Europa, parque temático

El desmantelamiento de la educación: presagio de un futuro peor

El artículo 27 de la Constitución Española de 1978 reconoce el derecho a la educación y la obligación de los poderes públicos de garantizarla, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. En definitiva confiere a la educación el rango de derecho fundamental. Pues bien este reconocido derecho ha venido siendo “vapuleado” durante los casi cuatro decenios transcurridos desde la promulgación de nuestra Carta Magna. No solo no se ha respetado sino que ha sido utilizado como arma arrojadiza de naturaleza ideológica entre los diferentes partidos que se han ido sucediendo en la gobernación del Estado e, incluso, de las diferentes comunidades autónomas, desde la transferencia de dicha competencia.

Yendo más allá en el tiempo, si repasamos la historia de los dos últimos siglos de la vida española, comprobamos como a lo largo de ese tiempo, han sido innumerables las voces que se han levantado reclamando “educar al pueblo”. Son muchos los que han denunciado que los “problemas de España” solo se solucionarían con la educación de las gentes. Y ahora, cuando llevamos más de treinta años de convivencia social y política, democrática y sosegada, equiparable a la de cualquier país de nuestro entorno, resulta que, en comparación con estos, volvemos a suspender, y con muy mala nota, en “cultura y educación”. De acuerdo con los resultados del Informe Pisa, España se sitúa por debajo de la media de los países de la OCDE en los tres parámetros de evaluación recurrente: comprensión lectora, competencia matemática y competencia científica. Uno de cada tres jóvenes españoles de entre 15 y 24 años dejaron sus estudios antes de acabar la enseñanza secundaria, frente a la media europea, que habla de uno de cada cinco. Todo ello abunda en uno de los dramas más preocupantes con los que se encuentra nuestro país en el momento actual, y es que dicha realidad conduce a que tengamos 1,9 millones de personas, que ni estudian ni trabajan, los llamados “nini”, que no dejan de representar, la encarnación de un cúmulo de defectos en el sistema educativo, primero, y productivo después.

Educar es invertir en futuro

Gastar en educación es invertir en futuro. Como manifestaba el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría en la presentación del Informe “Panorama de la educación 2012”, “Los países necesitan una sociedad cada vez más formada para salir adelante en la economía del conocimiento. Invertir desde edades tempranas es crucial para poner las bases de un éxito posterior. Una educación y formación de gran calidad tiene que estar entre las prioridades de los Gobiernos”.

Nos resistimos a entender que la educación de la sociedad es fundamental para poder resolver los problemas que preocupan al individuo. Cuestiones como el trabajo, el terrorismo, la inmigración, la seguridad, la vivienda, etc., que aparecen en los primeros puestos de nuestras preocupaciones individuales, solo tienen solución real en una sociedad bien formada y educada. Porque educar significa promover valores, es decir, desarrollar la capacidad de cada uno para poder apreciar lo que es bueno o malo, y obrar en consecuencia. Una sociedad indiferente a la educación y a la cultura, es una sociedad enferma que tiende al egoísmo individual, a mirarse a sí mismo, a que no nos importe lo que ocurra mientras no nos afecte directamente a nosotros. El Estado del Bienestar ha de cimentarse sobre la mejor base del sistema educativo de cada sociedad, persiguiendo paliar y erradicar las desigualdades materiales y favoreciendo el equilibrio de oportunidades y la plena integración de hombres y mujeres, por igual, al mercado laboral. Pero no nos engañemos, si el gran logro de la democracia ha sido propiciar que todos puedan estudiar, su gran fracaso ha sido diluir y rebajar, hasta límites inconcebibles, el nivel de exigencia. Se estudia para tener un empleo, porque así es más fácil ganar dinero, y no para ser una persona culta y con opinión crítica. Y la realidad de hoy es que casi un 25 por cien de nuestros jóvenes ni estudian, ni trabajan.

Estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. No podemos olvidar que es la educación la que contribuye al crecimiento económico y el desarrollo social de una sociedad, la que posibilita la integración y el cambio social, la que favorece la aparición de ciudadanos críticos para un desarrollo más justo y sostenible. Vivir alejados de ese principio esencial justifica que nuestra clase política, nuestros dirigentes, desde el concejal más humilde hasta el más alto cargo, sean, en general y con las excepciones de siempre, de una mediocridad cultural que estremece. Los políticos de hoy, “los profesionales de la política”, podrán tener más títulos académicos, pero también mucha menor sensibilidad cultural en comparación con la clase política de los años 70 y 80, su nivel es como “para echarse a llorar”.

