Europa, parque temático

No se dejen engañar: la propuesta de Mas es menos

Ya Francisco de Vitoria en las postrimerías del primer cuarto del Siglo XVI- en su “Relectio De Potestate Civili”- sostenía que el orden natural se basa en la libertad de circulación de personas, bienes e ideas. Fue pionero en proponer la idea de una comunidad de todos los pueblos fundada en el derecho natural y el bien común. Por desgracia, en nuestro país, y en este momento, no sólo estamos muy distantes de aquéllos ideales sino, más bien, nos alejamos frívolamente de ellos conduciéndonos irresponsablemente por la senda de la fragmentación. La huída hacia delante de Convergencia y Unión, guiada por el planteamiento de su líder, Artur Mas, genera muy importantes preocupaciones dentro y fuera de España. Lejos de aprender de errores pasados - recordemos la efímera aventura de similar objetivo del olvidado Ibarretxe - el nacionalismo catalán, al igual que el resto de los nacionalismos caducos y trasnochados, renuncian a ser elementos movilizadores de la voluntad de sus ciudadanos, para la mejora de sus condiciones de vida, convirtiéndose en instrumentos para la confrontación y la fractura social y, en no pocas ocasiones, en cortinas de humo para ocultar los problemas internos y las incapacidades manifiestas de sus líderes. Cataluña, tradicionalmente un crisol modélico de convivencia entre catalanes de origen y catalanes procedentes de todos los lugares del resto de España, corre el riesgo, de manera innecesaria y totalmente gratuita, de añadir un grave y extemporáneo conflicto a la ya problemática situación de crisis económica que atravesamos todos y, muy particularmente, esa Comunidad Autónoma.

El “seny” catalan

Apelar al victimismo, acusando al resto de España de los problemas propios, crea el caldo de cultivo, tan idóneo como injusto, para la manipulación de los sentimientos nacionalistas que, desbordados como un “tsunami”, puede acabar arrollando a los propios promotores de este movimiento, llevándose por delante a CiU, quién, hasta ahora, capitaneaba el reconocido “seny” catalán.

Transcurrida ya más de una década del Siglo XXI, y mientras Europa debate la consolidación, “de facto”, de un Estado Federal Europeo con una unión bancaria, fiscal y política, en un momento de profunda crisis económica que está afectando de manera brutal a las familias y a las empresas, no parece razonable, ni racional, plantear la independencia de Cataluña, apoyándolo en el falsario mensaje de que todos los males que padece el pueblo catalán proceden del resto de los pueblos de España y que con la separación y fragmentación el pueblo catalán superará sus problemas y vivirá mucho mejor. Tal pretensión ni es buena para Cataluña, ni es deseable para España y tampoco lo es para la Europa en consolidación. Ello es así desde cualquier perspectiva que se analice, y desde luego, y por supuesto, desde el punto de vista económico. Por ello, el pueblo catalán debería exigir a sus gobernantes que le explicaran, y justificaran, si con la independencia van a tener mejores condiciones de vida, menos paro, más bienestar social y, sobre todo, si los estados miembros de la UE les va a admitir en su seno. Que les expliquen cómo van a asumir la cuantiosa deuda actual propia, más la que deberán hacer suya, del conjunto del Estado, en una eventual separación del mismo. Que les detallen quién, cómo y a que coste va a financiar su desvarío independentista. Que les digan si es cierto que las muy importantes empresas catalanas, probablemente, se vean obligadas a trasladarse al Estado del que el Sr. Mas propone separarse. La clase empresarial catalana ha de poner mesura en este conflicto creado por “sus políticos”, a los que, a veces, cortejan y dan alas para que luego “lancen” propuestas como la de la independencia. No deberían callar. Comienzan a oírse voces de importantes empresarios catalanes advirtiendo de lo que la aventura secesionista podría representar para sus empresas y para la propia Cataluña. En estos días José Manuel Lara apuntaba que ,en el hipotético caso de producirse la independencia, sus empresas saldrían de Cataluña.

Mucho me temo que los presuntos beneficiarios de este nuevo “disparate nacional” serían, otra vez, y siempre es lo mismo, los mediocres políticos que lo único que quieren es más poder, importándoles muy poco el bien común.

