Europa, parque temático

El derecho a la libertad

Somos muchos los que creemos que la vida pública se debe regir, por encima de todo, por las leyes, y, además, irrenunciablemente, por normas éticas y morales de comportamiento que permitan la separación clara de la actividad pública y los comportamientos privados de quienes la ejercen. Entiendo que ello ha de constituirse en un principio incuestionable, toda vez que en esto, y en casi nada en la vida, no es fácil aceptar que las actitudes del hombre puedan ser radicalmente distintas cuando las desarrollamos en la esfera de la gestión privada y cuando lo hacemos desde la perspectiva de la administración de lo público.

Pero ocurre que, en nuestra sociedad, hemos asumido e interiorizado tanto nuestro derecho a la libertad, que lo hemos convertido en un concepto individualista, patrimonialista incluso, y aislado de la comunidad en la que vivimos. Una especie de derecho a decidir por encima de cualquier otra consideración moral. Un retroceso a la idea desmedida de libertad como era concebida por muchos autores del siglo XIX. Un concepto absoluto por encima de cualquier límite. Una manera acomodaticia de ejercerla y, en consecuencia, exclusivamente egoísta por cuanto cada uno recurrimos a ella para justificar nuestros comportamientos y el beneficio propio. Retorcemos nuestros principios para encontrar justificaciones de lo que hacemos o pretendemos. Del mismo modo que cuando desescamamos una alcachofa y la dejamos sólo con su corazón más sabroso, a la libertad la despojamos de todas sus obligaciones y deberes, de los límites que la consagran, de todo aquello que no nos interesa, y nos quedamos sólo con lo que nos favorece. Apelamos al derecho íntimo a la libertad cuando pensamos que es útil para nuestros objetivos. Es el conocido y perverso relativismo: todo está bien si nos sirve. Nos convencemos a nosotros mismos, y adormecemos nuestra conciencia, para, en uso, decimos, de una libertad individual, buscar el beneficio propio, es decir, aspirar a conseguir y obtener las posiciones de poder que creemos merecer. Porque, y esa es la otra importante cuestión, nos hemos autoconvencido de que nos corresponde más de lo que tenemos, casi siempre pensamos que estamos infravalorados o mal retribuidos con arreglo al papel que jugamos en el pequeño mundo de nuestras particulares verdades.

Retorcemos nuestros principios para encontrar justificaciones de lo que hacemos o pretendemos

Y es aquí, cuando hablamos de lo que creemos merecer, del poder que no nos es reconocido, donde surge la gran confusión. En nuestro mundo cotidiano, el poder, las posiciones de poder, las identificamos, generalmente, al dinero. Por un lado, nos encontramos que todo cargo público va asociado, invariablemente, a un presupuesto, a un dinero que gestionar, y que es lo que le otorga ese status de poder. Y eso está bien, y debe ser así, por cuanto acceder a un cargo público supone vocación, honestidad, formación y esfuerzo, para merecer la confianza de los ciudadanos. Pero, por otro lado, el relativismo en el que nos movemos, nos lleva a admirar a aquellos que, sin ninguna de esas cualidades, esgrimiendo únicamente su posición, su vida privada, los que convierten en méritos las transgresiones y carencias de escrúpulos, los utilizan para conseguir ese poder, ese poder que da el dinero. Y así se llega al momento que, a ojos de muchos, poco exigentes consigo mismos, ya da igual una cosa que otra. Es cuando nos olvidamos de la libertad moral, de la importancia del ejercicio de la misma desde la liberación de las ataduras egoístas que nos impiden el autocontrol y los límites de nuestra libertad. Aquellos que nos indican que la libertad es un bien común que exige, en su ejercicio, el reconocimiento y respeto a la de los demás.

Es cierto que, afortunadamente, hay personas y entidades, a las que reconocemos tener poder de influencia: por su discurso, por sus actos, y por su ejemplo de comportamiento ético y moral. Pero son pocos y no son noticia. Sabemos que están, los observamos con cierta distancia y benevolencia, y eso nos parece suficiente para tranquilizar nuestra conciencia. Sin embargo, a diario, los sucesos que más se destacan en los medios de comunicación son aquellos que se refieren a los excesos cometidos por quienes en un ejercicio abusivo del derecho a “su” libertad, quebrantan las normas éticas de comportamiento violentando la ley. Es cierto, y estoy absolutamente de acuerdo, que en una democracia se deben denunciar todos los abusos de poder, sean de quien sean, y como sea que se produzcan. Pero estas denuncias deben ser lo suficientemente críticas y bien fundamentadas, como para que todos tengamos claro el porqué, y por quién se producen. Decía, cínicamente, F. Nietzsche, el filósofo que destacó a la “búsqueda del poder” como el principal estímulo para la acción del hombre, que “es más convincente una sospecha que un argumento”.

En ningún caso quisiera generalizar, pero muchos, demasiados, medios de comunicación de todo tipo, haciendo un uso particular de su libertad de expresión, y amparándose en el secreto de su “fuentes”, no tienen reparo alguno en contribuir a dar crédito a meras sospechas, otorgando el mismo tratamiento a las dudas que a las certezas, y, además, irresponsablemente y sin pensar, elevando a la categoría de personaje a quienes sólo mercadean su falta de principios y amoralidad. Y entonces, mezclándolo todo, envolviéndolo en una espesa niebla, sin analizar el porqué de la posición de cada uno, el ciudadano concluye que todos los que tienen poder son iguales.

No cabe duda que una sociedad mejor, ética y moralmente comprometida, debe ser una sociedad libre. Pero la libertad debe servir para profundizar sobre los valores y principios que deben prevalecer en esa propia sociedad, y en ningún caso para propiciar que desviaciones interesadas de esos principios acaben produciendo un beneficio particular para quienes los violentan.


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