Desmantelamiento de un servicio público fundamental

La crisis económica está provocando el desmantelamiento de los servicios públicos fundamentales, de los que la educación es uno de los más importantes. La situación actual de la educación tiene aspectos positivos como la universalidad, la gratuidad, la integración de inmigrantes y discapacitados, pero tiene también aspectos negativos importantes como el bajo nivel de exigencia, el altísimo fracaso escolar, la poca preparación para el acceso laboral, y la mala situación en rankings internacionales.

Los diferentes gobiernos de la democracia se han preocupado más por dejar su impronta en las continuadas reformas educativas, todas ellas llevadas a cabo sin consenso alguno entre los dos grandes partidos, centrándose en los aspectos positivos mencionados, pero no atendiendo las necesidades planteadas por los negativos. Por ello es necesaria una reforma en profundidad de la educación en España. Se requiere, y es imprescindible, un Pacto de Estado por la educación, como se ha llevado a cabo con éxito en otros países de nuestro entorno. La educación debe quedar fuera de la lucha de partidos.

Parece que la sociedad española está de acuerdo en la necesidad de abordar una reforma del sistema educativo y seguramente la mayoría de los ciudadanos corroboran la importancia de un Pacto de Estado, sin embargo, en este último año, as reformas van por otro camino. Si se analiza el conjunto de las medidas adoptadas, la impresión que ofrece es la del claro desmantelamiento de la educación pública.

Reformas inadecuadas

Si lo que necesita nuestro sistema educativo es mejorar, no se comprende en qué medida pueden contribuir a esa finalidad las siguientes reformas introducidas en el último año en la enseñanza primaria y secundaria:

- Una reducción de la financiación, de las becas y de los profesores.- La supresión de clases y profesores de apoyo que permitan la integración de inmigrantes y discapacitados.- El aumento de los alumnos por aula.- El fomento de la educación privada, frente a la educación pública, incluso con segregación por sexos de los alumnos.- La supresión de la cultura clásica en las escuelas.- La obligación de elegir especialidad a los niños de 14 años.

Lo mismo acontece en la enseñanza universitaria cuyo análisis no cambia sustancialmente esa impresión. Aunque en algunos aspectos las competencias son de las CCAA, lo cierto es que las medidas introducidas por el Gobierno, tanto el central como los autonómicos, muestran a las claras que se está abandonando a su suerte a las universidades públicas. Estas son las medidas adoptadas:

- La reducción de becas universitarias; no está mal exigir resultados académicos para dar becas, pero manteniendo la inversión global.- La subida sin precedentes de las tasas universitarias que en algunas CCAA superan el 64%; puede comprenderse encarecer las segundas y posteriores matrículas de las asignaturas porque no puede subvencionarse de igual manera al mal estudiante y al bueno, pero es un disparate subir la primera matrícula, porque se está penalizando a todos, a los buenos y a los malos estudiantes. Sé puede acabar excluyendo de los estudios a excelentes alumnos que no tengan recursos para atender la matrícula.- La reducción de la financiación de las universidades. Se implanta el Plan Bolonia sin dinero; un modelo educativo que cuesta mucho, y se reduce la financiación entre un 25 y un 50%.- La paralización de la carrera de los profesores universitarios. Se impide la convocatoria de plazas para los acreditados a Titulares y Catedráticos, cuando su coste es irrelevante -no cuesta nada un Titular- y solo alrededor de 300 € mensuales un catedrático.- La desincentivación del trabajo de los universitarios ante la falta de perspectivas provocando el abandono de la carrera universitaria ante la falta de expectativas ciertas de trabajo. Parece olvidarse que la formación de personal docente e investigador supone una inversión de más de 10 años.- La reducción extraordinaria del presupuesto de I+D. En España la mayoría de la investigación se financia con fondos públicos y en gran parte a través de proyectos liderados o desarrollados en la Universidad. Ya la UE ha advertido del error que supone reducir la financiación de la investigación y la eventual desaparición de un buen número de Institutos y organismos dedicados a la investigación. Si esa es una de las razones por la que nuestro sistema universitario y nuestra economía son poco competitivos, las medidas adoptadas empeoraran la situación.- La posibilidad de aplicar el ERE en las Universidades. Si salen con ello los profesores en formación, la universidad española quedará sin poder recuperar su futuro y renovación al menos una década.

En definitiva, las medidas propuestas lejos de servir para mejorar el sistema educativo, lo empeoran, rebajan su calidad y pueden producir la exclusión de un amplio sector de la población por razones puramente económicas.

Reiterándome en mi deseo de siempre, luchemos todos contra la corrupción. Como dijo el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki Moon “la corrupción no es una vasta fuerza impersonal, sino que es el resultado de decisiones personales, casi siempre motivadas por la codicia”, instando a todos a comprometerse a “nunca ofrecer ni aceptar sobornos. Si seguimos ese lema, el mundo sera un lugar más honrado y aumentaran las oportunidades de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.”


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