Dicho lo cual es “conditio sine qua non”, para que nuestro país pueda cumplir el objetivo del déficit, la disminución de las estructuras del Estado (ya sea reduciendo las competencias de las Autonomías existentes, ya sea manteniendo sólo las históricas - con aquellos servicios que puedan prestar de manera más eficiente al ciudadano - o ya sea, siempre dentro del orden constitucional, avanzando hacia la concepción de un estado federal) y, en todo caso, la revisión a fondo del modelo de financiación autonómica. El modelo no funciona bien para nadie, y la propia Vicepresidenta del Gobierno ha puesto de manifiesto que es mejorable. En eso coincidiremos todos pero también habríamos de hacerlo a la hora de convenir que en tiempos de crisis como la actual resulta de todo punto desaconsejable abordar una nueva reforma, en profundidad, del modelo de financiación de las autonomías.

Las balanzas fiscales

El nuevo “totem” de moda, “las balanzas fiscales” no son otra cosa que voluntaristas estimaciones basadas en un sinfín de supuestos de dudoso rigor y validez. Son sólo estudios y aproximaciones que no pueden utilizarse como estadísticas, ni como elementos para la negociación sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. Las balanzas fiscales arrojan cifras y conclusiones para todos los argumentos: tanto para quienes urgen el concierto económico como para quienes consideran que los catalanes no tienen motivos para sentirse agraviados. Caemos fácilmente en la irresponsabilidad de hablar de los perjuicios fiscales de Cataluña sin querer entender que son los ciudadanos los que pagan y soportan la fiscalidad, no los territorios o las Comunidades Autónomas. Pero, además, la presión fiscal es igual de progresiva en una u otra región, obviamente, en aquellos lugares donde la riqueza sea mayor, la tributación de las personas físicas y jurídicas (los verdaderos sujetos pasivos, no los territorios) será consecuentemente también más alta. Es la esencia de un sistema fiscal progresivo orientado a la redistribución de la riqueza. Los habitantes del barrio de Salamanca en Madrid, o los de cualquier otro barrio de cualquier ciudad de España, podrían tener la misma tentación que el señor Mas y decir que los barrios marginales “les roban”. El principio de igualdad plasmado en nuestra Constitución exige que los ciudadanos de mayor renta paguen más impuestos, proporcionalmente, para contribuir a financiar el acceso de todos a la sanidad, a la educación y a otros servicios básicos en condiciones similares.

A mí no me atemorizan los debates y discusiones. Me da “miedo” el pensamiento “único” y “acrítico”; el bajo nivel educativo y la formación, pretendidamente neutra, pero carente de principios éticos y morales; la violencia; el que se confundan derechos con igualdades imposibles, o la libertad con la falta de respeto a los demás; la carencia de criterio, o la adaptación de estos a lo que quieren oír los poderosos; el progresismo ingenuo de algunos políticos del gobierno…, me da miedo, en fin, que la sociedad no crea en nada y que todos nos acostumbremos a ello.

La reforma de la Constitucion

El Título VIII de la Constitución Española se “consensuó” partiendo de la existencia de un Estado centralista, fuerte, que cediera a las “nacionalidades y regiones” - y esa distinción, por sí sola, ya era un monumento a la ambigüedad al pretender, con ese lenguaje, homologar y diferenciar al mismo tiempo las distintas partes de España - una serie de competencias y poderes, distintos a unas de otras, que les permitiera hacer una política autonómica en algunos campos y de acuerdo con los distintos Estatutos. La filosofía del Título VIII se basaba en la pregunta ¿Qué poderes puede consentir el Estado Central que se cedan a las distintas “nacionalidades y regiones” sin poner en peligro su unidad?

A mi modo de ver, ha llegado el momento de repensar seriamente, y reformar en consecuencia, el Título VIII, pero invirtiendo la pregunta que nos hicimos en el 78. Ahora deberíamos plantearnos ¿Qué competencias debe conservar, debe ejercer, y cómo, el Estado Central para que el ciudadano reciba de las Administraciones Públicas, de la manera más eficiente, los servicios básicos que aquellas han de prestarles, para que logrado ello nadie cuestione la unidad de España? Termino como siempre animándoles a que “luchemos todos contra la corrupción.”

Como dijo Jean Le Rond D´Alembert "La guerra es el arte de destruir hombres, la política es el arte de engañarlos." No nos dejemos engañar.


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