanto, se piensa que era necesaria una barrera a la litigiosidad, pero no es menos cierto que se tenía que haber hecho más uso por parte de los jueces del art. 247,3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé la imposición de multas a los litigantes que conculquen la buena fe procesal, así como del art.456 del Código Penal relativo al tema de las acusaciones y denuncias falsas.

Conclusión

En definitiva, en el equilibrio de las dos premisas contrapuestas (restricción de acceso a la Justicia y alivio para el sistema judicial) es donde debía haber radicado la reforma pretendida con la Ley de Tasas. Por ello será precisamente la cuantía de las tasas la que determinará si ha habido más restricción ó más alivio. La cuantía de las tasas y subsidios tendrían que ajustarse al valor social de la demanda o el recurso, y en esta materia la nueva ley es insuficiente. Como siempre, en el término medio esta la virtud, y no, una vez más, (sospechosamente parece que la peonza en cuestión sólo tiene una cara), en el "todos ponen" de la inocente "pirindola" del ministro Gallardón(que no es otra que la sociedad civil, el pueblo llano y soberano y la clase media).

El pretendido objetivo de evitar una litigiosidad artificiosa puede tornarse en un ataque injustificable a los principios de igualdad y tutela judicial efectiva consagrados en la Constitución del '78 y limitar el acceso a la misma engendrando con ello una Justicia discriminatoria entre ricos y pobres.

La Justicia es un poder del Estado, como el Legislativo, y su funcionamiento responde a principios diferentes de los servicios públicos y lo mismo que a nadie se le pasaría por la cabeza que las Cortes pretendieran imponer el pago de costes a los colectivos a los que se dirige tal o cual disposición normativa, tampoco es comprensible que el funcionamiento en primera instancia de ese otro poder del Estado reclame una compensación por parte del destinatario.

Termino como siempre alentando a que luchemos todos contra la Corrupción. Como ha dicho Juan Manuel Santos, Presidente de la República de Colombia: “la lucha contra la corrupción tiene que ser la bandera de una nación unida en la convicción de que su futuro sólo se construye sobre bases de honestidad e integridad".


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